Greenpeace ha iniciado una campaña en 17 ciudades de España para etiquetar productos en supermercados como Mercadona, Carrefour y Lidl, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad urgente de transformar el insostenible sistema alimentario actual. Los voluntarios están utilizando etiquetas con códigos QR que dirigen a un informe titulado "Revolución Alimentaria", donde se proponen cambios significativos hacia un modelo alimentario sostenible. El informe destaca los graves impactos ambientales y sociales si no se actúa, así como los beneficios potenciales de adoptar prácticas más sostenibles. Greenpeace hace un llamado a la ciudadanía para que modifique sus hábitos de consumo y apoye esta transformación hacia un sistema alimentario justo y saludable.
La reducción del desperdicio alimentario es crucial para combatir el derroche de recursos como agua, energía y trabajo humano, así como la contaminación de ecosistemas. Actualmente, se desperdicia un cuarto de los alimentos producidos para consumo humano, lo que equivale a 33 kg por persona al año, siendo los hogares los principales responsables. En España, más de 20 millones de toneladas de alimentos se pierden anualmente, generando un impacto significativo en las emisiones de CO2. Para 2030, se prevé que estas emisiones aumenten si no se implementan medidas efectivas. Adoptar un modelo alimentario sostenible podría reducir el desperdicio en un 50% y las emisiones per cápita asociadas en un 96%. Es esencial actuar ahora para lograr un futuro sin desperdicios y mitigar el cambio climático.
El nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial revela que los últimos diez años han sido los más cálidos registrados, destacando que 2024 fue el año más caliente y 2025 podría superarlo. Greenpeace advierte que el calentamiento climático se acelera, señalando que España debe aumentar su ambición climática y redirigir las subvenciones a combustibles fósiles hacia una transición ecológica justa. La organización insta a implementar nuevos impuestos a la industria fósil para enfrentar los costos de la crisis climática y propone adaptar entornos urbanos con soluciones basadas en la naturaleza para proteger a las poblaciones vulnerables.
La noticia "El Big Bang Theory de una cuchara de plástico" de Greenpeace España explora el impacto ambiental del uso del plástico, comenzando desde la creación de la Tierra hace 4.500 millones de años hasta la fabricación y distribución de una simple cuchara de plástico. El artículo destaca cómo la industria fósil, responsable del cambio climático, obtiene enormes beneficios mientras contamina el planeta. Greenpeace aboga por impuestos a estas industrias para financiar la lucha contra el cambio climático y propone un enfoque en energías renovables y sostenibilidad. La reflexión final invita a reconsiderar el uso de utensilios desechables en favor de opciones más ecológicas.
Activistas de Greenpeace han "precintado" simbólicamente cajeros del banco Santander en 17 ciudades de España para denunciar su contribución a la destrucción de la Amazonía. La protesta, que incluye cintas y pegatinas con mensajes como "Santander mata la Amazonía", busca alertar sobre las inversiones del banco en JBS, la mayor empresa cárnica mundial, vinculada a la deforestación. Greenpeace exige que el Santander deje de financiar prácticas que amenazan el ecosistema amazónico y destaca la necesidad urgente de detener la degradación ambiental para combatir el cambio climático.
El análisis de Greenpeace, titulado "48 horas después del apagón, ¿dónde está el debate?", aborda las incertidumbres que persisten tras la reciente caída del sistema energético. José Luis García, responsable del Área de Clima y Energía de la organización, destaca la necesidad urgente de discutir sobre energías renovables, energía nuclear y gas. Se argumenta que un sistema 100% renovable es esencial para garantizar una energía segura y sostenible, mientras que la energía nuclear ha demostrado ser incapaz de prevenir apagones. Además, se critica la dependencia del gas y se aboga por un debate público más amplio sobre el futuro del sistema energético en España. La crisis energética resalta la importancia de tener servicios eléctricos accesibles y limpios para todos.
Greenpeace ha publicado un informe titulado "Oro tóxico", que revela la devastadora realidad de la minería ilegal de oro en la Amazonía, donde se han destruido más de 4.000 hectáreas en los últimos dos años. A pesar de los esfuerzos del gobierno brasileño para combatir esta actividad, el informe indica que la minería ilegal sigue expandiéndose, afectando especialmente a los territorios indígenas Yanomami, Munduruku, Kayapó y Sararé. La investigación destaca un aumento del 93% en las actividades mineras ilegales en Sararé y señala discrepancias alarmantes en los datos sobre el comercio de oro entre Brasil y Suiza. Greenpeace advierte sobre el impacto ambiental y social de esta práctica, que amenaza la biodiversidad y las comunidades indígenas. La reciente decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil para exigir verificación del origen del oro es un paso positivo, pero se requieren medidas adicionales para asegurar una protección efectiva a largo plazo.
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Greenpeace ha presentado un informe que propone un modelo para la transición alimentaria en España, destacando su urgencia y posibilidad. Este modelo busca transformar el sistema alimentario actual, que es insostenible y perjudicial para el medio ambiente, la salud y el empleo. Se prevé que, con la implementación de este modelo sostenible, se lograría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 116% para 2050, además de aumentar el empleo en el sector agrícola en un 35%. El informe aboga por una producción agroecológica, un mayor consumo de legumbres, una reducción drástica de la ganadería intensiva y una pesca sostenible. Greenpeace enfatiza la necesidad de políticas públicas que apoyen esta transición hacia un sistema alimentario más saludable y respetuoso con el medio ambiente.
Greenpeace ha expresado su firme rechazo a la autorización para la reapertura de la mina Los Frailes en Aznalcóllar, que permitirá el vertido de 85.5 hectómetros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados durante más de 18 años. Este vertido representa una grave amenaza para el estuario del Guadalquivir y los ecosistemas circundantes, incluyendo el Parque Nacional de Doñana. La organización advierte que este proyecto incumple requisitos esenciales para proteger el corredor ecológico del Guadiamar y podría agravar la contaminación existente en el estuario, ya afectado por vertidos anteriores. Greenpeace insiste en que se debe priorizar la recuperación ecológica del área en lugar de permitir nuevas amenazas a un ecosistema ya vulnerable.
Greenpeace ha exigido el cierre inmediato de la macrogranja avícola de Llucmajor en Mallorca, tras conocer las condiciones inhumanas en las que viven los animales y la insalubridad de los alimentos producidos. La organización denuncia que esta explotación opera sin la Autorización Ambiental Integrada, incumpliendo normativas y poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente. Además, se investiga un posible fraude relacionado con la cría de gallinas camperas. Greenpeace insta a las autoridades a realizar inspecciones urgentes en todas las macrogranjas del país para detener este modelo de ganadería industrial insostenible.
Un tribunal supranacional europeo ha dictaminado que los Estados deben contabilizar el impacto climático del petróleo y el gas antes de aprobar permisos, marcando un hito en la legislación ambiental. Esta decisión se deriva de un caso presentado por Greenpeace y Natur og Ungdom contra Noruega, donde se concluyó que las evaluaciones climáticas deben incluir las emisiones generadas durante la combustión de estos combustibles fósiles. La sentencia podría establecer un precedente para evaluaciones más rigurosas en toda Europa y resaltar la responsabilidad de los gobiernos en la lucha contra el cambio climático.
Greenpeace ha exigido un mayor compromiso político hacia una transición ecológica justa en respuesta a los aranceles impuestos por el presidente Trump. En vísperas de la votación del Real Decreto-ley 4/2025, la organización subraya la necesidad de priorizar ayudas para pymes y pequeños productores, evitando que grandes empresas reciban subsidios sin condiciones ambientales. Además, Greenpeace critica las políticas comerciales que amenazan la Amazonía y defiende una economía más sostenible alineada con los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda 2030. La organización también aboga por un sistema eléctrico renovable para combatir el cambio climático y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Greenpeace ha alertado que el Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, no ha cumplido con una sentencia que obliga a declarar como no urbanizables los terrenos donde se encuentra el hotel de El Algarrobico. A pesar de que se han enviado documentos técnicos para corregir un error en el plan general de ordenación urbana, esto no implica una modificación efectiva del PGOU. Greenpeace ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que imponga multas al alcalde hasta que se cumpla la sentencia, evidenciando así los intentos dilatorios del ayuntamiento. La organización ecologista insta a la Junta de Andalucía a considerar la expropiación forzosa para acelerar el proceso.
Greenpeace se une a las movilizaciones por el derecho a una vivienda digna en España, destacando la conexión entre justicia social y ambiental. La organización enfatiza que la crisis de la vivienda está ligada a problemas de pobreza energética y cambio climático, ya que muchas viviendas son ineficientes y dependen de combustibles fósiles. Greenpeace aboga por políticas que prioricen la rehabilitación de edificios hacia cero emisiones y el acceso a viviendas adecuadas para todos. Este 5 de abril, Greenpeace participará en las manifestaciones con el lema "Casas para vivir, un planeta que habitar". Para más información, visita su sitio web.
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