Greenpeace ha criticado la nueva propuesta de la Comisión Europea para reducir las emisiones contaminantes hacia 2040, argumentando que se queda corta ante la emergencia climática. Aunque se plantea una reducción del 90% de las emisiones netas de carbono, la organización sostiene que esto no cumple con las recomendaciones científicas y permite compensaciones que evitan recortes efectivos dentro de la UE. Greenpeace advierte que esta estrategia podría retrasar el abandono de los combustibles fósiles y subraya la necesidad de un compromiso más ambicioso para alcanzar emisiones netas cero en 2040. La organización también destaca que algunas medidas propuestas podrían reforzar la acción climática, pero deben ser protegidas de intereses industriales que buscan frenar el progreso ambiental.
Greenpeace ha solicitado que se prioricen alimentos sanos y sostenibles en hospitales y residencias, coincidiendo con el cierre del plazo para aportar comentarios al borrador de un nuevo Real Decreto sobre alimentación en estos centros. La organización destaca que el Estado español destina entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales a compras alimentarias, lo que representa una oportunidad para transformar el sistema alimentario hacia opciones más saludables y ecológicas. Greenpeace propone que la normativa incluya criterios obligatorios de responsabilidad social y medioambiental, así como la reducción del consumo de productos procesados y la promoción de frutas y verduras ecológicas. La transición hacia un modelo alimentario sostenible es urgente, especialmente en el contexto actual de emergencia ambiental.
Greenpeace ha presentado un informe que propone un modelo para la transición alimentaria en España, destacando su urgencia y posibilidad. Este modelo busca transformar el sistema alimentario actual, que es insostenible y perjudicial para el medio ambiente, la salud y el empleo. Se prevé que, con la implementación de este modelo sostenible, se lograría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 116% para 2050, además de aumentar el empleo en el sector agrícola en un 35%. El informe aboga por una producción agroecológica, un mayor consumo de legumbres, una reducción drástica de la ganadería intensiva y una pesca sostenible. Greenpeace enfatiza la necesidad de políticas públicas que apoyen esta transición hacia un sistema alimentario más saludable y respetuoso con el medio ambiente.
Greenpeace ha expresado su firme rechazo a la autorización para la reapertura de la mina Los Frailes en Aznalcóllar, que permitirá el vertido de 85.5 hectómetros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados durante más de 18 años. Este vertido representa una grave amenaza para el estuario del Guadalquivir y los ecosistemas circundantes, incluyendo el Parque Nacional de Doñana. La organización advierte que este proyecto incumple requisitos esenciales para proteger el corredor ecológico del Guadiamar y podría agravar la contaminación existente en el estuario, ya afectado por vertidos anteriores. Greenpeace insiste en que se debe priorizar la recuperación ecológica del área en lugar de permitir nuevas amenazas a un ecosistema ya vulnerable.
Greenpeace ha exigido el cierre inmediato de la macrogranja avícola de Llucmajor en Mallorca, tras conocer las condiciones inhumanas en las que viven los animales y la insalubridad de los alimentos producidos. La organización denuncia que esta explotación opera sin la Autorización Ambiental Integrada, incumpliendo normativas y poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente. Además, se investiga un posible fraude relacionado con la cría de gallinas camperas. Greenpeace insta a las autoridades a realizar inspecciones urgentes en todas las macrogranjas del país para detener este modelo de ganadería industrial insostenible.
Un tribunal supranacional europeo ha dictaminado que los Estados deben contabilizar el impacto climático del petróleo y el gas antes de aprobar permisos, marcando un hito en la legislación ambiental. Esta decisión se deriva de un caso presentado por Greenpeace y Natur og Ungdom contra Noruega, donde se concluyó que las evaluaciones climáticas deben incluir las emisiones generadas durante la combustión de estos combustibles fósiles. La sentencia podría establecer un precedente para evaluaciones más rigurosas en toda Europa y resaltar la responsabilidad de los gobiernos en la lucha contra el cambio climático.
Greenpeace ha exigido un mayor compromiso político hacia una transición ecológica justa en respuesta a los aranceles impuestos por el presidente Trump. En vísperas de la votación del Real Decreto-ley 4/2025, la organización subraya la necesidad de priorizar ayudas para pymes y pequeños productores, evitando que grandes empresas reciban subsidios sin condiciones ambientales. Además, Greenpeace critica las políticas comerciales que amenazan la Amazonía y defiende una economía más sostenible alineada con los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda 2030. La organización también aboga por un sistema eléctrico renovable para combatir el cambio climático y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
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Greenpeace ha celebrado el reciente decreto antiapagones aprobado por el Consejo de Ministros, que promueve el autoconsumo y la transición energética. Sin embargo, la organización advierte que este decreto aún otorga demasiado poder a las grandes compañías eléctricas. Entre las medidas positivas se encuentra la ampliación del radio para el autoconsumo y desgravaciones fiscales para bombas de calor. No obstante, Greenpeace critica la eliminación del trámite de evaluación ambiental para baterías en plantas existentes, lo que podría tener consecuencias negativas. La organización exige una normativa más valiente que garantice servicios energéticos accesibles y sostenibles, así como un sistema eléctrico inteligente y resiliente.
Greenpeace ha iniciado una campaña en 17 ciudades de España para etiquetar productos en supermercados como Mercadona, Carrefour y Lidl, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad urgente de transformar el insostenible sistema alimentario actual. Los voluntarios están utilizando etiquetas con códigos QR que dirigen a un informe titulado "Revolución Alimentaria", donde se proponen cambios significativos hacia un modelo alimentario sostenible. El informe destaca los graves impactos ambientales y sociales si no se actúa, así como los beneficios potenciales de adoptar prácticas más sostenibles. Greenpeace hace un llamado a la ciudadanía para que modifique sus hábitos de consumo y apoye esta transformación hacia un sistema alimentario justo y saludable.
La reducción del desperdicio alimentario es crucial para combatir el derroche de recursos como agua, energía y trabajo humano, así como la contaminación de ecosistemas. Actualmente, se desperdicia un cuarto de los alimentos producidos para consumo humano, lo que equivale a 33 kg por persona al año, siendo los hogares los principales responsables. En España, más de 20 millones de toneladas de alimentos se pierden anualmente, generando un impacto significativo en las emisiones de CO2. Para 2030, se prevé que estas emisiones aumenten si no se implementan medidas efectivas. Adoptar un modelo alimentario sostenible podría reducir el desperdicio en un 50% y las emisiones per cápita asociadas en un 96%. Es esencial actuar ahora para lograr un futuro sin desperdicios y mitigar el cambio climático.
El nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial revela que los últimos diez años han sido los más cálidos registrados, destacando que 2024 fue el año más caliente y 2025 podría superarlo. Greenpeace advierte que el calentamiento climático se acelera, señalando que España debe aumentar su ambición climática y redirigir las subvenciones a combustibles fósiles hacia una transición ecológica justa. La organización insta a implementar nuevos impuestos a la industria fósil para enfrentar los costos de la crisis climática y propone adaptar entornos urbanos con soluciones basadas en la naturaleza para proteger a las poblaciones vulnerables.
La noticia "El Big Bang Theory de una cuchara de plástico" de Greenpeace España explora el impacto ambiental del uso del plástico, comenzando desde la creación de la Tierra hace 4.500 millones de años hasta la fabricación y distribución de una simple cuchara de plástico. El artículo destaca cómo la industria fósil, responsable del cambio climático, obtiene enormes beneficios mientras contamina el planeta. Greenpeace aboga por impuestos a estas industrias para financiar la lucha contra el cambio climático y propone un enfoque en energías renovables y sostenibilidad. La reflexión final invita a reconsiderar el uso de utensilios desechables en favor de opciones más ecológicas.
Activistas de Greenpeace han "precintado" simbólicamente cajeros del banco Santander en 17 ciudades de España para denunciar su contribución a la destrucción de la Amazonía. La protesta, que incluye cintas y pegatinas con mensajes como "Santander mata la Amazonía", busca alertar sobre las inversiones del banco en JBS, la mayor empresa cárnica mundial, vinculada a la deforestación. Greenpeace exige que el Santander deje de financiar prácticas que amenazan el ecosistema amazónico y destaca la necesidad urgente de detener la degradación ambiental para combatir el cambio climático.
El análisis de Greenpeace, titulado "48 horas después del apagón, ¿dónde está el debate?", aborda las incertidumbres que persisten tras la reciente caída del sistema energético. José Luis García, responsable del Área de Clima y Energía de la organización, destaca la necesidad urgente de discutir sobre energías renovables, energía nuclear y gas. Se argumenta que un sistema 100% renovable es esencial para garantizar una energía segura y sostenible, mientras que la energía nuclear ha demostrado ser incapaz de prevenir apagones. Además, se critica la dependencia del gas y se aboga por un debate público más amplio sobre el futuro del sistema energético en España. La crisis energética resalta la importancia de tener servicios eléctricos accesibles y limpios para todos.
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