Greenpeace ha exigido el cierre inmediato de la macrogranja avícola de Llucmajor en Mallorca, tras conocer las condiciones inhumanas en las que viven los animales y la insalubridad de los alimentos producidos. La organización denuncia que esta explotación opera sin la Autorización Ambiental Integrada, incumpliendo normativas y poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente. Además, se investiga un posible fraude relacionado con la cría de gallinas camperas. Greenpeace insta a las autoridades a realizar inspecciones urgentes en todas las macrogranjas del país para detener este modelo de ganadería industrial insostenible.
Un tribunal supranacional europeo ha dictaminado que los Estados deben contabilizar el impacto climático del petróleo y el gas antes de aprobar permisos, marcando un hito en la legislación ambiental. Esta decisión se deriva de un caso presentado por Greenpeace y Natur og Ungdom contra Noruega, donde se concluyó que las evaluaciones climáticas deben incluir las emisiones generadas durante la combustión de estos combustibles fósiles. La sentencia podría establecer un precedente para evaluaciones más rigurosas en toda Europa y resaltar la responsabilidad de los gobiernos en la lucha contra el cambio climático.
Greenpeace ha exigido un mayor compromiso político hacia una transición ecológica justa en respuesta a los aranceles impuestos por el presidente Trump. En vísperas de la votación del Real Decreto-ley 4/2025, la organización subraya la necesidad de priorizar ayudas para pymes y pequeños productores, evitando que grandes empresas reciban subsidios sin condiciones ambientales. Además, Greenpeace critica las políticas comerciales que amenazan la Amazonía y defiende una economía más sostenible alineada con los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda 2030. La organización también aboga por un sistema eléctrico renovable para combatir el cambio climático y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Greenpeace ha alertado que el Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, no ha cumplido con una sentencia que obliga a declarar como no urbanizables los terrenos donde se encuentra el hotel de El Algarrobico. A pesar de que se han enviado documentos técnicos para corregir un error en el plan general de ordenación urbana, esto no implica una modificación efectiva del PGOU. Greenpeace ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que imponga multas al alcalde hasta que se cumpla la sentencia, evidenciando así los intentos dilatorios del ayuntamiento. La organización ecologista insta a la Junta de Andalucía a considerar la expropiación forzosa para acelerar el proceso.
Greenpeace se une a las movilizaciones por el derecho a una vivienda digna en España, destacando la conexión entre justicia social y ambiental. La organización enfatiza que la crisis de la vivienda está ligada a problemas de pobreza energética y cambio climático, ya que muchas viviendas son ineficientes y dependen de combustibles fósiles. Greenpeace aboga por políticas que prioricen la rehabilitación de edificios hacia cero emisiones y el acceso a viviendas adecuadas para todos. Este 5 de abril, Greenpeace participará en las manifestaciones con el lema "Casas para vivir, un planeta que habitar". Para más información, visita su sitio web.
Greenpeace ha respondido a las recientes declaraciones del ministro Albares sobre Repsol, afirmando que el Gobierno debería priorizar la defensa de la ciudadanía en lugar de proteger a la industria fósil. Esta postura resalta la preocupación por el impacto del cambio climático y la necesidad de una transición hacia energías más sostenibles. Para más detalles, visita el comunicado completo en el sitio web de Greenpeace España.
The Metals Company (TMC), líder en minería submarina, ha solicitado un permiso de explotación en aguas profundas bajo la normativa estadounidense de los años ochenta, eludiendo el proceso de la ONU. Este anuncio se produce antes de una reunión con inversores y en medio de críticas por parte de Greenpeace, que denuncia que TMC actúa de manera desesperada y perjudica el multilateralismo. Activistas afirman que esta acción es un insulto a la cooperación internacional y subrayan la necesidad urgente de una moratoria sobre la minería submarina para proteger los océanos, considerados patrimonio común de la humanidad.
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La noticia "El Big Bang Theory de una cuchara de plástico" de Greenpeace España explora el impacto ambiental del uso del plástico, comenzando desde la creación de la Tierra hace 4.500 millones de años hasta la fabricación y distribución de una simple cuchara de plástico. El artículo destaca cómo la industria fósil, responsable del cambio climático, obtiene enormes beneficios mientras contamina el planeta. Greenpeace aboga por impuestos a estas industrias para financiar la lucha contra el cambio climático y propone un enfoque en energías renovables y sostenibilidad. La reflexión final invita a reconsiderar el uso de utensilios desechables en favor de opciones más ecológicas.
Activistas de Greenpeace han "precintado" simbólicamente cajeros del banco Santander en 17 ciudades de España para denunciar su contribución a la destrucción de la Amazonía. La protesta, que incluye cintas y pegatinas con mensajes como "Santander mata la Amazonía", busca alertar sobre las inversiones del banco en JBS, la mayor empresa cárnica mundial, vinculada a la deforestación. Greenpeace exige que el Santander deje de financiar prácticas que amenazan el ecosistema amazónico y destaca la necesidad urgente de detener la degradación ambiental para combatir el cambio climático.
El análisis de Greenpeace, titulado "48 horas después del apagón, ¿dónde está el debate?", aborda las incertidumbres que persisten tras la reciente caída del sistema energético. José Luis García, responsable del Área de Clima y Energía de la organización, destaca la necesidad urgente de discutir sobre energías renovables, energía nuclear y gas. Se argumenta que un sistema 100% renovable es esencial para garantizar una energía segura y sostenible, mientras que la energía nuclear ha demostrado ser incapaz de prevenir apagones. Además, se critica la dependencia del gas y se aboga por un debate público más amplio sobre el futuro del sistema energético en España. La crisis energética resalta la importancia de tener servicios eléctricos accesibles y limpios para todos.
Greenpeace ha publicado un informe titulado "Oro tóxico", que revela la devastadora realidad de la minería ilegal de oro en la Amazonía, donde se han destruido más de 4.000 hectáreas en los últimos dos años. A pesar de los esfuerzos del gobierno brasileño para combatir esta actividad, el informe indica que la minería ilegal sigue expandiéndose, afectando especialmente a los territorios indígenas Yanomami, Munduruku, Kayapó y Sararé. La investigación destaca un aumento del 93% en las actividades mineras ilegales en Sararé y señala discrepancias alarmantes en los datos sobre el comercio de oro entre Brasil y Suiza. Greenpeace advierte sobre el impacto ambiental y social de esta práctica, que amenaza la biodiversidad y las comunidades indígenas. La reciente decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil para exigir verificación del origen del oro es un paso positivo, pero se requieren medidas adicionales para asegurar una protección efectiva a largo plazo.
Greenpeace ha solicitado un plan de acción para garantizar viviendas asequibles y sostenibles, en el contexto de la manifestación estatal por la vivienda del 5 de abril. La organización presenta un informe europeo que vincula la crisis de la vivienda con el bienestar social y la pobreza energética, destacando el impacto del consumo de gas en la crisis climática. El informe propone medidas de eficiencia energética y el uso de energías renovables para reducir la dependencia del gas en Europa. Greenpeace insta a la Comisión Europea a liderar una transformación del sector residencial, priorizando el ahorro energético y garantizando fondos públicos sin carga financiera para los hogares de bajos ingresos. La organización también aboga por impuestos a los superricos para financiar estas iniciativas y asegurar un acceso equitativo a viviendas sostenibles.
Greenpeace ha solicitado a Miren Arzalluz, la nueva directora del Museo Guggenheim de Bilbao, que detenga el proyecto de ampliación en Urdaibai, la única Reserva de la Biosfera de Euskadi. La organización ecologista advierte que este proyecto podría dañar gravemente la biodiversidad de la región, que alberga numerosas especies protegidas. Greenpeace insta al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Bizkaia a reconsiderar la ampliación y asegura que el plan enfrenta un amplio rechazo social, evidenciado por las casi 22,000 firmas recogidas en contra. La organización también critica una reciente orden ministerial que reduce las zonas de protección ambiental en el área.
Un estudio de Greenpeace revela que España destina 23.330 millones de euros anuales en subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, lo que agrava la crisis climática y social. El informe "De subvenciones tóxicas a inversiones responsables" destaca que el 86% de estas ayudas se dirigen a sectores nocivos, como la agricultura, el transporte y la energía. A pesar de los compromisos del gobierno, no existe una estrategia clara para eliminar estas subvenciones dañinas. Greenpeace exige mayor transparencia y redirigir fondos hacia iniciativas sostenibles que beneficien a hogares y pequeñas empresas. Para más información, visita el enlace de Greenpeace.
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