Greenpeace

Greenpeace, Ecologistas en Acción y Mesa de la Ría celebran el reciente pronunciamiento de la Audiencia Nacional que cuestiona la viabilidad del proyecto de sellado de las balsas de fosfoyesos de Fertiberia. Un dictamen del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, solicitado por la Fiscalía, advierte que el proyecto no es una solución adecuada debido a las condiciones del terreno y el estado de los residuos. Las organizaciones ecologistas piden la paralización cautelar de las obras hasta que se resuelva la validez de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en curso. Este dictamen refuerza las preocupaciones sobre los riesgos ambientales asociados al sellado propuesto.

Greenpeace ha expresado su decepción por el rechazo del decreto antiapagones en el Congreso, argumentando que contenía medidas esenciales para acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo. La organización ecologista insta a la presentación urgente de una nueva propuesta que limite el poder de las grandes compañías eléctricas y aborde la crisis climática. Entre las medidas solicitadas se incluyen la creación de un mercado de capacidad para energías renovables, la normalización de la carga bidireccional para vehículos eléctricos y la ampliación del radio para el autoconsumo. Greenpeace destaca la necesidad de un compromiso político amplio para transformar el sistema energético hacia uno más limpio y sostenible.

Greenpeace ha expresado su preocupación tras la eliminación de la financiación climática y ambiental en la nueva Política Agraria Común (PAC) de la Comisión Europea. La organización ecologista advierte que esta decisión amenaza la sostenibilidad del sector agrícola, que necesita urgentemente reducir su impacto ambiental y adaptarse al cambio climático. Aunque la propuesta incluye medidas para una distribución más justa de los fondos, Greenpeace teme que el poder discrecional otorgado a los Estados miembros pueda socavar estos avances. La ONG destaca la necesidad de un enfoque común para garantizar una agricultura resiliente y justa en Europa, frente a la presión de los lobbies agrícolas industriales.

Greenpeace ha lanzado un llamado urgente a la Unión Europea para implementar nuevos impuestos a las empresas fósiles y alcanzar emisiones cero netas para 2040, en respuesta al alarmante aumento de muertes por calor extremo en Europa. En España, casi 10,000 personas han fallecido por altas temperaturas en los últimos tres años, y el cambio climático está exacerbando fenómenos como incendios forestales, inundaciones y sequías. La organización destaca que las olas de calor son el evento más mortal en Europa y exige acciones climáticas ambiciosas para proteger a la población. Con la próxima Cumbre del Clima (COP30) en Brasil, Greenpeace enfatiza la necesidad de compromisos internacionales y planes concretos para abordar esta crisis global.

Greenpeace ha exigido que el Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR) se implemente en su fecha prevista, el 30 de diciembre de 2025. Esta demanda surge tras la aprobación de una moción por el Parlamento Europeo que busca derogar un reglamento clave para la evaluación comparativa de países, lo que podría retrasar aún más la aplicación del EUDR. Greenpeace advierte que este cambio comprometería la protección de los bosques y permitiría fraudes en la clasificación de productos. La organización insiste en que es crucial mantener criterios objetivos y transparentes en la evaluación para garantizar la efectividad del reglamento y proteger el medio ambiente.

Greenpeace celebra la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerada una victoria judicial histórica que prioriza los derechos humanos y el medio ambiente sobre los intereses de la industria fósil. Esta resolución establece que los gobiernos deben tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y que las empresas también tienen responsabilidades en este ámbito. La CIDH ha reconocido el derecho de la naturaleza a mantener sus procesos ecológicos, lo que refuerza la necesidad de un desarrollo sostenible. Este dictamen proporciona una base legal sólida para los planes climáticos que se presentarán en la próxima Cumbre del Clima en Brasil, subrayando el deber de los estados de proteger el futuro frente a la crisis climática.

Greenpeace ha criticado la nueva propuesta de la Comisión Europea para reducir las emisiones contaminantes hacia 2040, argumentando que se queda corta ante la emergencia climática. Aunque se plantea una reducción del 90% de las emisiones netas de carbono, la organización sostiene que esto no cumple con las recomendaciones científicas y permite compensaciones que evitan recortes efectivos dentro de la UE. Greenpeace advierte que esta estrategia podría retrasar el abandono de los combustibles fósiles y subraya la necesidad de un compromiso más ambicioso para alcanzar emisiones netas cero en 2040. La organización también destaca que algunas medidas propuestas podrían reforzar la acción climática, pero deben ser protegidas de intereses industriales que buscan frenar el progreso ambiental.

Greenpeace propone una solución integral para abordar la pobreza energética y mejorar la habitabilidad de las viviendas en España, que se basa en tres ejes: financiación, asesoramiento y un marco institucional. La organización destaca la necesidad de una política de Estado que garantice el derecho a una vivienda digna, reduzca la factura energética y mejore el confort en el contexto del cambio climático. Se sugiere crear un gran fondo estatal para movilizar recursos públicos y privados, así como establecer oficinas de asesoramiento local para facilitar la rehabilitación de edificios. Greenpeace enfatiza la urgencia de implementar estas medidas ante el aumento de temperaturas extremas que afectan a muchas familias, proponiendo una rehabilitación masiva y accesible para asegurar viviendas sostenibles y eficientes energéticamente.

Greenpeace ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Ayuntamiento de Carboneras por la supuesta legalización de la licencia de obras del hotel Algarrobico. A pesar de una sentencia judicial que obliga a revisar dicha licencia, el consistorio ha presentado un plano que clasifica la zona como urbanizable, ignorando múltiples pronunciamientos judiciales que han declarado nula esta planimetría. Greenpeace considera esta acción como un intento de eludir las sentencias y se personará en el expediente para realizar un seguimiento del proceso. La organización ecologista ha estado luchando contra la legalización del hotel desde 2011, defendiendo la protección del paraje natural donde se ubica.

Greenpeace ha denunciado en su informe "Destrucción a toda costa 2025" que la gestión del litoral español no está alineada con la realidad del cambio climático. A pesar de los efectos adversos del calentamiento global, se siguen impulsando proyectos urbanísticos en zonas costeras vulnerables. El informe identifica más de 500 puntos en riesgo a lo largo de los 7.900 kilómetros de costa española, destacando que las aguas que rodean la península ibérica se calientan un 67% más rápido que la media global. Greenpeace exige medidas urgentes para mitigar y adaptarse al cambio climático, advirtiendo sobre el aumento de la vulnerabilidad costera debido a la presión turística y la falta de coherencia en las políticas de ordenación territorial. La organización subraya la necesidad de proteger y restaurar los ecosistemas costeros para enfrentar estos desafíos ambientales.

Greenpeace ha valorado positivamente la reciente decisión del Ayuntamiento de Carboneras de iniciar la revisión de la licencia de obras del hotel Algarrobico, aunque considera innecesario que este proceso se haya llevado a pleno. La organización ecologista destaca que esta acción, obligada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2018, llega con siete años de retraso y refleja una estrategia del ayuntamiento para dilatar el cumplimiento judicial. A pesar de ello, Greenpeace celebra el avance hacia la resolución del conflicto legal en torno al hotel, pero advierte que aún quedan asuntos pendientes, como la publicación del nuevo plan general de ordenación urbana que declare los terrenos no urbanizables. Además, Greenpeace insta a la Junta de Andalucía a iniciar un proceso de expropiación sobre los terrenos del hotel ubicados en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

La crisis climática ha triplicado las muertes por calor en Europa, según un estudio del Imperial College London y la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Durante la ola de calor del 23 de junio al 2 de julio, se registraron miles de muertes en 12 ciudades europeas. Greenpeace exige que las empresas de combustibles fósiles asuman su responsabilidad y paguen por los daños causados. Activistas destacan que es urgente implementar multas e impuestos a estas empresas para hacer frente a los crecientes costos climáticos y sanitarios. La situación ha llevado a restricciones laborales y al cierre de escuelas en varios países europeos. Una encuesta indica que el 90% de los españoles apoya gravar a las petroleras por sus impactos climáticos.

Greenpeace España ha presentado alegaciones al proyecto de orden ministerial que excluye ciertas frutas y hortalizas de la obligación de venta a granel, denunciando que esta lista es excesiva e injustificada. La organización critica el uso de plástico en productos ecológicos y propone limitar las excepciones solo a aquellos casos donde existan pruebas científicas de riesgo real. Greenpeace aboga por priorizar la venta a granel y el uso de envases reutilizables o compostables, instando al gobierno a legislar para eliminar los plásticos de un solo uso y fomentar un modelo de consumo sostenible. En el contexto del Día Mundial sin Bolsas de Plástico, la organización enfatiza la urgencia de actuar contra la contaminación plástica, que afecta gravemente al medio ambiente y la salud pública.