Greenpeace Internacional ha solicitado al Tribunal de Distrito de Dakota del Norte que rechace la petición de Energy Transfer para obtener una orden judicial "anti-suit". Esta medida busca evitar que la empresa rinda cuentas ante la justicia de los Países Bajos y la Unión Europea por demandas SLAPP interpuestas en Estados Unidos. Greenpeace argumenta que esta solicitud violaría principios de cortesía internacional y socavaría la protección de la libertad de expresión en Europa. El asesor jurídico de Greenpeace, Daniel Simons, destaca que este intento refleja el temor de Energy Transfer a enfrentar un sistema legal que protege a los ciudadanos de tácticas intimidatorias. La decisión del tribunal aún está pendiente.
Greenpeace ha solicitado a la Junta de Andalucía que actúe para derribar definitivamente el hotel Algarrobico, tras el rechazo del Gobierno central al recurso de la promotora en el proceso de expropiación. Este hito se produce después de 20 años de luchas judiciales y simboliza un avance hacia la eliminación de esta construcción ilegal, que se erige en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La organización ecologista destaca la necesidad de que la Junta cumpla con su responsabilidad y expropie la parte del inmueble que ocupa ilegalmente el espacio protegido. María José Caballero, responsable del Área de Campañas de Greenpeace, enfatiza que este derribo debe ser un punto de inflexión contra la especulación en las costas españolas.
Greenpeace ha revelado que Tres Cantos no figura en el listado de Zonas con Alto Riesgo de Incendio (ZAR), lo que impide la implementación de un Plan de Actuación Municipal ante emergencias por incendios forestales (PAMIF). Esta información, solicitada a la Comunidad de Madrid en 2022, destaca la necesidad urgente de revisar los listados y planes existentes para garantizar la seguridad frente a incendios. Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace, enfatiza que es crucial que se actualicen las normativas y se establezcan criterios comunes para la prevención y extinción de incendios en todas las comunidades autónomas.
Greenpeace ha hecho un llamado urgente a las administraciones para que intensifiquen las labores de prevención de incendios forestales en España. En lo que va del año, los incendios han causado la muerte de cuatro personas, 14 heridos y la evacuación de 2000 ciudadanos, afectando también a lugares emblemáticos como Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. La organización destaca que, aunque la precaución y el civismo son importantes, es fundamental que los gobiernos asuman su responsabilidad en la gestión forestal y en el cumplimiento de normativas preventivas. Los incendios están siendo exacerbados por el cambio climático, con un aumento previsto en su frecuencia e intensidad. Greenpeace solicita al Gobierno Central la aprobación urgente de un Real Decreto para establecer criterios comunes en los planes de prevención y extinción de incendios.
Greenpeace ha expresado su escepticismo tras la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras, un paso considerado necesario para avanzar hacia la demolición del hotel El Algarrobico. Esta modificación aclara que el terreno no era urbanizable al momento de presentar el proyecto. Sin embargo, Greenpeace advierte que el Ayuntamiento debe cumplir plenamente con las sentencias judiciales que exigen la anulación de la licencia de obras y la publicación oficial de esta modificación. La organización ecologista también insta a la Junta de Andalucía a iniciar el proceso de expropiación de los terrenos del hotel ubicados en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, resaltando que este compromiso debe traducirse en acciones concretas después de años de dilaciones administrativas.
Greenpeace, Ecologistas en Acción y Mesa de la Ría celebran el reciente pronunciamiento de la Audiencia Nacional que cuestiona la viabilidad del proyecto de sellado de las balsas de fosfoyesos de Fertiberia. Un dictamen del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, solicitado por la Fiscalía, advierte que el proyecto no es una solución adecuada debido a las condiciones del terreno y el estado de los residuos. Las organizaciones ecologistas piden la paralización cautelar de las obras hasta que se resuelva la validez de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en curso. Este dictamen refuerza las preocupaciones sobre los riesgos ambientales asociados al sellado propuesto.
Greenpeace ha expresado su decepción por el rechazo del decreto antiapagones en el Congreso, argumentando que contenía medidas esenciales para acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo. La organización ecologista insta a la presentación urgente de una nueva propuesta que limite el poder de las grandes compañías eléctricas y aborde la crisis climática. Entre las medidas solicitadas se incluyen la creación de un mercado de capacidad para energías renovables, la normalización de la carga bidireccional para vehículos eléctricos y la ampliación del radio para el autoconsumo. Greenpeace destaca la necesidad de un compromiso político amplio para transformar el sistema energético hacia uno más limpio y sostenible.
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Greenpeace ha valorado con cautela el anuncio de un posible pacto de Estado para abordar la emergencia climática, presentado por el presidente del Gobierno en Ourense. La organización enfatiza la necesidad de integrar las propuestas de organizaciones civiles y ambientales, así como de centrarse en las personas más vulnerables ante el cambio climático. Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, subraya que cualquier acuerdo debe basarse en evidencia científica y establecer objetivos ambiciosos para la mitigación y adaptación al cambio climático. La organización seguirá de cerca este desarrollo, esperando que se consideren las demandas sociales planteadas.
Una inversión de 1.000 millones de euros anuales en prevención de incendios forestales podría generar un ahorro de hasta 99.000 millones de euros en costes de extinción, según Greenpeace. Este monto permitiría gestionar aproximadamente 9,9 millones de hectáreas, similar a la superficie de Portugal. En lo que va del año, los grandes incendios han causado un coste estimado de 615,2 millones de euros en España. La organización destaca la importancia de priorizar la gestión forestal y la prevención para mitigar el impacto devastador de estos siniestros, que no solo afectan económicamente, sino también a vidas y al patrimonio natural.
Greenpeace ha exigido al Gobierno español más medidas contundentes contra el oligopolio energético, tras valorar positivamente el nuevo decreto antiapagones que limita su poder. La organización ecologista critica la falta de impulso al autoconsumo y denuncia la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental para baterías en hibridación con renovables, considerándola peligrosa. Greenpeace solicita la publicación de los nombres de las centrales nucleares y de gas que no respondieron durante el apagón, enfatizando la necesidad de transparencia y protección a la ciudadanía. Además, reclama un paquete de medidas urgentes para acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo, así como regular el uso especulativo de las hidroeléctricas y garantizar una transición justa.
Greenpeace y la red Gas No es Solución han exigido una evaluación ambiental estratégica para los proyectos de hidrógeno en España, presentados por Enagás. La organización denuncia que estos proyectos se están fraccionando en 15 tramos, lo que impide una evaluación global de sus impactos. Exigen al Gobierno que se detengan los trámites hasta que se presente un informe que contemple todas las infraestructuras involucradas. Además, critican la falta de planificación ambiental y la viabilidad del mercado del hidrógeno en el país, alertando sobre el riesgo de financiar infraestructura privada con fondos públicos sin una adecuada evaluación de su contribución a la descarbonización. Las organizaciones ecologistas piden un enfoque más democrático y participativo en la transición energética.
Greenpeace ha publicado un informe alarmante que revela que más del 70% de las capitales españolas carecen de redes de refugios climáticos, esenciales para proteger a la población del calor extremo. Solo 16 de las 52 capitales cuentan con refugios públicos, y varias comunidades autónomas, como Extremadura y Galicia, no tienen ninguno. Los horarios de apertura y la adecuación de estos espacios son deficiencias críticas que limitan su eficacia. Con más de 1800 muertes atribuidas al calor en el verano actual, Greenpeace exige medidas urgentes para garantizar la protección de las personas vulnerables y transformar los municipios en entornos resilientes frente al cambio climático.
Greenpeace propone una solución integral para abordar la pobreza energética y mejorar la habitabilidad de las viviendas en España, que se basa en tres ejes: financiación, asesoramiento y un marco institucional. La organización destaca la necesidad de una política de Estado que garantice el derecho a una vivienda digna, reduzca la factura energética y mejore el confort en el contexto del cambio climático. Se sugiere crear un gran fondo estatal para movilizar recursos públicos y privados, así como establecer oficinas de asesoramiento local para facilitar la rehabilitación de edificios. Greenpeace enfatiza la urgencia de implementar estas medidas ante el aumento de temperaturas extremas que afectan a muchas familias, proponiendo una rehabilitación masiva y accesible para asegurar viviendas sostenibles y eficientes energéticamente.
Greenpeace ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Ayuntamiento de Carboneras por la supuesta legalización de la licencia de obras del hotel Algarrobico. A pesar de una sentencia judicial que obliga a revisar dicha licencia, el consistorio ha presentado un plano que clasifica la zona como urbanizable, ignorando múltiples pronunciamientos judiciales que han declarado nula esta planimetría. Greenpeace considera esta acción como un intento de eludir las sentencias y se personará en el expediente para realizar un seguimiento del proceso. La organización ecologista ha estado luchando contra la legalización del hotel desde 2011, defendiendo la protección del paraje natural donde se ubica.
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