Greenpeace ha expresado su firme rechazo a la reciente resolución firmada por el director general de Minas, Jesús Portillo, y presentada por el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradela. Esta decisión autoriza a Mina Los Frailes a iniciar las labores de reapertura, lo que podría tener consecuencias devastadoras para el estuario del Guadalquivir.
La reapertura de esta mina implicará un vertido total de 85.5 hectómetros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados durante un periodo de 18 años y medio, una cantidad equivalente al consumo anual de agua de la ciudad de Sevilla. Este vertido afectará a varios Hábitats de Importancia Comunitaria (HICs) en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir, que forma parte de la Red Natura 2000, además de representar una nueva amenaza para el Parque Nacional de Doñana. La situación es aún más crítica para los agricultores de la marisma y las cofradías de pescadores en la desembocadura del río.
Incumplimiento de requisitos ambientales
Además, Greenpeace ha señalado que la autorización otorgada incumple uno de los requisitos fundamentales establecidos para este proyecto: asegurar que no se causarán daños al corredor ecológico del Guadiamar. En el plan presentado, se contempla que la antigua balsa de Aznalcóllar funcionará como balsa para lodos tóxicos mineros durante 17 años.
A pesar de que tanto la empresa como el consejero han calificado estos lodos como un “relleno a efectos de restauración”, Greenpeace advierte que esta balsa almacenará aproximadamente el 50% de los residuos generados por el tratamiento del mineral. Actualmente, ya hay millones de toneladas de lodos depositadas allí desde la rotura ocurrida en 1998. La organización ecologista sostiene que el proceso propuesto no garantiza la eliminación efectiva de metales pesados.
Un ecosistema en peligro
El estuario del Guadalquivir ya enfrenta serios problemas debido a la contaminación por metales pesados derivada de los vertidos mineros desde 2009, según un estudio realizado por el catedrático Jesús Castillo, de la Universidad de Sevilla. El nuevo vertido proyectado podría repetir los desastres sufridos hace 27 años tras la ruptura de la presa Boliden.
Las secuelas del desastre anterior aún son visibles en los ecosistemas marinos del Golfo de Cádiz y en el Mar de Alborán. La dinámica interna del estuario complica aún más la eliminación natural de estos metales pesados, ya que factores como la presa Alcalá del Río y el fenómeno del “tapón salino” dificultan la salida adecuada del agua hacia el océano.
Llamado a las administraciones públicas
En este contexto alarmante, cuando las administraciones deberían estar enfocadas en recuperar ecológicamente el estuario del Guadalquivir, se está autorizando un nuevo vertido que podría significar una sentencia fatal para un ecosistema ya gravemente dañado. Greenpeace continúa su lucha incansable para detener esta situación crítica.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué resolución ha rechazado Greenpeace?
Greenpeace ha rechazado la resolución firmada por el director general de Minas que autoriza a Mina Los Frailes a iniciar las labores de reapertura, lo que implicaría un vertido de aguas contaminadas en el estuario del Guadalquivir.
¿Cuánto será el vertido de la mina de Aznalcóllar?
La reapertura de la mina supondrá un vertido total de 85.5 hectómetros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados durante 18 años y medio, equivalente al consumo total de la ciudad de Sevilla en un año.
¿Qué ecosistemas se verán afectados por el vertido?
El vertido afectará a varios Hábitats de Importancia Comunitaria (HICs) en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir y al Parque Nacional de Doñana, además de amenazar la supervivencia de agricultores y pescadores locales.
¿Qué problemas plantea la balsa de lodos tóxicos?
La antigua balsa de Aznalcóllar funcionará como balsa de lodos tóxicos durante 17 años, almacenando el 50% de los residuos del proceso de tratamiento del mineral, lo que podría contaminar el acuífero y dañar el corredor ecológico del Guadiamar.
¿Cuál es el riesgo asociado al nuevo vertido proyectado?
El nuevo vertido podría repetir desastres ambientales anteriores, como el ocurrido hace 27 años tras la ruptura de la presa de Boliden, afectando gravemente a los ecosistemas marinos y a los usos pesqueros o agrícolas en la región.
¿Qué debería estar haciendo las administraciones públicas según Greenpeace?
Greenpeace sostiene que las administraciones públicas deberían estar invirtiendo en la recuperación ecológica del estuario del Guadalquivir en lugar de autorizar nuevos vertidos que amenazan un ecosistema ya dañado.
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