Greenpeace ha publicado el informe 'Los otros Altri' con motivo del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, denunciando cómo proyectos corporativos amenazan espacios naturales protegidos en España, a menudo con la complicidad de las administraciones. El informe destaca que solo el 9% del territorio español presenta un estado de conservación favorable y expone ejemplos de proyectos perjudiciales en diversos sectores económicos. La organización llama a la movilización social para frenar estos ataques ambientales y exige el cumplimiento de normativas de protección de la biodiversidad, así como mayor transparencia y participación ciudadana en la gestión ambiental.
Un estudio de Greenpeace revela que la agroindustria española exporta el doble del agua que consumen todos los hogares del país, concentrándose en regiones afectadas por sequía. En 2024, se estima que la huella hídrica de estas exportaciones alcanzó 4.613 hm3, duplicando el consumo doméstico de 2.212 hm3. Las comunidades más involucradas son Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Murcia, con Alemania como principal destino. El informe critica el modelo agrario actual que favorece a grandes corporaciones y desplaza a pequeños productores, alertando sobre los problemas ambientales y sociales asociados. Greenpeace demanda un reconocimiento del agua como derecho humano y una gestión más equitativa de este recurso vital.
Greenpeace ha celebrado la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Carboneras, que declara el paraje de El Algarrobico como no urbanizable. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, permite avanzar hacia la demolición del edificio ilegal de 21 plantas ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía, destacó que aunque esta medida llega con 16 años de retraso, representa un paso importante en la lucha por la conservación del entorno costero y la eliminación de este símbolo de destrucción ambiental.
Greenpeace ha celebrado la obtención de 60 ratificaciones para el Tratado Global de los Océanos, lo que permitirá su entrada en vigor en 120 días. Este acuerdo es crucial para proteger el 30% de las aguas internacionales antes de 2030, un objetivo que requiere la protección anual de áreas equivalentes al tamaño de Canadá. España se convirtió en el primer país europeo en ratificar el tratado, destacando la importancia del liderazgo en la conservación oceánica. Greenpeace insta a todos los países a ratificar el acuerdo y a trabajar en la creación de santuarios marinos para mitigar la crisis climática y garantizar la seguridad alimentaria. La organización también aboga por una moratoria sobre la minería submarina, una actividad que amenaza gravemente los ecosistemas oceánicos.
Greenpeace ha presentado la propuesta "Garantía de Movilidad" con el objetivo de garantizar que todas las personas en España, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a un transporte público seguro, asequible y sostenible. Esta iniciativa busca reducir la desigualdad social y la dependencia del automóvil, dado que 25 millones de españoles no tienen carnet de conducir y más de uno de cada cinco hogares carece de coche. La propuesta se fundamenta en tres ejes: movilidad activa, transporte público y acceso a servicios esenciales. Greenpeace insta a los responsables políticos a establecer estándares vinculantes para mejorar la frecuencia, cobertura y accesibilidad del transporte público, promoviendo así una movilidad equitativa que contribuya a la lucha contra el cambio climático.
El juicio contra los responsables de la macrogranja Valle de Odieta en Caparroso se centra en la presunta contaminación ambiental causada por el riego con purines en 2021, que afectó a zonas protegidas y especies en peligro de extinción. El Ministerio Fiscal solicita penas de prisión y multas para los acusados, mientras que Greenpeace y la Fundación Sustrai Erakuntza piden sanciones más severas. Este caso refleja las preocupaciones sobre el modelo ganadero industrial y sus impactos negativos en el medio ambiente y la salud pública. Las organizaciones ecologistas exigen una respuesta más firme del Gobierno de Navarra ante la creciente contaminación por nitratos en la región.
Greenpeace destaca la importancia de la agricultura, ganadería extensiva y manejo silvopastoril en la prevención de incendios forestales y gestión sostenible de recursos naturales. Ante el aumento alarmante de incendios en España, que ha arrasado más de 400,000 hectáreas, la organización subraya la necesidad de abordar la despoblación y transformar el modelo agroalimentario. Un informe sugiere que un cambio en este modelo podría duplicar el empleo ganadero y aumentar un 30% el empleo en el sector agrícola-forestal, además de capturar 10.7 millones de toneladas de CO₂eq anuales. Greenpeace reclama medidas efectivas, como gestionar al menos el 1% de la superficie forestal anualmente y destinar recursos significativos a la prevención para mitigar la crisis climática y prevenir futuros incendios devastadores.
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Según una encuesta de Greenpeace, el 87 % de la población española considera esencial proteger los bosques para combatir el cambio climático. Este dato se revela a un mes de la Cumbre del Clima (COP30) y destaca que el 85 % de los españoles cree que el Gobierno debería intensificar sus esfuerzos contra la deforestación. A nivel global, el 86 % de los encuestados comparte esta opinión. La encuesta, realizada en septiembre de 2025 en 17 países, también muestra un amplio consenso sobre la necesidad de cooperación internacional para abordar la crisis forestal y la importancia de financiar directamente a comunidades indígenas para la protección de los bosques.
Las organizaciones ecologistas, incluyendo Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la Secretaría General de Pesca una revisión exhaustiva del Real Decreto en tramitación sobre la asignación de cuotas pesqueras. Estas entidades abogan por un reparto que favorezca prácticas pesqueras de bajo impacto y beneficie a las comunidades costeras. Critican que el borrador actual no prioriza adecuadamente las buenas prácticas ambientales y sociales. Proponen incentivos para reducir capturas accidentales, un reparto equitativo de cuotas y mayor transparencia en la gestión. Además, expresan su preocupación por modificaciones que podrían aumentar el esfuerzo pesquero sin justificación científica.
Greenpeace ha llevado a cabo movilizaciones en más de 20 ciudades para exigir un modelo de transporte público que priorice a las personas. En el marco del Día Mundial Sin Coches y la Semana Europea de la Movilidad, la organización ecologista ha presentado la Garantía de Movilidad, una propuesta destinada a mejorar la frecuencia y cobertura del transporte público, promoviendo un sistema justo, seguro y sostenible. Greenpeace destaca que el sector del transporte es responsable del 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y aboga por un transporte accesible para todos, con horarios adecuados y coordinación entre servicios. Las actividades se han realizado en ciudades como A Coruña, Alicante, Sevilla y Valencia, y continuarán en otras localidades.
El cambio climático ha sido responsable de casi el 75% de las muertes por calor en España durante el verano, según un informe de The London School of Hygiene and Tropical Medicine e Imperial College London. Pedro Zorrilla Miras, de Greenpeace, destaca que Madrid ha experimentado un impacto aún más severo, con un 93% de las muertes atribuidas a la crisis climática. Este verano ha sido el más caluroso registrado en España, lo que subraya la urgencia de implementar decisiones ambiciosas para abordar la emergencia climática. Greenpeace exige un pacto de Estado basado en la ciencia y la participación ciudadana, centrado en la mitigación, adaptación y financiación para combatir el calentamiento global y proteger a las poblaciones vulnerables.
Greenpeace ha desplegado una pancarta gigante en Palacios de Jamuz, León, con el lema "Cero prevención + crisis climática = destrucción", para exigir que 2025 sea un punto de inflexión en la lucha contra los incendios forestales. La organización denuncia que las zonas afectadas no deben ser olvidadas y pide políticas efectivas de prevención. Este acto se produce tras un verano devastador, donde los incendios han arrasado casi 400.000 hectáreas, resultando en la muerte de ocho personas y la evacuación de más de 35.000. Greenpeace destaca que el cambio climático agrava la intensidad de estos fuegos, subrayando la urgencia de adoptar medidas preventivas y restaurar los ecosistemas dañados.
Greenpeace ha instado a la acción por un Pacto de Estado frente a la emergencia climática durante un acto presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La organización presentó 10 compromisos clave, destacando la necesidad de recursos económicos permanentes, coordinación entre administraciones y un impulso a la transición ecológica. Greenpeace enfatiza la importancia de incluir medidas para la mitigación del cambio climático, así como el papel crucial de los océanos y la biodiversidad. Además, subraya que el éxito del pacto depende de la participación ciudadana y propone que se base en evidencia científica. La organización también aboga por un plan nacional de adaptación y una aceleración en la transición energética hacia energías renovables antes de 2040.
Greenpeace alerta sobre el aumento de episodios de calor extremo debido al cambio climático, que afecta a la productividad de aproximadamente la mitad de la población mundial. Un informe de la OMS y la OMM revela que cada grado adicional por encima de los 20 °C puede reducir la productividad entre un 2 % y un 3 %, además de incrementar riesgos para la salud como insolación y deshidratación. La organización exige que las empresas petroleras y gasísticas, responsables del cambio climático, paguen por los daños causados. Greenpeace destaca la necesidad de impuestos sobre las ganancias de estas corporaciones para financiar medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, defendiendo que son ellas las culpables y no las comunidades afectadas.
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