La ciudadanía de La Aldea, Gran Canaria, ha llevado a cabo una protesta enérgica contra la instalación de una macrogranja marina por parte de Gran Canaria Bass Company SL. Greenpeace y otros colectivos han denunciado que este proyecto amenaza la biodiversidad marina y el modo de vida local, históricamente vinculado a la pesca sostenible. Bajo el lema “¡MACROGRANJAS MARINAS NO!”, los manifestantes exigen la paralización inmediata del macroproyecto, argumentando que causaría graves impactos ambientales y socioeconómicos. La movilización se produce en un contexto donde la isla ya ha sufrido las consecuencias negativas de la acuicultura industrial, como lo evidencian episodios recientes de muerte masiva de peces y el cierre de playas. Los opositores al proyecto advierten sobre el riesgo que representa para la economía local y la salud del medio marino.
Greenpeace ha expresado su oposición a la construcción de una piscifactoría de lenguados en Lemoiz, impulsada por el grupo Atitlan y el Gobierno Vasco, que requeriría una inversión de 170 millones de euros. La organización alerta sobre los impactos negativos de la acuicultura en los ecosistemas marinos, como la contaminación del agua y la sobreexplotación de especies. Greenpeace exige que se frene el proyecto y se restaure el entorno natural afectado, argumentando que destinar fondos públicos a iniciativas privadas que amenazan la naturaleza es inaceptable. Además, destaca la importancia de priorizar inversiones en la pesca artesanal para asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros en la región.
Greenpeace ha presentado un informe que demuestra que España y Portugal pueden alcanzar emisiones cero para 2040, diez años antes de lo establecido por la Unión Europea. Este estudio, lanzado en el contexto de la Cumbre de Santa Marta sobre combustibles fósiles, propone un modelo energético basado en la suficiencia, eficiencia y energías 100% renovables. Se estima que este sistema podría reducir el consumo energético en un 39% y ahorrar 25 mil millones de euros anuales en inversiones. El informe subraya la importancia de abandonar los combustibles fósiles y nuclear, destacando que una transición energética efectiva no solo es técnica y económicamente viable, sino también crucial para mejorar la salud pública y garantizar un futuro sostenible. Greenpeace insta al gobierno español a liderar esta transición y a comprometerse con un plan concreto hacia 2040.
Más de 100 organizaciones de la sociedad civil española, incluyendo Greenpeace y Amnistía Internacional, han exigido al Gobierno de España que se sume al Tratado sobre los Combustibles Fósiles. Esta demanda fue presentada durante el evento “Por una Transición Justa de los Combustibles Fósiles” en Madrid, donde se destacó que la extracción de combustibles fósiles es la principal causa de la emergencia climática y agrava las desigualdades sociales. Las organizaciones piden un liderazgo político en la próxima Conferencia de Santa Marta y un mecanismo internacional vinculante para una transición energética justa. La declaración busca posicionar a España como un actor clave en la lucha contra el cambio climático y promover justicia social y soberanía energética.
Greenpeace ha alertado sobre el agotamiento de la vida útil de los embalses en España, que están operando bajo presiones climáticas para las que no fueron diseñados. Muchas de estas infraestructuras, construidas entre 1950 y 1975, están alcanzando su umbral de vida útil teórica de 50 a 75 años. La acumulación de sedimentos y la falta de modernización en sus sistemas están comprometiendo su eficiencia operativa. Greenpeace destaca la necesidad urgente de invertir en la mejora y mantenimiento de estos embalses, así como en la restauración hidrológico-forestal del entorno para mitigar la erosión y garantizar una gestión adecuada del agua frente al cambio climático.
Greenpeace ha denunciado los problemas ambientales causados por las jaulas marinas de acuicultura en Melenara, Gran Canaria, y exige transparencia a las autoridades. La organización se unirá a una manifestación el 27 de diciembre para pedir la retirada de estas instalaciones, que están ubicadas en una zona prohibida según el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias. La situación se agravó tras el cierre de varias playas debido a manchas aceitosas y la muerte masiva del 40% de las lubinas cultivadas. Greenpeace reclama un análisis riguroso sobre las causas del problema y aboga por modelos de acuicultura sostenible frente al actual modelo industrial, que pone en riesgo la biodiversidad y la calidad del agua en la región.
La 30ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) se llevará a cabo del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, Brasil, un evento crucial para la acción climática global. Greenpeace destaca que esta COP representa una oportunidad única para abordar la deforestación y exigir justicia climática en un momento crítico, a solo diez años del Acuerdo de París. La conferencia se celebra en la Amazonía, un ecosistema vital amenazado por la crisis climática. Activistas y líderes mundiales se reunirán para demandar un acuerdo contundente que frene la deforestación y promueva una transición justa hacia energías sostenibles. Greenpeace enfatiza la necesidad de aumentar la financiación internacional para el clima y propone un plan global para cerrar la brecha entre los compromisos actuales y lo que es necesario para limitar el calentamiento global a 1,5 °C.
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Greenpeace ha concluido con éxito una expedición científica de un mes en las profundidades del Ártico, donde investigadores han explorado montes submarinos y fuentes hidrotermales. Durante la misión, se realizaron inmersiones a 3.000 metros de profundidad, que fueron seguidas por más de 450.000 personas a través de plataformas digitales. Los científicos creen haber identificado varias posibles nuevas especies de esponjas, lo que subraya el desconocimiento sobre los ecosistemas árticos. La expedición también logró suspender la minería submarina en la zona hasta al menos 2029, gracias a las protestas de diversas organizaciones. Este descubrimiento resalta la importancia de conservar estos ecosistemas vitales para la ciencia y la salud humana.
Ecologistas en Acción y Greenpeace han denunciado la mala calidad del aire en los entornos escolares de Murcia, donde se superan los niveles recomendados por la OMS para el dióxido de nitrógeno. A través de una acción simbólica frente a varios centros educativos, las organizaciones exigieron vías escolares seguras, pacificación del tráfico, mayor transporte público y una Zona de Bajas Emisiones efectiva. Un informe revela que todos los entornos analizados exceden los límites de contaminación, destacando la relación directa entre el tráfico rodado y los altos niveles de NO₂. Ambas organizaciones abogan por un cambio en el modelo de movilidad urbana para proteger la salud infantil y mejorar la calidad de vida en la ciudad.
Greenpeace ha lanzado un mapa interactivo que revela la calidad del agua en los municipios de España, destacando la contaminación por nitratos. En 332 localidades, los niveles de nitratos superan el límite legal actual, mientras que 2.860 municipios exceden el umbral recomendado por la ciencia para proteger la salud pública. Este problema se atribuye principalmente a la ganadería industrial y el uso masivo de fertilizantes sintéticos. El mapa permite a los ciudadanos consultar la calidad del agua potable en sus áreas y resalta la necesidad urgente de abordar esta crisis ambiental para prevenir enfermedades como el cáncer colorrectal. Greenpeace también está recogiendo firmas para detener las macrogranjas, impulsando una mayor conciencia sobre los riesgos asociados con este modelo de producción agrícola.
Greenpeace ha denunciado el negacionismo climático de Trump, advirtiendo que su apuesta por los combustibles fósiles pone en riesgo la salud pública y profundiza la dependencia energética de la Unión Europea. La organización exige a la UE que rompa con esta dependencia, especialmente tras firmar contratos de gas estadounidense valorados entre 190.000 y 210.000 millones de euros, mucho más allá de 2035, cuando se espera eliminar el gas fósil. Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Greenpeace realizó una protesta visual para simbolizar esta peligrosa relación con líderes autoritarios. En España, las importaciones de gas estadounidense están alcanzando récords, lo que agrava la situación y compromete la transición hacia un sistema energético renovable.
Las organizaciones ambientales Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han expresado su grave preocupación por los proyectos de Ley de Montes y de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) que se encuentran en tramitación parlamentaria. Estas leyes, según las organizaciones, representan un retroceso significativo en la protección del medio ambiente, permitiendo descatalogaciones y cambios de uso del suelo que amenazan el patrimonio forestal. Además, advierten que la reducción del rigor en el control ambiental podría comprometer la protección de recursos esenciales como el agua y la biodiversidad. Las organizaciones instan a una actualización normativa que refuerce las garantías ambientales en lugar de debilitarlas, destacando la importancia de una gestión forestal efectiva y una adecuada integración entre políticas ambientales y gestión del agua en Andalucía.
El sindicato CCOO y representantes de destacadas organizaciones ambientales como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se reunieron para abordar la emergencia climática. Durante el encuentro, expresaron su preocupación por los riesgos asociados a la parálisis en la transición energética y discutieron propuestas para revitalizar las políticas públicas necesarias para mitigar el impacto del cambio climático en España. Unai Sordo, secretario general de CCOO, enfatizó la importancia de avanzar hacia una economía descarbonizada que ofrezca oportunidades de empleo verde y proteja la biodiversidad. Las organizaciones coincidieron en que es crucial mantener el compromiso con la transición energética y evitar retrocesos que pongan en peligro este proceso esencial.
Greenpeace ha alertado sobre los graves efectos de las cenizas de incendios forestales en la calidad del agua, tras las lluvias de otoño que arrastran contaminantes hacia ríos y acuíferos. Comunidades como Galicia, Castilla y León y Extremadura enfrentan problemas de turbidez y restricciones en el consumo de agua. Más de 900.000 hectáreas de masas de agua subterránea han sido afectadas en las últimas dos décadas, con un costo ambiental significativo. La organización enfatiza la necesidad urgente de medidas post-incendio para proteger los recursos hídricos y evitar futuras crisis ecológicas. Además, se requieren políticas que integren la protección del agua en la planificación hidrológica nacional ante el cambio climático.
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