Greenpeace

Greenpeace ha lanzado un mapa interactivo que revela la calidad del agua en los municipios de España, destacando la contaminación por nitratos. En 332 localidades, los niveles de nitratos superan el límite legal actual, mientras que 2.860 municipios exceden el umbral recomendado por la ciencia para proteger la salud pública. Este problema se atribuye principalmente a la ganadería industrial y el uso masivo de fertilizantes sintéticos. El mapa permite a los ciudadanos consultar la calidad del agua potable en sus áreas y resalta la necesidad urgente de abordar esta crisis ambiental para prevenir enfermedades como el cáncer colorrectal. Greenpeace también está recogiendo firmas para detener las macrogranjas, impulsando una mayor conciencia sobre los riesgos asociados con este modelo de producción agrícola.

Greenpeace ha denunciado el negacionismo climático de Trump, advirtiendo que su apuesta por los combustibles fósiles pone en riesgo la salud pública y profundiza la dependencia energética de la Unión Europea. La organización exige a la UE que rompa con esta dependencia, especialmente tras firmar contratos de gas estadounidense valorados entre 190.000 y 210.000 millones de euros, mucho más allá de 2035, cuando se espera eliminar el gas fósil. Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Greenpeace realizó una protesta visual para simbolizar esta peligrosa relación con líderes autoritarios. En España, las importaciones de gas estadounidense están alcanzando récords, lo que agrava la situación y compromete la transición hacia un sistema energético renovable.

Las organizaciones ambientales Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han expresado su grave preocupación por los proyectos de Ley de Montes y de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) que se encuentran en tramitación parlamentaria. Estas leyes, según las organizaciones, representan un retroceso significativo en la protección del medio ambiente, permitiendo descatalogaciones y cambios de uso del suelo que amenazan el patrimonio forestal. Además, advierten que la reducción del rigor en el control ambiental podría comprometer la protección de recursos esenciales como el agua y la biodiversidad. Las organizaciones instan a una actualización normativa que refuerce las garantías ambientales en lugar de debilitarlas, destacando la importancia de una gestión forestal efectiva y una adecuada integración entre políticas ambientales y gestión del agua en Andalucía.

El sindicato CCOO y representantes de destacadas organizaciones ambientales como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se reunieron para abordar la emergencia climática. Durante el encuentro, expresaron su preocupación por los riesgos asociados a la parálisis en la transición energética y discutieron propuestas para revitalizar las políticas públicas necesarias para mitigar el impacto del cambio climático en España. Unai Sordo, secretario general de CCOO, enfatizó la importancia de avanzar hacia una economía descarbonizada que ofrezca oportunidades de empleo verde y proteja la biodiversidad. Las organizaciones coincidieron en que es crucial mantener el compromiso con la transición energética y evitar retrocesos que pongan en peligro este proceso esencial.

Greenpeace ha alertado sobre los graves efectos de las cenizas de incendios forestales en la calidad del agua, tras las lluvias de otoño que arrastran contaminantes hacia ríos y acuíferos. Comunidades como Galicia, Castilla y León y Extremadura enfrentan problemas de turbidez y restricciones en el consumo de agua. Más de 900.000 hectáreas de masas de agua subterránea han sido afectadas en las últimas dos décadas, con un costo ambiental significativo. La organización enfatiza la necesidad urgente de medidas post-incendio para proteger los recursos hídricos y evitar futuras crisis ecológicas. Además, se requieren políticas que integren la protección del agua en la planificación hidrológica nacional ante el cambio climático.

Según una encuesta de Greenpeace, el 87 % de la población española considera esencial proteger los bosques para combatir el cambio climático. Este dato se revela a un mes de la Cumbre del Clima (COP30) y destaca que el 85 % de los españoles cree que el Gobierno debería intensificar sus esfuerzos contra la deforestación. A nivel global, el 86 % de los encuestados comparte esta opinión. La encuesta, realizada en septiembre de 2025 en 17 países, también muestra un amplio consenso sobre la necesidad de cooperación internacional para abordar la crisis forestal y la importancia de financiar directamente a comunidades indígenas para la protección de los bosques.

Las organizaciones ecologistas, incluyendo Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la Secretaría General de Pesca una revisión exhaustiva del Real Decreto en tramitación sobre la asignación de cuotas pesqueras. Estas entidades abogan por un reparto que favorezca prácticas pesqueras de bajo impacto y beneficie a las comunidades costeras. Critican que el borrador actual no prioriza adecuadamente las buenas prácticas ambientales y sociales. Proponen incentivos para reducir capturas accidentales, un reparto equitativo de cuotas y mayor transparencia en la gestión. Además, expresan su preocupación por modificaciones que podrían aumentar el esfuerzo pesquero sin justificación científica.

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil española, incluyendo Greenpeace y Amnistía Internacional, han exigido al Gobierno de España que se sume al Tratado sobre los Combustibles Fósiles. Esta demanda fue presentada durante el evento “Por una Transición Justa de los Combustibles Fósiles” en Madrid, donde se destacó que la extracción de combustibles fósiles es la principal causa de la emergencia climática y agrava las desigualdades sociales. Las organizaciones piden un liderazgo político en la próxima Conferencia de Santa Marta y un mecanismo internacional vinculante para una transición energética justa. La declaración busca posicionar a España como un actor clave en la lucha contra el cambio climático y promover justicia social y soberanía energética.

Greenpeace ha alertado sobre el agotamiento de la vida útil de los embalses en España, que están operando bajo presiones climáticas para las que no fueron diseñados. Muchas de estas infraestructuras, construidas entre 1950 y 1975, están alcanzando su umbral de vida útil teórica de 50 a 75 años. La acumulación de sedimentos y la falta de modernización en sus sistemas están comprometiendo su eficiencia operativa. Greenpeace destaca la necesidad urgente de invertir en la mejora y mantenimiento de estos embalses, así como en la restauración hidrológico-forestal del entorno para mitigar la erosión y garantizar una gestión adecuada del agua frente al cambio climático.

Greenpeace ha denunciado los problemas ambientales causados por las jaulas marinas de acuicultura en Melenara, Gran Canaria, y exige transparencia a las autoridades. La organización se unirá a una manifestación el 27 de diciembre para pedir la retirada de estas instalaciones, que están ubicadas en una zona prohibida según el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias. La situación se agravó tras el cierre de varias playas debido a manchas aceitosas y la muerte masiva del 40% de las lubinas cultivadas. Greenpeace reclama un análisis riguroso sobre las causas del problema y aboga por modelos de acuicultura sostenible frente al actual modelo industrial, que pone en riesgo la biodiversidad y la calidad del agua en la región.

La 30ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) se llevará a cabo del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, Brasil, un evento crucial para la acción climática global. Greenpeace destaca que esta COP representa una oportunidad única para abordar la deforestación y exigir justicia climática en un momento crítico, a solo diez años del Acuerdo de París. La conferencia se celebra en la Amazonía, un ecosistema vital amenazado por la crisis climática. Activistas y líderes mundiales se reunirán para demandar un acuerdo contundente que frene la deforestación y promueva una transición justa hacia energías sostenibles. Greenpeace enfatiza la necesidad de aumentar la financiación internacional para el clima y propone un plan global para cerrar la brecha entre los compromisos actuales y lo que es necesario para limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

Greenpeace ha publicado el informe 'Los otros Altri' con motivo del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, denunciando cómo proyectos corporativos amenazan espacios naturales protegidos en España, a menudo con la complicidad de las administraciones. El informe destaca que solo el 9% del territorio español presenta un estado de conservación favorable y expone ejemplos de proyectos perjudiciales en diversos sectores económicos. La organización llama a la movilización social para frenar estos ataques ambientales y exige el cumplimiento de normativas de protección de la biodiversidad, así como mayor transparencia y participación ciudadana en la gestión ambiental.

Un estudio de Greenpeace revela que la agroindustria española exporta el doble del agua que consumen todos los hogares del país, concentrándose en regiones afectadas por sequía. En 2024, se estima que la huella hídrica de estas exportaciones alcanzó 4.613 hm3, duplicando el consumo doméstico de 2.212 hm3. Las comunidades más involucradas son Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Murcia, con Alemania como principal destino. El informe critica el modelo agrario actual que favorece a grandes corporaciones y desplaza a pequeños productores, alertando sobre los problemas ambientales y sociales asociados. Greenpeace demanda un reconocimiento del agua como derecho humano y una gestión más equitativa de este recurso vital.

Greenpeace ha celebrado la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Carboneras, que declara el paraje de El Algarrobico como no urbanizable. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, permite avanzar hacia la demolición del edificio ilegal de 21 plantas ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía, destacó que aunque esta medida llega con 16 años de retraso, representa un paso importante en la lucha por la conservación del entorno costero y la eliminación de este símbolo de destrucción ambiental.