Ecologistas en Acción destaca la vulnerabilidad de la Sierra de Córdoba ante incendios forestales, instando a la Brigada de Investigación de la Junta de Andalucía y al SEPRONA a determinar el origen del reciente incendio. Subrayan que, aunque el fuego comenzó en la cuneta de la CO-3402, no se debe asumir que fue causado por una colilla. La organización enfatiza la necesidad de medidas específicas para reducir futuros riesgos, agradeciendo el esfuerzo del personal del INFOCA y pidiendo un reconocimiento a su labor. Además, critican la gestión urbanística que ha permitido construcciones ilegales en áreas forestales, aumentando la vulnerabilidad. Solicitan un Plan de Restauración para los terrenos afectados, con énfasis en proteger la regeneración natural.
Un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) revela que incluso los corales más resistentes del Caribe, como Siderastrea siderea, enfrentan serias amenazas debido al aumento de la temperatura del mar. Investigadores analizaron más de un siglo de crecimiento de estos corales en Martinica y encontraron que no se han recuperado de las olas de calor desde los años 80. La densidad de sus esqueletos ha disminuido un 10,5% entre 2010 y 2020, indicando que han superado su límite térmico para crecer adecuadamente. Este hallazgo subraya la necesidad urgente de acciones para proteger los arrecifes y mitigar el cambio climático.
Greenpeace ha denunciado en su informe "Destrucción a toda costa 2025" que la gestión del litoral español no está alineada con la realidad del cambio climático. A pesar de los efectos adversos del calentamiento global, se siguen impulsando proyectos urbanísticos en zonas costeras vulnerables. El informe identifica más de 500 puntos en riesgo a lo largo de los 7.900 kilómetros de costa española, destacando que las aguas que rodean la península ibérica se calientan un 67% más rápido que la media global. Greenpeace exige medidas urgentes para mitigar y adaptarse al cambio climático, advirtiendo sobre el aumento de la vulnerabilidad costera debido a la presión turística y la falta de coherencia en las políticas de ordenación territorial. La organización subraya la necesidad de proteger y restaurar los ecosistemas costeros para enfrentar estos desafíos ambientales.
Greenpeace ha lanzado un llamado urgente a la Unión Europea para implementar nuevos impuestos a las empresas fósiles y alcanzar emisiones cero netas para 2040, en respuesta al alarmante aumento de muertes por calor extremo en Europa. En España, casi 10,000 personas han fallecido por altas temperaturas en los últimos tres años, y el cambio climático está exacerbando fenómenos como incendios forestales, inundaciones y sequías. La organización destaca que las olas de calor son el evento más mortal en Europa y exige acciones climáticas ambiciosas para proteger a la población. Con la próxima Cumbre del Clima (COP30) en Brasil, Greenpeace enfatiza la necesidad de compromisos internacionales y planes concretos para abordar esta crisis global.
El Mediterráneo ha experimentado un notable aumento de temperatura en los últimos 40 años, con un incremento medio que ha alcanzado hasta cinco grados por encima de lo habitual. Este fenómeno se relaciona directamente con el cambio climático y sus efectos en el ecosistema marino. En particular, las temperaturas del agua han mostrado una tendencia al alza, siendo 2023 y 2024 años récord con anomalías significativas. Las playas más afectadas son las murcianas, especialmente las del Mar Menor, donde la temperatura media ha subido de 24 °C en 1986 a más de 27 °C en 2023. Este calentamiento no solo afecta la vida marina, sino que también puede influir en la formación de tormentas severas debido a la mayor disponibilidad de energía y humedad en la atmósfera. La crisis climática sigue marcando la pauta en el comportamiento del clima mediterráneo, haciendo urgente la atención sobre sus consecuencias.
Greenpeace celebra la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerada una victoria judicial histórica que prioriza los derechos humanos y el medio ambiente sobre los intereses de la industria fósil. Esta resolución establece que los gobiernos deben tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y que las empresas también tienen responsabilidades en este ámbito. La CIDH ha reconocido el derecho de la naturaleza a mantener sus procesos ecológicos, lo que refuerza la necesidad de un desarrollo sostenible. Este dictamen proporciona una base legal sólida para los planes climáticos que se presentarán en la próxima Cumbre del Clima en Brasil, subrayando el deber de los estados de proteger el futuro frente a la crisis climática.
Greenpeace ha criticado la nueva propuesta de la Comisión Europea para reducir las emisiones contaminantes hacia 2040, argumentando que se queda corta ante la emergencia climática. Aunque se plantea una reducción del 90% de las emisiones netas de carbono, la organización sostiene que esto no cumple con las recomendaciones científicas y permite compensaciones que evitan recortes efectivos dentro de la UE. Greenpeace advierte que esta estrategia podría retrasar el abandono de los combustibles fósiles y subraya la necesidad de un compromiso más ambicioso para alcanzar emisiones netas cero en 2040. La organización también destaca que algunas medidas propuestas podrían reforzar la acción climática, pero deben ser protegidas de intereses industriales que buscan frenar el progreso ambiental.
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Greenpeace propone una solución integral para abordar la pobreza energética y mejorar la habitabilidad de las viviendas en España, que se basa en tres ejes: financiación, asesoramiento y un marco institucional. La organización destaca la necesidad de una política de Estado que garantice el derecho a una vivienda digna, reduzca la factura energética y mejore el confort en el contexto del cambio climático. Se sugiere crear un gran fondo estatal para movilizar recursos públicos y privados, así como establecer oficinas de asesoramiento local para facilitar la rehabilitación de edificios. Greenpeace enfatiza la urgencia de implementar estas medidas ante el aumento de temperaturas extremas que afectan a muchas familias, proponiendo una rehabilitación masiva y accesible para asegurar viviendas sostenibles y eficientes energéticamente.
Un nuevo informe de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación destaca que las sequías se han convertido en un "asesino silencioso", exacerbadas por el cambio climático y el agotamiento de recursos. Este fenómeno ha llevado a una crisis global, con 90 millones de personas enfrentando hambre aguda en África Oriental y Meridional, donde se registran sequías históricas. En países como Zimbabue y Somalia, la situación es crítica, con cosechas devastadas y miles de muertes relacionadas con la falta de alimentos. Además, los efectos de la sequía se extienden a otros continentes, afectando economías y provocando crisis energéticas. El informe recomienda mejorar los sistemas de alerta temprana, implementar monitoreo en tiempo real y fomentar la cooperación global para mitigar estos impactos.
Las mujeres agricultoras en Perú, como Pascuala Pari, enfrentan desafíos severos debido al cambio climático, que incluye inundaciones y sequías que amenazan sus cultivos y medios de vida. En la región de Ácora, estas agricultoras han formado bancos de semillas para preservar la biodiversidad agrícola y asegurar su sustento. A pesar de su arduo trabajo, enfrentan la falta de derechos legales sobre la tierra, lo que limita su empoderamiento y capacidad de respuesta ante crisis climáticas. Expertos destacan la necesidad de proteger los derechos de las mujeres a la tierra y promover iniciativas que cambien las normas sociales discriminatorias. Las agricultoras están recuperando técnicas tradicionales y fomentando el conocimiento intergeneracional para enfrentar estos retos.
Las tormentas de arena y polvo afectan a más de 330 millones de personas en 150 países, causando muertes prematuras, problemas de salud y pérdidas económicas significativas. Estas tormentas, que pueden reducir la producción agrícola en un 20%, son exacerbadas por la degradación del suelo y la mala gestión del agua. A pesar de ser un fenómeno natural, su impacto se ha intensificado, convirtiéndose en un reto global que requiere acción coordinada. La Organización Meteorológica Mundial advierte sobre las graves consecuencias para la salud pública y la economía, instando a una mayor inversión en sistemas de alerta temprana y seguimiento de datos para mitigar sus efectos.
La crisis climática ha triplicado las muertes por calor en Europa, según un estudio del Imperial College London y la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Durante la ola de calor del 23 de junio al 2 de julio, se registraron miles de muertes en 12 ciudades europeas. Greenpeace exige que las empresas de combustibles fósiles asuman su responsabilidad y paguen por los daños causados. Activistas destacan que es urgente implementar multas e impuestos a estas empresas para hacer frente a los crecientes costos climáticos y sanitarios. La situación ha llevado a restricciones laborales y al cierre de escuelas en varios países europeos. Una encuesta indica que el 90% de los españoles apoya gravar a las petroleras por sus impactos climáticos.
Un análisis de los datos de AEMET revela que las olas de calor en España han evolucionado significativamente en los últimos 50 años, siendo más tempranas y prolongadas. Se prevé que junio de 2025 sea uno de los meses más cálidos registrados, con episodios extremos que se han vuelto comunes en este periodo. Desde 1975, Cuenca ha liderado el número de olas de calor, mientras que la última década ha visto un aumento notable en su frecuencia. El cambio climático juega un papel crucial en esta tendencia, haciendo que temperaturas extremas sean al menos cinco veces más probables debido a la actividad humana. Este fenómeno no solo afecta a España, sino también a otras regiones de Europa como Francia e Italia.
La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca en un nuevo informe que los 1300 millones de jóvenes del mundo, especialmente aquellos en países de ingresos bajos y medianos, jugarán un papel crucial en la transformación de los sistemas agroalimentarios. Este grupo enfrenta desafíos significativos como el aumento de la producción alimentaria, la sustitución de una fuerza laboral envejecida y la adaptación a fenómenos climáticos extremos. La inseguridad alimentaria entre los jóvenes ha aumentado considerablemente, afectando especialmente a África. El informe sugiere que mejorar las oportunidades laborales para esta generación podría incrementar el PIB global en un 1,4%. Se requiere una inversión en capacitación, recursos y modernización para empoderar a los jóvenes en el sector agrícola y abordar las amenazas climáticas que afectan su productividad.
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