Activismo

Greenpeace ha lanzado un mapa interactivo que revela la calidad del agua en los municipios de España, destacando la contaminación por nitratos. En 332 localidades, los niveles de nitratos superan el límite legal actual, mientras que 2.860 municipios exceden el umbral recomendado por la ciencia para proteger la salud pública. Este problema se atribuye principalmente a la ganadería industrial y el uso masivo de fertilizantes sintéticos. El mapa permite a los ciudadanos consultar la calidad del agua potable en sus áreas y resalta la necesidad urgente de abordar esta crisis ambiental para prevenir enfermedades como el cáncer colorrectal. Greenpeace también está recogiendo firmas para detener las macrogranjas, impulsando una mayor conciencia sobre los riesgos asociados con este modelo de producción agrícola.

Plataformas y asociaciones vecinales en Madrid han denunciado las graves consecuencias de las obras municipales en el arbolado urbano. La "Mesa Ciudadana del Árbol" alerta sobre la pérdida significativa de árboles debido a proyectos como el soterramiento de la A5 y la construcción de pasarelas, que afectan tanto a la movilidad vecinal como al patrimonio natural de la ciudad. Se reportan talas indiscriminadas y daños colaterales a arboledas, con un impacto negativo en diversas zonas, incluyendo el Parque Lineal de Sancho Dávila y el bosque metropolitano de Barajas. Ecologistas en Acción critica que estas obras, impulsadas por motivos electorales, desprecian el valor ecológico del arbolado, tratándolo como un simple mobiliario urbano.

Greenpeace ha celebrado la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Carboneras, que declara el paraje de El Algarrobico como no urbanizable. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, permite avanzar hacia la demolición del edificio ilegal de 21 plantas ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía, destacó que aunque esta medida llega con 16 años de retraso, representa un paso importante en la lucha por la conservación del entorno costero y la eliminación de este símbolo de destrucción ambiental.

En agosto de 2025, España enfrenta una crisis de incendios forestales devastadores, con más de 135.000 hectáreas arrasadas, afectando principalmente a Castilla y León, Extremadura y Galicia. La combinación de una primavera lluviosa que aumentó la materia combustible y el agravamiento del cambio climático ha llevado a un aumento en la frecuencia e intensidad de estos siniestros. Los expertos advierten sobre la necesidad urgente de implementar políticas efectivas de prevención y descarbonización para mitigar esta tragedia ecológica. Además, se denuncia el abandono institucional y la falta de recursos para los bomberos, quienes enfrentan condiciones precarias en su labor de protección. Es fundamental actuar ahora para enfrentar la crisis climática y proteger nuestros ecosistemas.

Las organizaciones ecologistas, incluyendo Amigos de la Tierra Malasia, han denunciado que el proyecto de créditos de carbono SaraCarbon, impulsado por la multinacional Samling Group en Marudi, Malasia, viola los derechos de las comunidades indígenas. Este proyecto amenaza prácticas tradicionales como la caza y la agricultura, al imponer controles severos sobre el uso del territorio indígena. Se critica que los créditos de carbono permiten a las empresas continuar contaminando mientras "compensan" sus emisiones, perpetuando así un modelo neocolonial que explota recursos en países del Sur Global. Las comunidades locales enfrentan violencia y limitaciones a sus libertades constitucionales, mientras se argumenta que estas soluciones no son efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las organizaciones llaman a rechazar este tipo de proyectos que profundizan la desigualdad y el expolio de tierras.

Greenpeace ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Ayuntamiento de Carboneras por la supuesta legalización de la licencia de obras del hotel Algarrobico. A pesar de una sentencia judicial que obliga a revisar dicha licencia, el consistorio ha presentado un plano que clasifica la zona como urbanizable, ignorando múltiples pronunciamientos judiciales que han declarado nula esta planimetría. Greenpeace considera esta acción como un intento de eludir las sentencias y se personará en el expediente para realizar un seguimiento del proceso. La organización ecologista ha estado luchando contra la legalización del hotel desde 2011, defendiendo la protección del paraje natural donde se ubica.

El documental "Infiltrada en el búnker", estrenado en Prime Video, revela la cruda realidad de la experimentación animal en un laboratorio de Madrid a través de la experiencia de una activista, Carlota Saorsa. Dirigido por Pablo de la Chica, el filme combina grabaciones encubiertas y reconstrucciones narrativas para crear un thriller impactante que denuncia prácticas poco éticas en la investigación científica. La producción destaca la valentía de Saorsa y el compromiso del equipo detrás del proyecto, buscando generar conciencia sobre la injusticia hacia los animales. Disponible en más de 240 países, este documental es parte del esfuerzo de Prime Video por ofrecer historias que inspiren y conciencien al público.

Ecologistas en Acción denuncia que la caza es la principal causa de los problemas ambientales en el Parque Nacional de Cabañeros, no una solución. Critican la falta de transparencia de la delegación europarlamentaria que visitará el parque y subrayan que el fin de la caza representa una oportunidad para restaurar ecosistemas y especies. La organización resalta los impactos negativos de la actividad cinegética, como la fragmentación del hábitat y la eliminación de depredadores naturales. Además, proponen métodos alternativos para el control poblacional de ungulados y piden a las autoridades que prioricen la conservación del parque sobre intereses particulares.

Greenpeace ha publicado el informe 'Los otros Altri' con motivo del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, denunciando cómo proyectos corporativos amenazan espacios naturales protegidos en España, a menudo con la complicidad de las administraciones. El informe destaca que solo el 9% del territorio español presenta un estado de conservación favorable y expone ejemplos de proyectos perjudiciales en diversos sectores económicos. La organización llama a la movilización social para frenar estos ataques ambientales y exige el cumplimiento de normativas de protección de la biodiversidad, así como mayor transparencia y participación ciudadana en la gestión ambiental.

Greenpeace ha llevado a cabo movilizaciones en más de 20 ciudades para exigir un modelo de transporte público que priorice a las personas. En el marco del Día Mundial Sin Coches y la Semana Europea de la Movilidad, la organización ecologista ha presentado la Garantía de Movilidad, una propuesta destinada a mejorar la frecuencia y cobertura del transporte público, promoviendo un sistema justo, seguro y sostenible. Greenpeace destaca que el sector del transporte es responsable del 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y aboga por un transporte accesible para todos, con horarios adecuados y coordinación entre servicios. Las actividades se han realizado en ciudades como A Coruña, Alicante, Sevilla y Valencia, y continuarán en otras localidades.

Ecologistas en Acción ha denunciado la falta de acción y planificación del Ayuntamiento de Madrid ante las recientes olas de calor, que han causado un aumento significativo en la mortalidad. Hasta el 11 de agosto, se registraron 1.869 muertes atribuibles al calor en España, un 34% más que el año anterior. La organización destaca que la crisis térmica afecta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, exacerbando desigualdades socioeconómicas. A pesar de conocer las medidas necesarias para mitigar estos efectos, como aumentar espacios verdes y mejorar el transporte público, las políticas actuales parecen contradecir estas soluciones. Ecologistas en Acción exige una estrategia integral para reverdecer la ciudad y proteger a los más afectados por el calor extremo.

Ecologistas en Acción Sierras ha solicitado la suspensión del ascenso final al Alto de Guarramillas en la Vuelta Ciclista a España 2025, argumentando que este tipo de eventos deportivos masivos impacta negativamente en el delicado ecosistema de montaña de la Sierra de Guadarrama. La organización ha presentado escritos a diversas autoridades para que no se autorice esta etapa, recordando los problemas ocurridos en ediciones anteriores. Subrayan que la protección del medio ambiente debe prevalecer sobre la mercantilización de la naturaleza y proponen que la etapa final termine en el Puerto de Navacerrada, evitando así el ascenso al Alto de Guarramillas.

Greenpeace ha valorado positivamente la reciente decisión del Ayuntamiento de Carboneras de iniciar la revisión de la licencia de obras del hotel Algarrobico, aunque considera innecesario que este proceso se haya llevado a pleno. La organización ecologista destaca que esta acción, obligada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2018, llega con siete años de retraso y refleja una estrategia del ayuntamiento para dilatar el cumplimiento judicial. A pesar de ello, Greenpeace celebra el avance hacia la resolución del conflicto legal en torno al hotel, pero advierte que aún quedan asuntos pendientes, como la publicación del nuevo plan general de ordenación urbana que declare los terrenos no urbanizables. Además, Greenpeace insta a la Junta de Andalucía a iniciar un proceso de expropiación sobre los terrenos del hotel ubicados en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Activistas de Greenpeace han "precintado" simbólicamente cajeros del banco Santander en 17 ciudades de España para denunciar su contribución a la destrucción de la Amazonía. La protesta, que incluye cintas y pegatinas con mensajes como "Santander mata la Amazonía", busca alertar sobre las inversiones del banco en JBS, la mayor empresa cárnica mundial, vinculada a la deforestación. Greenpeace exige que el Santander deje de financiar prácticas que amenazan el ecosistema amazónico y destaca la necesidad urgente de detener la degradación ambiental para combatir el cambio climático.