04/07/2025@12:56:41
La contaminación por ozono ha alcanzado niveles alarmantes en España, con más de cien superaciones del umbral de información en diversas ciudades durante la primera ola de calor del verano. A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades españolas han optado por medidas informativas insuficientes, mientras que Francia ha implementado restricciones de tráfico y otras acciones para mitigar el problema. En varias estaciones de medición se han sobrepasado los nuevos límites legales establecidos para proteger la salud pública. El ozono troposférico, conocido como "ozono malo", está vinculado a un aumento en enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y su impacto negativo también afecta a la vegetación y la agricultura. La falta de acción efectiva por parte de las administraciones locales contrasta con las medidas proactivas adoptadas en otros países europeos.
Greenpeace España ha presentado alegaciones al proyecto de orden ministerial que excluye ciertas frutas y hortalizas de la obligación de venta a granel, denunciando que esta lista es excesiva e injustificada. La organización critica el uso de plástico en productos ecológicos y propone limitar las excepciones solo a aquellos casos donde existan pruebas científicas de riesgo real. Greenpeace aboga por priorizar la venta a granel y el uso de envases reutilizables o compostables, instando al gobierno a legislar para eliminar los plásticos de un solo uso y fomentar un modelo de consumo sostenible. En el contexto del Día Mundial sin Bolsas de Plástico, la organización enfatiza la urgencia de actuar contra la contaminación plástica, que afecta gravemente al medio ambiente y la salud pública.
Un estudio de SEO/BirdLife revela que dos de cada tres cigüeñas blancas analizadas presentan contaminación por macroplásticos en sus tractos digestivos. De 1.550 ejemplares examinados, 1.045 contenían plásticos, con un 32,7% mostrando contaminantes sólidos. Las gomas elásticas y la silicona son los materiales más comunes encontrados. Este hallazgo subraya el grave impacto de la contaminación en las aves y la necesidad de mejorar la gestión de residuos y concienciar sobre este problema ambiental. La investigación se llevó a cabo entre 1997 y 2019 en Aragón, destacando la relación entre la ingesta de plásticos y la búsqueda de alimento en vertederos.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se prepara para juzgar un caso histórico que aborda la inacción de las administraciones frente a la contaminación generada por la ganadería industrial en As Conchas. Este juicio, programado para el 13 de junio, podría establecer un precedente jurídico significativo sobre derechos fundamentales y la responsabilidad de las autoridades en la gestión ambiental. Nueve demandantes, incluidos vecinos y organizaciones como Amigas de la Tierra y ClientEarth, argumentan que la mala gestión ha permitido una grave contaminación del embalse durante más de una década. La fiscalía apoya la demanda, señalando que la inacción administrativa infringe los derechos humanos de la comunidad afectada. Este caso podría inspirar a otras comunidades europeas a luchar contra situaciones similares.
Greenpeace ha expresado su firme rechazo a la autorización para la reapertura de la mina Los Frailes en Aznalcóllar, que permitirá el vertido de 85.5 hectómetros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados durante más de 18 años. Este vertido representa una grave amenaza para el estuario del Guadalquivir y los ecosistemas circundantes, incluyendo el Parque Nacional de Doñana. La organización advierte que este proyecto incumple requisitos esenciales para proteger el corredor ecológico del Guadiamar y podría agravar la contaminación existente en el estuario, ya afectado por vertidos anteriores. Greenpeace insiste en que se debe priorizar la recuperación ecológica del área en lugar de permitir nuevas amenazas a un ecosistema ya vulnerable.
Greenpeace ha exigido el cierre inmediato de la macrogranja avícola de Llucmajor en Mallorca, tras conocer las condiciones inhumanas en las que viven los animales y la insalubridad de los alimentos producidos. La organización denuncia que esta explotación opera sin la Autorización Ambiental Integrada, incumpliendo normativas y poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente. Además, se investiga un posible fraude relacionado con la cría de gallinas camperas. Greenpeace insta a las autoridades a realizar inspecciones urgentes en todas las macrogranjas del país para detener este modelo de ganadería industrial insostenible.
El 99% de los entornos escolares en España superan los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) recomendados por la OMS, según un estudio realizado por Ecologistas en Acción. De las 174 escuelas analizadas en 14 núcleos urbanos, solo dos cumplen con las pautas de calidad del aire. Este alarmante resultado resalta la necesidad urgente de medidas para reducir la contaminación en áreas escolares, donde el aire que respiran niños y niñas puede afectar gravemente su salud. La organización ecologista insta a las administraciones locales a implementar acciones efectivas para garantizar entornos educativos más saludables y seguros.
Ecologistas en Acción ha lanzado una campaña para alertar sobre los graves impactos ambientales y sociales de las ampliaciones de aeropuertos previstas por Aena, coincidiendo con la Junta General de Accionistas de la empresa. Con un presupuesto estimado de 7.000 millones de euros, se planea ampliar varios aeropuertos, lo que podría intensificar problemas como la turistificación, el aumento del ruido y la contaminación atmosférica. La organización ecologista aboga por políticas más sostenibles y denuncia que estas ampliaciones contradicen los objetivos de reducción de emisiones establecidos por el Gobierno español.
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El 63 % de la población de Andalucía respiró aire contaminado por encima de los nuevos límites legales establecidos por la Unión Europea, según un informe de Ecologistas en Acción. En 2024, aproximadamente 5,5 millones de andaluces estuvieron expuestos a niveles de contaminación que superan las normativas vigentes. Las ciudades como Algeciras, Córdoba y Sevilla incumplieron los límites anuales de dióxido de nitrógeno. A pesar de una mejora general en la calidad del aire respecto a años anteriores, el cambio climático y la falta de implementación efectiva de zonas de bajas emisiones agravan la situación. La organización destaca la necesidad urgente de que las administraciones adopten medidas eficaces para cumplir con las nuevas directivas antes de 2030.
Voluntarios de APNAL-Ecologistas en Acción Vinaròs han retirado 150 kg de residuos en solo 400 metros de la playa del Surrach, en Benicarló. Esta acción se enmarca dentro de la actividad internacional "Clean up the sea" y revela la alarmante cantidad de basura, principalmente plásticos y residuos agrícolas, que contaminan este litoral virgen. Entre los desechos encontrados se incluyen botellas, latas, envases de fitosanitarios y hasta un carrito de minusválido. La limpieza pone de manifiesto la necesidad urgente de concienciar sobre la contaminación en el mar Mediterráneo y sus efectos negativos en la biodiversidad y el medio ambiente.
La Plataforma Salvemos Doñana rechaza los vertidos mineros de Aznalcóllar al río Guadalquivir, argumentando que es fundamental alcanzar un vertido cero para garantizar la sostenibilidad ambiental y proteger actividades económicas como la pesca y el cultivo de arroz en la comarca de Doñana. La organización destaca la necesidad de conservar las aguas superficiales y subterráneas de esta área, tras recordar el desastre ecológico ocurrido en 1998 por la rotura de una presa en la mina. Se advierte que los nuevos vertidos contaminantes amenazan no solo el ecosistema del Guadalquivir, sino también la calidad de los cultivos y recursos pesqueros locales. Salvemos Doñana exige a las autoridades andaluzas priorizar la conservación del parque nacional sobre proyectos mineros que puedan comprometer su integridad.
Un estudio del CSIC revela concentraciones "excepcionalmente altas" de microplásticos en las Islas Columbretes, afectando al coral Cladocora caespitosa, una especie en peligro. Las muestras analizadas mostraron más de 6.000 partículas por kilo de sedimento, superando cifras de otros puntos del Mediterráneo. Este fenómeno se atribuye al "efecto trampa" que ejercen los corales y la forma de la bahía, acumulando contaminantes arrastrados por corrientes marinas. Los investigadores advierten sobre los efectos adversos potenciales para la salud del coral y proponen medidas como la prohibición de plásticos de un solo uso para mitigar esta crisis ambiental.
Los alimentos en España están contaminados por 130 plaguicidas, un 23% más que el año anterior, según un informe de Ecologistas en Acción. El 41% de la fruta presenta residuos de plaguicidas, con 60 sustancias no autorizadas por la UE y 49 disruptores endocrinos detectados. Aunque solo el 1,73% de las muestras superó los límites legales, la exposición combinada a múltiples plaguicidas plantea riesgos para la salud pública. La organización ecologista insta al Ministerio de Agricultura a garantizar alimentos libres de tóxicos y recomienda optar por productos locales y de temporada para reducir la ingesta de contaminantes.
Greenpeace ha publicado un informe titulado "Oro tóxico", que revela la devastadora realidad de la minería ilegal de oro en la Amazonía, donde se han destruido más de 4.000 hectáreas en los últimos dos años. A pesar de los esfuerzos del gobierno brasileño para combatir esta actividad, el informe indica que la minería ilegal sigue expandiéndose, afectando especialmente a los territorios indígenas Yanomami, Munduruku, Kayapó y Sararé. La investigación destaca un aumento del 93% en las actividades mineras ilegales en Sararé y señala discrepancias alarmantes en los datos sobre el comercio de oro entre Brasil y Suiza. Greenpeace advierte sobre el impacto ambiental y social de esta práctica, que amenaza la biodiversidad y las comunidades indígenas. La reciente decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil para exigir verificación del origen del oro es un paso positivo, pero se requieren medidas adicionales para asegurar una protección efectiva a largo plazo.
La Confederación Hidrográfica del Duero ha confirmado que el Ayuntamiento de La Pola de Gordón realizó obras sin autorización en las balsas de decantación de las explotaciones mineras de Santa Lucia, transformándolas en lagunas artificiales de pesca. Estas acciones se llevaron a cabo en una zona restringida y sin la concesión de agua necesaria. Ecologistas en Acción ha solicitado a la CHD que revise la autorización de vertido anterior y que se les considere parte interesada en el expediente sancionador contra el Ayuntamiento. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la gestión del agua y la contaminación derivada de las minas abandonadas.
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