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La inteligencia artificial se está utilizando frecuentemente por los Estados para rastrear y acosar a activistas de los derechos de los pueblos indígenas, según alertó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Durante un evento sobre derechos indígenas, destacó que estos defensores enfrentan amenazas y represalias, mientras que las nuevas tecnologías podrían ser herramientas útiles para monitorear cambios ambientales. Türk enfatizó la necesidad de incluir a los pueblos indígenas en las decisiones sobre el desarrollo de estas tecnologías para evitar que se reproduzcan desigualdades existentes. Además, mencionó la impunidad en los asesinatos de defensores indígenas y la discriminación que sufren en acceso a justicia, salud y educación. Los pueblos originarios son también particularmente vulnerables al cambio climático, lo que requiere una integración de su sabiduría en políticas futuras.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, destacó en la Cumbre de los BRICS la necesidad de una respuesta multilateral a la inteligencia artificial (IA) que promueva la equidad y los derechos humanos. Subrayó que esta tecnología debe beneficiar a todos, especialmente a los países en desarrollo, y abogó por una gobernanza global que incluya su voz en las decisiones sobre IA. Guterres también enfatizó la importancia de reformar el multilateralismo y las instituciones internacionales para abordar desequilibrios estructurales y maximizar el potencial positivo de la IA como motor de crecimiento sostenible.
Greenpeace celebra la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerada una victoria judicial histórica que prioriza los derechos humanos y el medio ambiente sobre los intereses de la industria fósil. Esta resolución establece que los gobiernos deben tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y que las empresas también tienen responsabilidades en este ámbito. La CIDH ha reconocido el derecho de la naturaleza a mantener sus procesos ecológicos, lo que refuerza la necesidad de un desarrollo sostenible. Este dictamen proporciona una base legal sólida para los planes climáticos que se presentarán en la próxima Cumbre del Clima en Brasil, subrayando el deber de los estados de proteger el futuro frente a la crisis climática.
37 organizaciones han enviado una carta al presidente Pedro Sánchez y a varios organismos del Gobierno de España, exigiendo el cese de la financiación pública a combustibles fósiles, la deforestación y el militarismo. En el contexto de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Financiación Internacional para el Desarrollo, piden que bancos como Banco Santander, BBVA y CaixaBank retiren sus inversiones en sectores que agravan la crisis climática. Las organizaciones solicitan también un aumento en la regulación de las actividades bancarias para cumplir con los compromisos internacionales relacionados con el cambio climático y los derechos humanos.
El Congreso de los Diputados vota hoy, 20 de mayo de 2025, sobre una Proposición de Ley que busca reformar la Ley 53/2007 para permitir embargar armas a estados acusados de genocidio, como Israel. Esta iniciativa, registrada en julio de 2024 y respaldada por más de 600 organizaciones civiles, surge ante la grave situación en Palestina, donde se reportan más de 52,000 muertes. La presión social ha sido clave, con movilizaciones masivas exigiendo el fin del comercio de armas con Israel. La aprobación de esta ley es vista como un paso crucial para garantizar la paz y los derechos humanos. Se convoca una concentración frente al Congreso para visibilizar el apoyo popular a esta causa.
Organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional y Greenpeace, exigen una reforma urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, antes de su décimo aniversario en julio de 2025. Esta ley ha sido criticada por vulnerar derechos humanos y criminalizar la protesta, con más de 429,000 sanciones impuestas desde su entrada en vigor. Las organizaciones demandan la prohibición del perfilamiento racial, la eliminación del rechazo en frontera y la modificación de artículos que afectan negativamente el derecho a la protesta. Se llevará a cabo una manifestación en Madrid para exigir cambios concretos en esta legislación.
Ecologistas en Acción se opone firmemente al aumento del gasto militar en la Unión Europea, argumentando que este enfoque perpetúa la violencia y desatiende necesidades sociales urgentes como la educación, sanidad y vivienda. La organización denuncia que el rearme no solo agrava la crisis social, sino que también tiene un impacto ambiental significativo, especialmente en un contexto de emergencia ecológica. Además, critican la postura del gobierno español por priorizar el militarismo sobre políticas que promuevan justicia social y ambiental. Ecologistas en Acción aboga por una cultura de paz basada en el diálogo y la cooperación, rechazando el uso de armas como solución a los conflictos globales. Para más información, visita el enlace: https://www.ecologistasenaccion.org/335812/ecologistas-en-accion-contra-el-incremento-masivo-del-gasto-militar-y-el-regimen-de-guerra-en-la-union-europea/.
Un estudio revela que España exportó en 2023 alrededor de 17.000 toneladas de plaguicidas prohibidos en la Unión Europea, principalmente a países del Sur global, lo que pone en riesgo la salud y el medio ambiente de estas naciones. La investigación, titulada 'Doble rasero, doble riesgo', destaca la necesidad urgente de que España prohíba estas exportaciones, ya que su uso sin regulación adecuada causa graves daños, incluyendo muertes infantiles por envenenamiento. Además, se señala que esta prohibición no tendría un impacto significativo en el empleo español. Las organizaciones involucradas instan al gobierno a cumplir con sus compromisos europeos y a mejorar el control sobre las importaciones de alimentos contaminados.
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha afirmado que los derechos humanos deben ser fundamentales en la era digital. Durante un evento con motivo del vigésimo aniversario de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, destacó el potencial de las tecnologías digitales para mejorar el acceso a servicios esenciales como la sanidad y la educación, pero también advirtió sobre los riesgos que conllevan, como la restricción de libertades y la desinformación. Türk enfatizó la necesidad de priorizar los derechos humanos en la regulación digital y fomentar un entorno inclusivo que proteja a las personas frente a abusos y discriminación.
La crisis climática se ha convertido en una grave amenaza para los derechos humanos, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Los efectos del cambio climático, como olas de calor, inundaciones y sequías, impactan directamente en derechos fundamentales como la vida y la salud. Türk enfatiza la necesidad urgente de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para garantizar una transición justa hacia economías sostenibles. Advierte sobre la insostenibilidad de los patrones actuales de producción y consumo y destaca que las energías renovables son clave para el futuro. Además, subraya la importancia de rendir cuentas a las empresas contaminantes y asegura que una transformación justa es esencial para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se prepara para juzgar un caso histórico que aborda la inacción de las administraciones frente a la contaminación generada por la ganadería industrial en As Conchas. Este juicio, programado para el 13 de junio, podría establecer un precedente jurídico significativo sobre derechos fundamentales y la responsabilidad de las autoridades en la gestión ambiental. Nueve demandantes, incluidos vecinos y organizaciones como Amigas de la Tierra y ClientEarth, argumentan que la mala gestión ha permitido una grave contaminación del embalse durante más de una década. La fiscalía apoya la demanda, señalando que la inacción administrativa infringe los derechos humanos de la comunidad afectada. Este caso podría inspirar a otras comunidades europeas a luchar contra situaciones similares.
Más de 200 organizaciones de la sociedad civil en Europa han denunciado la falta de transparencia de la Unión Europea sobre proyectos mineros declarados estratégicos, que afectan a comunidades locales y al medio ambiente. A través de una carta dirigida a la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, estas organizaciones exigen acceso a información pública y ambiental relacionada con estos proyectos, que han sido catalogados como prioritarios para acelerar la obtención de minerales críticos. La denuncia destaca que muchos de estos proyectos se ubican cerca de áreas protegidas y podrían vulnerar derechos ambientales y sociales. Además, se critica que las políticas actuales profundizan desigualdades y no garantizan una transición ecológica justa. Las organizaciones piden una revisión inmediata de los proyectos seleccionados para asegurar prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
Amigas de la Tierra se une a diversas organizaciones y personalidades en un manifiesto que aboga por la paz frente al creciente belicismo y gasto militar en Europa. La iniciativa critica el uso de fondos públicos destinados a hospitales, escuelas y servicios sociales para financiar armamento, destacando la necesidad de priorizar el diálogo y la cooperación sobre la guerra. Se alerta sobre los riesgos de un aumento militar que podría llevar a una larga confrontación con Rusia y generar retrocesos en derechos y libertades. La organización enfatiza que la verdadera seguridad proviene de políticas sociales efectivas y llama a la ciudadanía a exigir un enfoque pacifista en lugar de uno bélico.
Un nuevo informe de Amigas de la Tierra revela las falsas soluciones de la industria cárnica, una de las más contaminantes y que infringe derechos humanos y ambientales. A pesar de las promesas de sostenibilidad, esta industria utiliza tácticas engañosas para promover el consumo de carne. El informe busca desmentir estas estrategias y aclarar la realidad detrás de la producción cárnica. Para más detalles, consulta el informe completo en su sitio web.
El jurado del condado de Morton, Dakota del Norte, ha declarado culpable a Greenpeace Internacional y a dos entidades de Greenpeace en Estados Unidos en un juicio SLAPP promovido por la petrolera Energy Transfer, reclamando más de 660 millones de dólares. A pesar de esta sentencia, Greenpeace anunció su intención de apelar el veredicto y continuar luchando contra lo que consideran un intento de silenciar la libertad de expresión y la protesta pacífica. Este caso resalta una tendencia alarmante donde corporaciones utilizan demandas para oprimir a activistas y organizaciones sin ánimo de lucro. Greenpeace enfatiza que no se rendirá en su defensa del medio ambiente y los derechos fundamentales.
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