Más de 200 organizaciones europeas exigen transparencia sobre proyectos mineros estratégicos de la UE

Más de 200 organizaciones de la sociedad civil en Europa han alzado la voz contra lo que consideran una grave falta de transparencia por parte de la Comisión Europea. Estas entidades, que se ven afectadas directamente por proyectos extractivos recientemente declarados estratégicos, han denunciado la ocultación de información básica sobre dichos proyectos.

A través de una carta dirigida a la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a los Grupos Políticos, las organizaciones firmantes han exigido el ejercicio del derecho a acceder a información pública y ambiental. Este reclamo surge tras la reciente publicación de una lista de "proyectos estratégicos" bajo el Reglamento de Materias Primas Fundamentales, cuyo objetivo es acelerar la obtención de minerales cruciales para diversas industrias.

Impacto en comunidades locales

La designación como proyecto estratégico permite una tramitación acelerada de permisos y limita la participación efectiva de las comunidades locales. Además, estos proyectos recibirán un estatus prioritario en procesos administrativos y judiciales, así como apoyo financiero por parte de la Comisión Europea. Un aspecto alarmante es que muchos yacimientos de “minerales críticos” se encuentran cerca o dentro de zonas protegidas, como la Red Natura 2000, lo que podría debilitar las directivas ambientales existentes.

Ante esta situación, numerosas organizaciones ecologistas y colectivos sociales han solicitado formalmente a la Unión Europea información sobre los proyectos para evaluar su impacto ambiental y social. A pesar de sus esfuerzos, han enfrentado la negativa por parte de los organismos europeos a proporcionar datos esenciales. En total, 230 organizaciones han unido fuerzas en una carta dirigida a Metsola y a los Grupos Políticos para reiterar su demanda de acceso a información pública.

Preocupaciones sobre desigualdad y derechos humanos

La falta de transparencia genera incertidumbre respecto a los criterios utilizados para otorgar privilegios económicos y administrativos a ciertos proyectos. Esto no solo representa una vulneración del Convenio de Aarhus sobre acceso a información ambiental, sino que también podría profundizar las desigualdades sociales y territoriales existentes. Las políticas actuales sobre minerales críticos parecen alejarse del objetivo de garantizar una transición ecológica justa.

Las organizaciones advierten que estas políticas pueden intensificar el expolio de recursos en el Sur Global sin proteger adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas ni las comunidades locales. Por ello, exigen una revisión inmediata de los proyectos estratégicos seleccionados para asegurar que no se otorgue esta calificación a aquellos con malas prácticas ambientales o ubicados en áreas protegidas.

Llamado a un cambio radical

Las entidades firmantes subrayan la necesidad urgente de un cambio radical en las políticas relacionadas con materias primas minerales. Proponen priorizar la reducción de demanda y el reciclaje antes que nuevas extracciones, poniendo siempre en el centro el bienestar social y ambiental. Para lograrlo, es fundamental establecer una planificación espacial estratégica clara que defina qué materias primas son necesarias y dónde pueden ser extraídas sin poner en riesgo el entorno.

En España, se ha criticado la selección de minas con antecedentes problemáticos como Las Cruces (Sevilla), La Parrilla (Cáceres) y Aguablanca (Badajoz). Estas operaciones han sido objeto de sanciones por irregularidades ambientales significativas. La mina La Parrilla fue cerrada en 2022 debido a actividades ilegales relacionadas con residuos mineros, mientras que Las Cruces enfrenta múltiples sanciones por extracciones ilegales.

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