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El Gobierno de España ha adjudicado 19 millones de euros para la investigación en semiconductores y el desarrollo de chips cuánticos, en el marco de la Empresa Común de Chips (Chips JU) de la Unión Europea. Esta inversión movilizará más de 60 millones de euros, gracias a la colaboración entre la administración española, la Comisión Europea y empresas privadas. Se destinarán 6,5 millones a cinco líneas piloto cuánticas, con un enfoque en mejorar la fabricación de chips cuánticos. Además, se han aprobado más de 12,3 millones para 36 proyectos de I+D en el sector privado, abordando retos tecnológicos como ciberseguridad y computación sostenible. Estas iniciativas son clave para fortalecer la soberanía tecnológica de Europa en el ámbito de los semiconductores.

España se posiciona como líder en la Unión Europea al acoger el mayor número de investigadores posdoctorales en la convocatoria Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA PF) 2025. Con un total de 182 proyectos financiados, España obtiene un retorno de 38,8 millones de euros, representando el 14,8% del presupuesto total de la convocatoria. Este año, se presentaron 1.935 propuestas por instituciones españolas, logrando una tasa de éxito del 9,41%. La mayoría de los proyectos se distribuyen en áreas como ciencias sociales, humanidades y química. La Agencia Estatal CSIC lidera con 35 proyectos financiados, reafirmando la competitividad y capacidad del sistema español para atraer talento internacional.

Ceit lidera el proyecto europeo MITHOS, que busca transformar la gestión del transporte multimodal mediante una plataforma inteligente en la nube. Este sistema integrará diferentes medios de transporte como trenes, autobuses y bicicletas, optimizando su uso y fomentando una movilidad más sostenible y accesible. MITHOS abordará barreras actuales como la desconexión de infraestructuras y la fragmentación de datos, permitiendo evaluar simultáneamente criterios clave como seguridad, emisiones y costes operativos. Se llevarán a cabo cuatro pilotos en ciudades europeas, incluyendo Bilbao, para validar su eficacia. Se espera que el proyecto reduzca tiempos de transporte y emisiones contaminantes significativamente para 2030.

Greenpeace Internacional ha solicitado al Tribunal de Distrito de Dakota del Norte que rechace la petición de Energy Transfer para obtener una orden judicial "anti-suit". Esta medida busca evitar que la empresa rinda cuentas ante la justicia de los Países Bajos y la Unión Europea por demandas SLAPP interpuestas en Estados Unidos. Greenpeace argumenta que esta solicitud violaría principios de cortesía internacional y socavaría la protección de la libertad de expresión en Europa. El asesor jurídico de Greenpeace, Daniel Simons, destaca que este intento refleja el temor de Energy Transfer a enfrentar un sistema legal que protege a los ciudadanos de tácticas intimidatorias. La decisión del tribunal aún está pendiente.

Greenpeace ha lanzado un llamado urgente a la Unión Europea para implementar nuevos impuestos a las empresas fósiles y alcanzar emisiones cero netas para 2040, en respuesta al alarmante aumento de muertes por calor extremo en Europa. En España, casi 10,000 personas han fallecido por altas temperaturas en los últimos tres años, y el cambio climático está exacerbando fenómenos como incendios forestales, inundaciones y sequías. La organización destaca que las olas de calor son el evento más mortal en Europa y exige acciones climáticas ambiciosas para proteger a la población. Con la próxima Cumbre del Clima (COP30) en Brasil, Greenpeace enfatiza la necesidad de compromisos internacionales y planes concretos para abordar esta crisis global.

Greenpeace ha criticado la nueva propuesta de la Comisión Europea para reducir las emisiones contaminantes hacia 2040, argumentando que se queda corta ante la emergencia climática. Aunque se plantea una reducción del 90% de las emisiones netas de carbono, la organización sostiene que esto no cumple con las recomendaciones científicas y permite compensaciones que evitan recortes efectivos dentro de la UE. Greenpeace advierte que esta estrategia podría retrasar el abandono de los combustibles fósiles y subraya la necesidad de un compromiso más ambicioso para alcanzar emisiones netas cero en 2040. La organización también destaca que algunas medidas propuestas podrían reforzar la acción climática, pero deben ser protegidas de intereses industriales que buscan frenar el progreso ambiental.

Un estudio reciente señala las dificultades que enfrenta la Unión Europea para implementar la transición energética y digital, un proceso clave tras el lanzamiento del plan de recuperación Next Generation EU en 2020. Este plan busca transformar a España en una sociedad más verde, digital e inclusiva mediante inversiones estratégicas, especialmente en energías renovables. A febrero de 2025, se habían comprometido más de 8.400 millones de euros para proyectos relacionados con esta transformación. La investigación destaca la necesidad de abordar los retos asociados a estos cambios fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad en Europa.

El Gobierno de España ha aprobado un nuevo Real Decreto que modifica los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos. Esta normativa busca garantizar la estabilidad del mercado interior de la Unión Europea ante crisis como la pandemia del COVID-19, asegurando la libre circulación de mercancías y la disponibilidad de bienes esenciales. El decreto establece procedimientos de emergencia para introducir rápidamente equipos radioeléctricos en el mercado durante situaciones críticas, permitiendo a los fabricantes acelerar el suministro sin completar los procesos habituales de evaluación de conformidad.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lidera un contrato europeo de 2,6 millones de euros para aplicar inteligencia artificial en la generación de proyecciones regionales del cambio climático. Esta iniciativa, adjudicada al Instituto de Física de Cantabria (IFCA), busca desarrollar emuladores basados en aprendizaje profundo que reproduzcan el comportamiento de modelos climáticos regionales. El proyecto tiene como objetivo mejorar las proyecciones climáticas a escala regional y facilitar el acceso a datos más detallados para científicos y responsables políticos. Además, se establecerán nuevos estándares de calidad y metadatos, garantizando que los datos generados sean accesibles y reutilizables. La colaboración incluye ocho instituciones europeas destacadas, consolidando así el papel del CSIC en la investigación sobre cambio climático e inteligencia artificial.

Un estudio internacional revela que los objetivos de la Unión Europea para proteger a los polinizadores son insuficientes. Publicado en la revista Science, el trabajo destaca la necesidad de aumentar la extensión y calidad de los hábitats naturales en tierras agrícolas para garantizar la supervivencia de estos insectos esenciales para la biodiversidad y la producción agrícola. Los investigadores sugieren que se requiere al menos un 16% de hábitat natural para abejas solitarias, un 18% para abejorros y un 37% para mariposas. Además, enfatizan que no solo es crucial ampliar el área de hábitats, sino también asegurar su calidad y permanencia a largo plazo. La investigación forma parte del proyecto europeo SHOWCASE, que busca integrar la conservación de la biodiversidad en las prácticas agrícolas.

El CSIC se posiciona como un actor fundamental en el diseño y fabricación de chips en Europa, contribuyendo a la soberanía tecnológica del continente. España establecerá dos centros de competencia, MicroNanoSpain CC y PIXSpain CC, con el Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM) participando activamente en ambos. Estos centros buscan fortalecer las capacidades europeas en semiconductores, facilitando acceso a tecnología avanzada y formación especializada. Con una financiación significativa y una red colaborativa que incluye universidades y empresas, el IMB-CNM se destaca por su infraestructura de micro y nanofabricación, apoyando la innovación en circuitos fotónicos integrados y otros campos emergentes. La iniciativa Chips JU respalda este esfuerzo, asegurando la resiliencia tecnológica de Europa ante desafíos globales.

El G6 de la ciencia, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha instado a la Unión Europea a desarrollar una estrategia para la inteligencia artificial (IA) que promueva su soberanía y uso responsable. En un manifiesto, destacan la importancia de la IA en la investigación científica, subrayando su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos y acelerar descubrimientos en diversas disciplinas. El G6 propone aumentar las inversiones en investigación básica de IA, fomentar el intercambio de talento y crear infraestructuras colaborativas para fortalecer el liderazgo europeo en innovación científica. Además, abogan por un marco ético que garantice el uso responsable de esta tecnología.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, inauguró la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Sevilla, destacando que "la ciencia es, más que nunca, una prioridad política y democrática". En este evento, organizado por el Ministerio en colaboración con la ONU, se abordaron temas cruciales como el desarrollo sostenible y la cooperación internacional. Morant enfatizó la importancia de la ciencia y tecnología para enfrentar desafíos globales como el cambio climático y la crisis alimentaria. Además, participó en la colocación de la primera piedra del nuevo edificio del Centro Común de Investigación (JRC) y firmó acuerdos para ofrecer conexión a internet en zonas desfavorecidas. La conferencia busca fortalecer la colaboración entre gobiernos y organizaciones internacionales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Más de 200 organizaciones de la sociedad civil en Europa han denunciado la falta de transparencia de la Unión Europea sobre proyectos mineros declarados estratégicos, que afectan a comunidades locales y al medio ambiente. A través de una carta dirigida a la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, estas organizaciones exigen acceso a información pública y ambiental relacionada con estos proyectos, que han sido catalogados como prioritarios para acelerar la obtención de minerales críticos. La denuncia destaca que muchos de estos proyectos se ubican cerca de áreas protegidas y podrían vulnerar derechos ambientales y sociales. Además, se critica que las políticas actuales profundizan desigualdades y no garantizan una transición ecológica justa. Las organizaciones piden una revisión inmediata de los proyectos seleccionados para asegurar prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.