emergencia climatica

Más de un centenar de organizaciones sociales y ecologistas han lanzado un manifiesto en el Día de la Tierra, advirtiendo sobre el debilitamiento de las políticas ambientales y exigiendo que la restauración ecológica sea prioritaria en la agenda pública. La Alianza por la Restauración de la Naturaleza impulsa esta iniciativa, que incluye una semana de acción del 30 de mayo al 7 de junio para movilizar a la ciudadanía en favor de la naturaleza. Las organizaciones destacan la necesidad de abordar la restauración como una política integral que recupere ecosistemas degradados y promueva el bienestar social, haciendo un llamado a todos los sectores a unirse en defensa del medio ambiente.

ECODES, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Fundación Renovables y Mighty Earth han presentado una propuesta al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para incluir un plan de reducción de emisiones de metano en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Este gas es el segundo mayor contribuyente al efecto invernadero en España, representando el 18,62% de las emisiones totales. Las organizaciones destacan la necesidad urgente de medidas intersectoriales para abordar este problema, especialmente en los sectores agropecuario, residuos y energético. La reducción del metano es crucial para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y mitigar el cambio climático.

Greenpeace ha valorado con cautela el anuncio de un posible pacto de Estado para abordar la emergencia climática, presentado por el presidente del Gobierno en Ourense. La organización enfatiza la necesidad de integrar las propuestas de organizaciones civiles y ambientales, así como de centrarse en las personas más vulnerables ante el cambio climático. Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, subraya que cualquier acuerdo debe basarse en evidencia científica y establecer objetivos ambiciosos para la mitigación y adaptación al cambio climático. La organización seguirá de cerca este desarrollo, esperando que se consideren las demandas sociales planteadas.

Ecologistas en Acción ha presentado recursos de alzada contra la autorización administrativa de las plantas fotovoltaicas PFOT 512 y PFOT 549, cercanas a Aranjuez y Torres de la Alameda. La evaluación de impacto ambiental no consideró adecuadamente la presencia de especies amenazadas ni el impacto en comunidades vegetales endémicas. Estos proyectos, que abarcan cerca de 1000 hectáreas y un millón de paneles solares, también afectarán a cultivos centenarios y patrimonio cultural. Además, se critica la falta de planificación en el despliegue de energía fotovoltaica en la Comunidad de Madrid, que no ha reducido el consumo de combustibles fósiles ni ha protegido adecuadamente los valores naturales y culturales de la región.

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil española, incluyendo Greenpeace y Amnistía Internacional, han exigido al Gobierno de España que se sume al Tratado sobre los Combustibles Fósiles. Esta demanda fue presentada durante el evento “Por una Transición Justa de los Combustibles Fósiles” en Madrid, donde se destacó que la extracción de combustibles fósiles es la principal causa de la emergencia climática y agrava las desigualdades sociales. Las organizaciones piden un liderazgo político en la próxima Conferencia de Santa Marta y un mecanismo internacional vinculante para una transición energética justa. La declaración busca posicionar a España como un actor clave en la lucha contra el cambio climático y promover justicia social y soberanía energética.

Greenpeace ha instado a la acción por un Pacto de Estado frente a la emergencia climática durante un acto presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La organización presentó 10 compromisos clave, destacando la necesidad de recursos económicos permanentes, coordinación entre administraciones y un impulso a la transición ecológica. Greenpeace enfatiza la importancia de incluir medidas para la mitigación del cambio climático, así como el papel crucial de los océanos y la biodiversidad. Además, subraya que el éxito del pacto depende de la participación ciudadana y propone que se base en evidencia científica. La organización también aboga por un plan nacional de adaptación y una aceleración en la transición energética hacia energías renovables antes de 2040.

Greenpeace ha criticado la nueva propuesta de la Comisión Europea para reducir las emisiones contaminantes hacia 2040, argumentando que se queda corta ante la emergencia climática. Aunque se plantea una reducción del 90% de las emisiones netas de carbono, la organización sostiene que esto no cumple con las recomendaciones científicas y permite compensaciones que evitan recortes efectivos dentro de la UE. Greenpeace advierte que esta estrategia podría retrasar el abandono de los combustibles fósiles y subraya la necesidad de un compromiso más ambicioso para alcanzar emisiones netas cero en 2040. La organización también destaca que algunas medidas propuestas podrían reforzar la acción climática, pero deben ser protegidas de intereses industriales que buscan frenar el progreso ambiental.

Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en 2022 y se evidenció que la actividad humana es la principal causante catástrofes meteorológicas; a esto se sumó la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. No obstante, la ONU priorizó la emergencia climática alcanzando importantes acuerdos.