Tal y como desvela el confidencial
mil21, el gobierno central y la Junta de Andalucía estarían aprovechándose de dudosas subastas farmacéuticas, sobre todo en lo referente a la legalidad, el origen y la calidad de los medicamentos seleccionados, lo que ha abierto el debate en torno al ahorro producido y el impacto que tiene la instauración de esta medida sobre el personal sanitario y los pacientes.
