La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que tome medidas contra un grupo de 250 agricultores de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, quienes han estado extrayendo agua del acuífero de Doñana de manera insostenible.
En este contexto, se destaca la reciente compra de fincas como una estrategia clave para la recuperación de espacios vitales para la conservación del Parque Nacional. Sin embargo, surge la interrogante: ¿a qué precio se están realizando estas adquisiciones?
Costos de adquisición en el proceso de recuperación
Un análisis detallado revela que en los últimos dos años, el Estado ha llegado a pagar hasta 50.000 euros por hectárea en la compra de la finca Los Mimbrales. En contraste, la operación de Veta La Palma costó alrededor de 10.000 euros por hectárea, mientras que la más reciente adquisición de Tierras Bajas se cerró en casi 6.000 euros por hectárea.
Desde Ecologistas en Acción, se subraya la necesidad de incorporar dos aspectos fundamentales en este proceso: primero, es esencial deslindar lo público para evitar el despilfarro del dinero público en terrenos que ya son propiedad del Estado; segundo, es crucial priorizar las áreas a adquirir para maximizar su impacto socioambiental.
Propuestas para una gestión eficiente
Para abordar el primer objetivo, tanto la Junta como el Ministerio deben solicitar a sus gabinetes jurídicos un informe sobre la delimitación del dominio público. Esto permitirá integrar esos espacios a la gestión pública sin interferir con los derechos actuales de los usuarios.
En cuanto al segundo objetivo, es necesario evaluar cuidadosamente dónde se invierte el dinero público. Existen dos iniciativas respaldadas por un Real Decreto que facilitan la expropiación de terrenos críticos: la recuperación del Caño Guadiamar y mejorar la funcionalidad del Brazo de la Torre. Para lograr esto último, es imperativo trabajar en recuperar el dominio público del Brazo y conectar esta área con el río, un proceso que solo requiere voluntad política.
El papel del estado en la protección ambiental
La protección del medio ambiente y las personas debe ser una obligación estatal ineludible. Es fundamental cumplir con las leyes existentes —incluida una específica conocida como Ley Doñana, que no ha sido respetada ni aplicada adecuadamente— y atender las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenaron a España por las extracciones ilegales de agua en este espacio protegido.
A raíz de esto, hace apenas una semana, la Fiscalía solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica acciones concretas contra los agricultores mencionados anteriormente. Este es el camino hacia una verdadera recuperación ambiental: restaurar nuestra naturaleza y devolverle su esplendor perdido.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ha pedido la Fiscalía de la Audiencia Nacional respecto a Doñana?
La Fiscalía ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que actúe contra los 250 agricultores de Huelva, Sevilla y Cádiz que están esquilmando el acuífero de Doñana.
¿Cuál es el costo de las compras de fincas en Doñana?
Se han pagado hasta 50.000 euros por hectárea en la compra de la Finca Los Mimbrales, mientras que otras adquisiciones como Veta La Palma costaron alrededor de 10.000 euros por hectárea.
¿Qué propone Ecologistas en Acción para la recuperación del patrimonio público en Doñana?
Proponen deslindar lo público para evitar el malgasto de dinero en adquirir espacios ya públicos y priorizar las zonas de compra para maximizar su efecto socioambiental.
¿Cuáles son los objetivos mencionados por Ecologistas en Acción?
Los objetivos incluyen realizar un informe de delimitación del dominio público y trabajar en la recuperación del Caño Guadiamar y del Brazo de la Torre mediante la expropiación de terrenos afectados.
¿Por qué es importante recuperar Doñana según el artículo?
Es fundamental para proteger el medio ambiente y cumplir con las leyes existentes, como la Ley Doñana, así como responder a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las extracciones de agua en el espacio protegido.
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