En el mundo se consumen aproximadamente 129.000 millones de mascarillas desechables cada mes, que pueden tardar hasta 400 años en descomponerse si no se gestionan correctamente.
Las proximidades de la playa Khalaktyr, en Kamchatka (Rusia), están sufriendo las consecuencias de un vertido de origen desconocido que ha dejado ya centenares de animales muertos y las aguas cubiertas de una espuma amarillenta.
Los 'Héroes LIBERA' saldrán por cuarto año consecutivo a las playas y costas para luchar contra la basuraleza. Cada año se abandonan en nuestros mares y playas millones de toneladas de residuos que dañan la naturaleza, además de los que proceden de entornos terrestres.
Activistas de Greenpeace han desplegado esta mañana una pancarta sobre las vías de Atocha para denunciar la falta de trenes en un verano marcado por la crisis de la COVID-19.
Cada mes se están usando en el mundo unos 129 mil millones de mascarillas desechables y 65 mil millones de guantes. En España, desde el inicio de la pandemia, se han adquirido más de 650 millones de mascarillas quirúrgicas que suponen más de 1.300 toneladas de plástico. La gestión inadecuada de esta avalancha plástica para evitar la Covid-19 podría generar otras enfermedades.
Un total de 12,5 millones de personas respiraron el año pasado aire con niveles de contaminación superiores a los límites legales recogidos en la legislación europea y española, lo que supone 2,3 millones menos respecto a 2018 y la cantidad más baja desde 2011. Pese a ello, persistieron los incumplimientos de esos umbrales en Madrid, Barcelona y otro medio centenar de zonas.
Las emisiones diarias de gases de efecto invernadero en todo el mundo disminuyeron en un 17% a comienzos de abril, cuando se endurecieron las medidas globales de confinamiento para frenar la expansión de la pandemia del Covid-19, lo que supone volver a niveles registrados por última vez en 2006.
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Comienza LIFE Eurokite, una iniciativa de 26 países, donde SEO/BirdLife aporta su experiencia en el marcaje de aves con dispositivos para conocer mejor sus amenazas y contribuir a la reducción de las causas de mortalidad.
Las organizaciones consideran que el proyecto de Fertiberia intenta cubrir, con unos centímetros de arena, el área contaminada por los vertidos, en lugar de retirar y restaurar la zona
El 25 de septiembre se cumplen cinco años desde que los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaran la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Durante los próximos diez años, los gobiernos de todos los países miembros de Naciones Unidas deben centrar su atención en tratar de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se establecen en el plan de acción, pero la emergencia sanitaria cada vez aleja más estas metas de las estrategias políticas y empresariales.
La empresa creadora de la "Pensión por Consumo" y ganadores del ODS 8 de la Red Española del Pacto Mundial, irrumpen con un modelo autónomo, independiente y autofinanciable, que paga al consumidor por reciclar cada día. Se recompensan al consumidor, cantidades que van desde los 0,02€ hasta el euro, en dependencia del tipo de reciclaje, la frecuencia, y la campaña.
Esta semana se votará en el Pleno del Congreso el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF advierten que la falta de ambición y concreción del dictamen pone en riesgo que el proceso de reconstrucción sirva para dar un impulso real a la necesaria transición ecológica.
La crisis sanitaria ha puesto las ciudades en el punto de mira: con el 55% de la población mundial viviendo en zonas urbanas -casi un 53% en España- y la previsión de que esta cifra alcance el 68% en 2050, la COVID-19 supone un punto de inflexión para situar las ciudades a la vanguardia de los esfuerzos para frenar las crisis climática y económica.
Las principales organizaciones ambientales, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, se han mostrado profundamente alarmadas por los cambios legislativos que ha llevado a cabo el Gobierno de la Región de Murcia.
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