libertad de expresion

24/03/2025@13:43:37

Greenpeace ha realizado una protesta pacífica en Madrid, desplegando una pancarta de 66 m2 frente a la embajada de Estados Unidos con el mensaje “No nos callarán”. Esta acción apoya a Greenpeace USA, que enfrenta un juicio por parte de la petrolera Energy Transfer, que busca imponerles una indemnización de 660 millones de dólares. La organización advierte sobre el peligro que representan las demandas SLAPP para la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Greenpeace reafirma su compromiso en la defensa de estos derechos fundamentales y anuncia su intención de apelar el veredicto.

El jurado del condado de Morton, Dakota del Norte, ha declarado culpable a Greenpeace Internacional y a dos entidades de Greenpeace en Estados Unidos en un juicio SLAPP promovido por la petrolera Energy Transfer, reclamando más de 660 millones de dólares. A pesar de esta sentencia, Greenpeace anunció su intención de apelar el veredicto y continuar luchando contra lo que consideran un intento de silenciar la libertad de expresión y la protesta pacífica. Este caso resalta una tendencia alarmante donde corporaciones utilizan demandas para oprimir a activistas y organizaciones sin ánimo de lucro. Greenpeace enfatiza que no se rendirá en su defensa del medio ambiente y los derechos fundamentales.

El comisario jubilado de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, genera opiniones polarizadas: algunos lo consideran un héroe, mientras que otros lo ven como un villano.

Las autoridades judiciales andorranas acaban de comunicar el procesamiento del colaborador del diario digital altaveu.com, el conocido bloguero Juan Carlos Gaeta, a instancia de los abogados de Oleguer Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol, el exmolt honorable que durante años engañó a la hacienda española para ahorrarse los millones que debía pagar en impuestos.
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Un estudio reciente revela que tres de cada cuatro españoles consideran necesario un control externo para garantizar la calidad del periodismo en temas de salud. Sin embargo, esta demanda contrasta con el derecho a la libertad de expresión y la prohibición de censura en la actividad periodística, según Carlos Maciá-Barber, investigador de la UC3M. El estudio, basado en 1.800 entrevistas, también destaca que solo el 60% de los encuestados confía en que el periodismo busca la verdad. Se sugiere la creación de órganos de supervisión compuestos por periodistas y expertos para mitigar la desconfianza hacia los medios, especialmente en un contexto postpandemia donde la veracidad informativa es crucial para proteger el derecho a la salud. Además, se enfatiza la importancia de educar a las nuevas generaciones sobre la desinformación y la verificación de noticias.

El Tribunal Supremo entiende que la persona demandada estuvo amparada por la libertad de expresión, teniendo en cuenta que no imputó al afectado la comisión de hechos o episodios concretos de violencia machista o abuso sexual.