organizaciones ecologistas

Más de un centenar de organizaciones sociales y ecologistas han lanzado un manifiesto en el Día de la Tierra, advirtiendo sobre el debilitamiento de las políticas ambientales y exigiendo que la restauración ecológica sea prioritaria en la agenda pública. La Alianza por la Restauración de la Naturaleza impulsa esta iniciativa, que incluye una semana de acción del 30 de mayo al 7 de junio para movilizar a la ciudadanía en favor de la naturaleza. Las organizaciones destacan la necesidad de abordar la restauración como una política integral que recupere ecosistemas degradados y promueva el bienestar social, haciendo un llamado a todos los sectores a unirse en defensa del medio ambiente.

Las organizaciones ecologistas, incluyendo Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace, han expresado su firme oposición al anuncio del Gobierno español sobre una inversión histórica de casi 13.000 millones de euros para la modernización y ampliación de aeropuertos. Estas inversiones son consideradas incompatibles con los compromisos climáticos del país y se prevé que generen impactos negativos significativos en la biodiversidad y la salud pública. Las organizaciones argumentan que la expansión de infraestructuras aeroportuarias fomentará el aumento de vuelos y emisiones contaminantes, contraviniendo los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero establecidos por Europa. En el contexto de la Semana Europea de la Movilidad, exigen un cambio hacia un modelo de transporte más sostenible que priorice alternativas menos contaminantes y beneficie a toda la población.

Las principales organizaciones ecologistas de España, incluyendo Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han expresado su firme rechazo a la prolongación de la central nuclear de Almaraz hasta 2030. Alertan que esta decisión podría extender la vida útil de todo el parque nuclear español, lo que contradice los esfuerzos por una transición energética sostenible. Las organizaciones instan al Gobierno a desestimar las presiones políticas y empresariales para mantener operativas las centrales nucleares, argumentando que la energía nuclear es costosa, peligrosa y dependiente de combustibles importados. En cambio, destacan el potencial de las energías renovables en la península ibérica como una alternativa viable y necesaria para asegurar la soberanía energética y un futuro más limpio.