Organizaciones como Greenpeace y Amigas de la Tierra han presentado propuestas al Ministerio de Agricultura para una futura Ley de Agricultura Familiar que promueva una transición agroecológica justa. Las medidas incluyen limitar el acaparamiento de tierras y aguas por grandes corporaciones, crear un banco público de tierras, y establecer un fondo para apoyar a la agricultura familiar. Se busca priorizar la pequeña agricultura vinculada al territorio, frenar la industrialización del sector y garantizar el acceso a recursos para jóvenes y mujeres productoras. La ley es vista como esencial para enfrentar la crisis climática y de biodiversidad, así como para revitalizar las explotaciones agrarias en declive.
