Organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional y Greenpeace, exigen una reforma urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, antes de su décimo aniversario en julio de 2025. Esta ley ha sido criticada por vulnerar derechos humanos y criminalizar la protesta, con más de 429,000 sanciones impuestas desde su entrada en vigor. Las organizaciones demandan la prohibición del perfilamiento racial, la eliminación del rechazo en frontera y la modificación de artículos que afectan negativamente el derecho a la protesta. Se llevará a cabo una manifestación en Madrid para exigir cambios concretos en esta legislación.
