Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se oponen a que, con la excusa de acelerar el despliegue en la energía renovable, se modifiquen las directivas claves para la conservación de la naturaleza.
La Comisión Europea publicó ayer una propuesta para actualizar la Directiva sobre emisiones industriales, una normativa que exige que las instalaciones industriales altamente contaminantes, tales como centrales eléctricas, instalaciones de tratamiento de residuos, fábricas de productos químicos y la ganadería intensiva, reciban permisos nacionales para operar y limitar sus emisiones contaminantes.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que las disputas basadas en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) entre un inversor de la Unión Europea (UE) y un Estado miembro de la UE (intracomunitarias) son incompatibles con la legislación de la Unión y, por tanto, ilegales.
El acuerdo entre la UE y el Mercosur aumentaría las emisiones globales de Co2 en 11,5 millones de toneladas al año y supondría una barrera para el cumplimiento de los objetivos climáticos de Europa, según un informe publicado por Amigos de la Tierra. El incremento de la agricultura y la ganadería industrial, del cambio en los usos del suelo y de la deforestación son señalados como tres de los principales motores del aumento de emisiones que provocará el Tratado.
84.000 excepciones para la perturbación, captura o muerte de aves, concedidas entre 2009 y 2017, llevan a las especies vulnerables hacia una situación alarmante. BirdLife Europa ha publicado el informe License to kill en el que se analiza en profundidad estas ‘excepciones’ en ocho Estados miembros de la UE: Bulgaria, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Malta y Polonia.
El plan Next Generation de la UE, dotado con 750.000 millones de euros que se pondrán a disposición de los Estados comunitarios, se ha fijado como objetivo cambiar el panorama de la economía europea para encauzarla hacia un futuro “sostenible y digital”.
|
Ante la entrada en vigor del embargo de la UE al crudo ruso, Greenpeace ha hecho un llamamiento a la Comisión Europea, los Estados miembros de la UE y especialmente al Gobierno español y los autonómicos y locales para que introduzcan medidas que reduzcan el consumo de petróleo de forma rápida.
No hay tiempo para seguir apoyando a los combustibles fósiles ante la crisis climática. Los hogares saldrán perdiendo, ya que el gas encarece los precios de la factura de la luz y de la calefacción.
Un análisis de Transport & Environment y Carbon Market Watch desvela por primera vez las emisiones totales de las aerolíneas en la UE, y es que el 70% no está sometido a ninguna regulación, lo que permite a las compañías emitir millones de toneladas de CO2 a la atmósfera libremente y sin pagar. Por ejemplo, tan solo el 16% de las emisiones de Iberia en 2019 fue objeto de regulación bajo el sistema europeo de comercio de emisiones.
La Comisión Europea ha abierto una consulta pública para una nueva ley que podría exigir que las empresas de la UE se aseguren de que su actividad no dañe a las personas ni al medio ambiente en todo el mundo, y en caso de hacerlo pedir responsabilidades.
Greenpeace ha publicado textos filtrados del Acuerdo de Asociación UE - Mercosur, complementario al Acuerdo de Libre Comercio aprobado el año pasado, cuyo contenido no se ha hecho aún público. El texto, apoyado por el Gobierno español, no obliga a los estados a respetar el Acuerdo de París, incumpliendo así los compromisos del PSOE. De salir adelante, "se aceleraría la destrucción de la Amazonía, desatando el caos climático y aniquilando innumerables especies".
|
