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El Gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho de la ciudadanía a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable
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El Gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho de la ciudadanía a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable

martes 09 de febrero de 2021, 18:39h

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Finalizado el primer debate del primer bloque de enmiendas a la futura Ley de Cambio climático y transición energética que está siendo debatida en el Congreso, Amigos de la Tierra recuerda al Gobierno su obligación de garantizar el derecho de la ciudadanía a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable.

Este derecho viene recogido en la Directiva europea en el marco del “Paquete de invierno” para el fomento de las energías renovables y obliga al Gobierno a fomentar la participación de la ciudadanía de distintos sectores en proyectos de energía renovable. Para ello, la organización apunta que es necesario que la Ley de Cambio climático y Transición Energética contenga objetivos vinculantes de impulso de las comunidades energéticas.

“El Artículo 3 del primer bloque de enmiendas es clave para impulsar un modelo energético descentralizado y que rompa, de una vez por todas, el oligopolio energético que nos mantiene en un sistema contaminante, de precios abusivos y antidemocrático”, ha declarado Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra. “Es vital que se introduzcan objetivos vinculantes que contemplen el impulso y desarrollo de la energía comunitaria si no queremos que la transición energética sirva para mantener el poder en manos de los mismos. Para el año 2030 nuestro sistema eléctrico debe ser 100% de generación de energía renovable, así como alcanzar en el 2040 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final del 100%, pero no de cualquier manera”.

La organización, que publica un documento clave para la correcta trasposición de las Directivas europeas al marco legislativo español, apunta que, de igual forma, es necesario que estos objetivos estén dotados de presupuestos y planes de desarrollo y revisión para llevarlos a cabo.

“La subida de los precios de la electricidad en plena borrasca Filomena y con millones de personas en España viviendo en situación de pobreza energética evidencia la necesidad de impulsar un sistema energético descentralizado, democrático y en manos de la ciudadanía”, ha dicho Alonso, apuntando que “esta Ley, que debería haberse llamado Ley de Crisis climática, es clave para desarrollar la energía comunitaria pero las intenciones no bastan y hay que dotar los objetivos de la financiación que necesitan y de los planes que harán posible su desarrollo”.

Con la publicación de esta Guía para la Trasposición de las Directivas Europeas, Amigos de la Tierra quiere además, alertar sobre el fomento de “falsas soluciones” que algunos partidos políticos están queriendo introducir en el texto de la Ley. “La introducción de conceptos como “neutralidad tecnológica” o “emisiones netas” es una falacia más de las grandes corporaciones, en especial de la industria del gas. Estos conceptos solo sirven para abrir aún más las puertas a las falsas soluciones de tecnologías insostenibles como la captura y almacenamiento de carbono o al gas fósil monopolizado y controlado por los de siempre” ha dicho Cristina Alonso. “Los partidos deben ser responsables con la emergencia climática en la que estamos y no ceder a las presiones de la industria contaminante. Es urgente que España tenga una Ley de Crisis climática, pero debe ser una ley que responda a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra España y que asuma su responsabilidad en relación con otros países más vulnerables”.

La falta de objetivos para el desarrollo de la energía comunitaria y las falsas soluciones impulsada por las grandes corporaciones no ha sido lo único criticado por las organizaciones ecologistas. Los objetivos de reducción de emisiones y neutralidad climática se han considerado insuficientes y organizaciones como Amigos de la Tierra han querido llamar a una mayor ambición y alineamiento con la ciencia.

“Los objetivos de reducción de emisiones y neutralidad climática hasta ahora acordados son insuficientes, obsoletos y además insolidarios desde una perspectiva de justicia climática. Es necesaria una mayor ambición tal y como advierte la ciencia y responder a la responsabilidad histórica del Estado español en la crisis climática actual, donde los países del sur global, comunidades vulnerabilizadas, mujeres y personas racializadas están sufriendo los peores impactos ante la inacción de quienes han provocado esta crisis”, ha recordado la responsable de Justicia Climática, Cristina Alonso.

La organización reconoce que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética llega tarde pero declara que aún estamos a tiempo de redactar una Ley que esté a la altura de la emergencia climática y las necesidades de realizar una transición ecológica justa y democrática.

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