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Las organizaciones no gubernamentales han denunciado que las decisiones sobre la conservación de especies amenazadas en España se están tomando basándose en intereses políticos y económicos, en lugar de en evidencias científicas. Casos como el del lobo, la anguila, el salmón, la tórtola y la codorniz reflejan esta preocupante tendencia. Las ONG exigen que la protección de la naturaleza se fundamente en la ciencia y en procesos transparentes, advirtiendo que postergar decisiones necesarias solo incrementa el riesgo de extinción de estas especies. La conservación del patrimonio natural es una obligación legal y debe ser prioritaria para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y evitar consecuencias ecológicas irreversibles.