La Secretaría General de Pesca en un comunicado nos recuerda que la pesca de arrastre es legal, se lleva a cabo según la normativa vigente aprobada por el Gobierno y la Unión Europea, y se hacen eco de las acusaciones de la Cofradia de Pescadores de Tarragona a la guardia civil al asegurar que los activistas se situaron a proa del buque para impedir su avance y lanzaron fragmentos de red a la hélice del buque para causarle averías.
Lo que, según el Gobierno, pusieron en peligro las vidas "tanto de tripulantes del pesquero como de quienes obstaculizaron su trabajo", por lo que rechaza de manera firme la acción llevada a cabo.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente asegura mantener un "contacto fluido y constante" con tanto los sectores pesqueros como las ONG's ecologistas para conciliar todas las posiciones, incluyendo también la defensa del medio ambiente marino.
Pero "no corresponde a un actor individual imponer sus criterios a todos los demás" y menos por medios coactivos, que obligan a un pesquero a regresar a puerto sin productos que vender y por lo tanto, sin recursos para pagar salarios apunta el Ministerio, que confía en que incidentes como el registrado no vuelvan a suceder.