El juez incoa diligencias previas por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia de la infección con el software Pegasus de los móviles del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa.
Un grupo de expertos en derechos humanos ha pedido a los gobiernos de todo el mundo imponer una suspensión de alcance global a la venta y distribución de tecnología destinada a la vigilancia.
