Con esta reforma, aprobada a través de un "Motu Proprio" (documento papal), el papa prosigue en la puesta al día del ordenamiento jurídico en la línea ya comenzada en 2010 por su antecesor Benedicto XVI, según informó el Vaticano.
El sistema penal vaticano está basado todavía, en algunos aspectos, en el italiano Código Zanardelli de 1913, adoptado en 1929 tras los Pactos Lateranenses con Italia que dieron vida al Estado de la Ciudad del Vaticano, y en el Código Penal de 1889, de Humberto I.
Con esta reforma, que afectará a todo el territorio del Vaticano, a sus nuncios (embajadores) y al personal diplomático de la Santa Sede, Francisco pretende una mejor adecuación de la legislación vaticana a la legislación internacional, también en la lucha contra la criminalidad internacional, el blanqueo de dinero y el terrorismo.
Entre las reformas, destaca la introducción del delito de tortura y una mayor precisión sobre los delitos de trata de personas, prostitución, reclutamiento y violencia sexual, pornografía infantil, posesión de material de pornografía infantil y actos sexuales con menores.
Ya el 15 de julio de 2010, Benedicto XVI dio una primera vuelta de tuerca en su lucha contra la pederastia y aprobó una reforma por la que se ampliaba de 10 a 20 años el plazo para denunciar los abusos e introducía el delito de posesión de pornografía infantil.
También equiparó los abusos contra discapacitados psíquicos adultos a los cometidos contra menores e introdujo un nuevo delito por el que se castigaba la adquisición, posesión y difusión "por parte de un miembro del clero, en cualquier modo y con cualquier medio", de imágenes pornográficas que tengan como objeto a menores de 14 años.
Ahora, Francisco ha decidido incluir en la normativa el delito contra la humanidad, el genocidio y el "apartheid", así como normas más duras contra la corrupción. Asi el papa Francisco parece estar convirtiéndose en un auténtico reformista de la iglesia, no sólo de voz, sino con sus actos. También ha abolido la cadena perpetua y la ha sustituido por penas que van de los 30 a los 35 años.
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