Sin citar expresamente el caso que más polémica está levantando esta semana, los 10 millones presuntamente regularizados por el ex – tesorero del PP, los inspectores de Hacienda han reclamado poder acceso a la información derivada de la misma para combatir el fraude fiscal, la corrupción y el blanqueo de capitales, y que este acceso se extienda también al Ministerio Fiscal, los jueces y tribunales y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Además, los inspectores afirman que el Ministerio de Hacienda no debiera emitir comunicados sobre los datos tributarios de ninguna persona, sea quien sea, pues son confidenciales y especialmente, si se utilizan para la conveniencia de los intereses del partido político gobernante.
"La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en marzo pasado no sólo ha permitido que muchos defraudadores fiscales vean perdonadas sus culpas pagando una cuantía simbólica de impuestos, sino que también está sirviendo, presuntamente, para blanquear capitales obtenidos ilícitamente", denuncian.
Para acogerse a la amnistía fiscal no había que ni siquiera manifestar el origen del dinero que se pretendía amnistiar y no se establecieron mecanismos para controlar el mismo. En consecuencia, y dadas las características de la misma, ya ha habido varios casos de personas, objeto de investigación penal, que se han acogido a la misma para “blanquear” dinero obtenido de forma ilegal, señalan.
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