En concreto, los reclamantes solicitaban estas indemnizaciones por los daños producidos como consecuencia de la promulgación de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, de diciembre de 2012, y del Real Decreto Ley del 1 de febrero de 2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.
Los reclamantes alegaban haber sufrido perjuicios derivados del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica creado por la citada Ley de 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (LMFSE) y con el que no contaron a la hora de diseñar sus instalaciones, lo que ellos consideran que les deja en situación de “indefensión”.