El anterior Código Forestal que ha estado vigente en Brasil desde 1965, limitaba el uso agrícola de tierras y obligaba a los terratenientes a mantener bosques intactos, que ocupan una extensión de 5,3 millones de kilómetros cuadrados de selvas, de los cuales 1,7 millones de kilómetros cuadrados están protegidos.
La nueva reforma forestal surgió como consecuencia de presiones de un poderoso empresariado agroindustrial brasilero que pretendía ampliar la frontera agrícola, para aprovechar la situación actual de Brasil como uno de los principales agroexportadores del mundo, con ventas de 80 mil millones de dólares al año.
Como consecuencia de los anuncios del cambio y de la amnistía a aquellos que durante décadas habían deforestado la selva, entre agosto de 2010 y abril del año pasado, la tala aumentó hasta un 27% respecto a años anteriores, especialmente en el estado de Mato Grosso, en el que las ganancias por el cultivo de soya aumentaron hasta duplicarse.
En abril, tras tres aplazamientos por falta de consenso, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el Código Forestal, pese a las críticas sociales, de grupos ecologistas y miembros de gobiernos precedentes.
Brasil no puede ser el único país que apruebe una legislación que debilita el sistema de conservación de los bosques; “no queremos que acepten la motosierra en el Código Forestal”, explicó el ex ministro de Medio Ambiente Carlos Minc, uno de los firmantes de la carta que presentaron 10 ex ministros de Brasil.
Entre muchas aberraciones jurídicas, el proyecto de ley daba vía libre a madereros y agroindustriales para talar la Amazonía, y declaraba una amnistía a favor de quienes depredaron bosques en zonas de preservación y en riberas de ríos y embalses, de las cuales se presume que podrían beneficiarse 15 legisladores porque son hacendados que deben millonarias multas ambientales.
Naturalmente la Confederación Agropecuaria de Brasil (CAN) celebró en grande la aprobación del código forestal en el Congreso: "Esta noche venció la legalidad (...) Los productores rurales brasileños dormiremos confiados en que la ley nos protege, no nos persigue... “- señalaron.
Varias organizaciones ecologistas pidieron a la presidenta brasilera que vetara el cambio normativo que solo beneficiaría a los grandes empresarios, sobre todo a los terratenientes que son los principales acusados de avasallar tierras y de masacrar a indígenas y campesinos.
En ese contexto, Dilma soporta una descomunal presión por doble partida. Por un lado, el lobby agroindustrial que financió su campaña le exige que convalide el código forestal pro latifundista, y por otro lado ocho de cada 10 brasileros le exigen que rechace la norma.
Por no mencionar la vergüenza que podría pasar en la próxima conferencia Rio+20 donde será la anfitriona de la principal cumbre mundial sobre medio ambiente.
Así, Rousseff se ha visto obligada a vetar los articulados más controversistas del Código Forestal y a revisar otros que tratan la consolidación de actividades rurales y fuentes del Ministerio de Medio Ambiente han revelado que la presidenta no está a favor de las amnistías a los deforestadores ilegales ni piensa permitir la eliminación de la obligación de conservar la reserva legal y de recomponer las áreas de preservación permanente.
Si (
No(
