Se podrá sancionar el fondeo, la recepción y el abastecimiento de combustible en mar abierto, y en el caso de las infracciones de carácter muy grave las multas podrían alcanzar hasta los 100.000 euros, en virtud de las modificaciones realizadas en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad que, contra el sentido común, se ha decidido que será tramitada por la vía de urgencia y que podría entrar en vigor a principios del próximo año.
Así lo explicaba el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha señalado que mientras no se puedan aplicar las multas se denunciarán las infracciones que se produzcan ante la UE, "tal y como debe hacer Reino Unido", afirmaba, refiriéndose, aunque sin mencionarlo a Gibraltar.
Arias Cañete ha señalado que el objetivo de esta iniciativa es el de llenar una "laguna legal" en las zonas de especial conservación, donde se prohibían determinadas prácticas pero no había una tipificación sancionadora.
Infracciones graves
En este sentido, ha querido recordar que a partir de esta reforma, habrá un instrumento jurídico por el que se sancionarán estas prácticas como "muy graves" en caso de que los daños superen los 100.000 euros, y "graves" en el resto de los casos.
"Se cierra el círculo de poder aplicar procedimientos administrativos de sanción", señalaba. Asimismo, ha hecho hincapié en que la prohibición del bunkering se realiza por el alto riesgo medioambiental que implica el trasvase de combustible en alta mar.
Zonas de especial conservación
Por otra parte, Arias Cañete ha matizado que la propuesta de cambio en la ley afecta a "todas las zonas" de especial conservación en España, y no únicamente al área del Estrecho, de manera que "no se discrimine positiva o negativamente" ningún espacio en concreto.
Estos cambios se incluyen dentro del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que será remitido a las Cortes tras su aprobación este jueves en Consejo de Ministros y que unifica en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica.
El Gobierno ha asegurado que con la nueva ley se mejoran los procedimientos de evaluación ambiental "al evitar dilaciones de difícil justificación" desde el punto de vista ambiental.
Resulta cuestionable que, por la información que se dispone por ahora de la reforma, se prohíba esta práctica únicamente en las zonas de especial conservación españolas y no a la zona colindante, pues en el mar no hay puertas y si ocurre un accidente en las proximidades de una zona de especial conservación, el daño va a ser prácticamente el mismo. Eso por no hablar de las prospecciones petróliferas en Canarias, que, al parecer, no crean ningún riesgo para la flora, la fauna y el medio ambiente.
“Mi empresa no hace bunkering”
En relación con la polémica relativa a su accionariado con una empresa que según fuentes medioambientales practica el bunkering, el ministro de Agricultura ha vuelto a negar cualquier vínculo de la empresa Ducar de la que es accionista con las gasolineras flotantes.
"Mi empresa no hace bunkering", ha reiterado, para señalar que ha consultado con la Abogacía del Estado que no tiene obligación de inhibirse "porque es un simple accionista y no un consejero" de la empresa.
El ministro de Medio Ambiente admitía en el Congreso que mantiene un paquete de acciones por valor de 185.104 euros en la Petrolífera Ducar S.L., una compañía que, según Arias Cañete, "no se dedica al bunkering sino sólo al almacenaje de combustible.
La propia empresa, de la que Cañete fue presidente hasta ser nombrado ministro hace dos años, reconoce en cambio en su página web que "durante la mayor parte de su existencia, Ducar ha estado tanto en la logística como en la comercializacion del bunkering".
En una comparecencia tanto por iniciativa propia como a petición del Grupo Socialista ante la Comisión parlamentaria de Medio Ambiente, el ministro ha zanjado así las acusaciones vertidas por distintos sectores sobre sus supuestos intereses en empresas que suministran combustible a buques en el mar en la zona declarada de Especial Protección del Estrecho Oriental y que eluden de este modo el pago de determinados impuestos.
Arias Cañete ha insistido en que las 85.509 participaciones que tiene en Petrolífera Ducar representan sólo el 2,5% del total y no le da "ninguna capacidad de dirección". Ha señalado que su actividad consiste en "arrendar capacidad de almacenamiento" a dos compañías petroleras en Ceuta, "en tierra", donde tiene domicilio fiscal y donde desarrolla toda su actividad.
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