El decreto estipula que los blogs y redes sociales no pueden usarse para enviar o recibir artículos o historias noticiosas, lo que en la práctica significa que se censura cualquier discusión de estos temas en todas las plataformas online.
El decreto, que ha sido criticado ampliamente por grupos de derechos humanos, también exige a las compañías proveedoras de servicios de internet que sus servidores estén localizados dentro del propio país.
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