De esta manera el juez que investigó al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa se convierte en denunciado. La Fiscalía señala que el magistrado actuó de forma "arbitraria" e impuso su voluntad por encima de "cualquier interpretación posible del Derecho".
La querella se ha planteado ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El fiscal considera que Silva incumplió los "deberes legales" al ordenar el ingreso en prisión de Blesa en dos ocasiones, la primera bajo fianza de 2,5 millones y la segunda de forma incondicional.
El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, subraya que el juez acordó estas medidas a instancias del sindicato Manos Limpias, pese a que el mismo no estaba personado como acusación en la causa de la compra del City National Bank de Florida y tampoco existía riesgo de fuga ni peligro alguno de que pudiera manipular o destruir pruebas.
Además, el fiscal, que solicita que se tome declaración por estos hechos a Silva y, en calidad de testigos, al propio Blesa y a su abogado, Carlos Aguilar, asegura que las dos prisiones son "incompatibles entre sí", pues son alternativas, y que cuando envió a la cárcel a Blesa apenas 20 días después de haberlo hecho bajo fianza, omitió resolver sobre la devolución de misma.
"Está situación en la que se colocó al imputado, nació única y exclusivamente de la voluntad del querellado, ya que no se encuentra amparada por ninguna interpretación posible en derecho", destaca el fiscal.
Así, se le acusa desde la Fiscalía de Madrid de haber diseñado una "estrategia" para hacerse con la instrucción de la causa del banco de Florida, que desgajó de la de un préstamo de 26, 6 millones a Marsans, aceptando una ampliación de la denuncia inicial de Manos Limpias y dándole un carácter de "ampliación durmiente", para "despertarla" en el "momento propicio".
Con ello, a través de razonamientos "alambicados y forzados", el juez, según la interpretación del Fiscal, pretendió disponer de "elementos de cargo suficientes" para adoptar estas medidas, convirtiendo la compra del CNB en "el instrumento utilizado conscientemente" para "vulnerar el derecho a la libertad" de Blesa.
El fiscal a lo largo de 37 folios, y recogiendo los argumentos que llevó a la Audiencia Provincial de Madrid a anular la causa, cuestiona todas las resoluciones que el juez ha dictado desde que decidiera abrirla en enero de 2010.
Lo hizo admitiendo "una muy genérica e imprecisa denuncia" de Manos Limpias contra Blesa y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por la concesión del préstamo, que él mismo archivó al mes siguiente.
Relata que el querellado, tras el archivo, reabrió las actuaciones sin "la más mínima motivación jurídica", ya que "no se había generado ni tampoco había aparecido" con posterioridad al archivo "dato nuevo alguno que lo justificase".
A partir de noviembre de 2012, inició a instruir la causa sabiendo "de la total carencia de cualquier tipo de fundamentación que pudiera justificarla o ampararla", convirtiéndola en un procedimiento que "ya no se limitaba al concreto hecho objeto de la denuncia, sino que se proyectaba como una instrucción judicial general e innominada".
El escrito recoge también que el titular del Juzgado número 9 de Madrid asumió la causa utilizando para ello un artículo de la enciclopedia digital Wikipedia que, bajo el epígrafe "La crisis de Bankia y sus consecuencias -mayo 2012-", relataba hechos posteriores a esa fecha que ya estaban siendo instruidos en la Audiencia Nacional.
Moix le acusa del retraso en resolver sobre todos los recursos presentados contra sus resoluciones, y ello porque su voluntad fue desde el principio la de abarcar la causa de la compra del banco estadounidense, a pesar de que él mismo había aludido a la "falta de conexidad" entre ambos hechos. También de tener el "perverso" fin de limitar la intervención de las defensas en el procedimiento al ordenar el secreto de las actuaciones en febrero pasado.
"Sorpresivamente", también abrió una causa contra el letrado de Blesa por obstrucción a la justicia, incurriendo en una "vulneración clamorosa" de los derechos del banquero al citarle en ella como testigo, ya que le obligaba a declarar contra sí mismo.
Los cuatro delitos que la Fiscalía imputa al juez Silva suman penas de entre 18 y 40 años de inhabilitación especial para un cargo público, y llevan aparejada la expulsión de la carrera judicial del magistrado, además de una multa económica por la prevaricación.
Silva está además pendiente de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial resuelva sobre una propuesta de cuatro meses de suspensión por desatención de otras causas judiciales distintas a las seguidas contra Blesa.
Sigue pareciendo curioso que, por muy legales que sean los alegatos de los fiscales, cuándo se juzga a amigos del Partido Popular los resultados de dichas actuaciones, a menudo con errores de los jueces, suelen acabar con la absolución del acusado o la desestimación de las pruebas obtenidas y la inhabilitación del juez.
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