Se trataba del apartado en el que se reclama para las familias en quiebra la posibilidad de renegociar su deuda o de acogerse a una dación en pago (es decir, la posibilidad de entregar el bien hipotecado para saldar la deuda). La oposición prácticamente unánime de todo el grupo popular europeo no ha evitado, sin embargo, que salga adelante con el apoyo de 318 parlamentarios frente a los 269 en contra, y las 52 abstenciones.
Tan solo 9 de los 269 eurodiputados con los que cuenta el PP europeo han apoyado una iniciativa que se ha convertido en uno de los ejes sobre los que gira el debate en torno a los desahucios en España y pese a tratarse de un informe sin consecuencias legales, le supone al Gobierno de Rajoy un golpe político, pues se niega en redondo a regular la dación en pago con efectos retroactivos.
Esta ha sido siempre una de las reclamaciones fundamentales de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), asociación que ha despertado la furia del Gobierno y el partido Popular por las protestas frente a las viviendas de los representantes políticos, lo que les ha llevado a tildar en repetidas ocasiones a la PAH a tildarles de terroristas o incluso nazis.
Entre los votos en contra que la dación de pago ha recibido en el pleno de Estrasburgo, llama la atención encontrar los de los dos eurodiputados populares –el alemán Hans-Gert Pöttering y el austriaco Othmar Karas- que la semana pasada habían dado el visto bueno a la concesión del galardón a la organización cuya cara visible es Ada Colau.
Otro elemento llamativo de la votación es que el Parlamento respalde ahora -como declaración de principios, sin ningún efecto legal- un aspecto que perfectamente podría haber regulado en la reciente directiva sobre créditos hipotecarios. Algo que no ha ocurrido y se ha dejado como norma europea que la dación en pago sólo se contemple para los casos en los que acreedor y deudor se pongan previamente de acuerdo, algo que ya existe en la normativa española, por lo que este informe carecerá de efectos para los ciudadanos españoles que ya han perdido su vivienda.
Estrasburgo pide a los Gobiernos que se esfuercen por ofrecer soluciones alternativas a los desahucios y “que impidan que las familias desahuciadas sigan teniendo que devolver sus créditos hipotecarios”. El resto del informe ha salido adelante por una mayoría más amplia: 353 síes, 151 noes y muchas más abstenciones (189) que en el caso del polémico parrafo. El texto destaca la importancia de que la vivienda social no se trate como un simple gasto, sino como una inversión que contribuye a la creación de puestos de trabajo.
Otras de las peticiones que sale de la Eurocámara se dirige al Consejo, al que se le reclama que reúna a los ministros de Vivienda de los Estados miembros "al menos una vez al año" para debatir "la repercusión de las distintas políticas europeas sobre las políticas en materia de vivienda".
Los eurodiputados añaden también una petición para el Banco Europeo de Inversiones (BEI) al que piden que, en colaboración con las autoridades regionales, "reserve un lugar más importante al sector de la vivienda social y asequible en sus prioridades de inversión".
Si (
No(
