Fuentes judiciales han informado que el juicio ha sido suspendido ya en dos ocasiones, la última de ellas el pasado día 11 de febrero, cuando uno de los testigos "principales" no pudo asistir al juicio por encontrarse ingresado en un centro hospitalario, por lo que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla se vio forzada a aplazar la celebración de la vista oral hasta este martes.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público pide para cada acusado diez años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal por acción, al abusar presuntamente de una de sus sobrinas menores de edad, y otros diez años por otro delito del mismo tipo pero en este caso por omisión, al "saber y autorizar" que se cometieran los abusos sobre sus respectivas hijas.
En la vista oral los dos cuñados no se sentarán solos en el banquillo pues sus respectivas esposas están acusadas de un delito de corrupción de menores y un delito de abandono de familia por los que la fiscalía pide 12 meses para cada una de ellas.
Los dos padres, identificados como A.M. y J.M.P. y que se encuentran actualmente en libertad provisional tras permanecer en prisión durante un periodo de ocho meses, fueron imputados juntos a sus respectivas mujeres, un tío de las menores y un vecino, aunque finalmente la Fiscalía ha decidido dirigir la acusación únicamente contra los cuatro primeros.
Asimismo, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía solicita para los padres la misma pena y, en el caso de las progenitoras, pide unas penas bastante superiores, diez años de cárcel para cada una, por un presunto delito de abusos sexuales con acceso carnal por omisión, ya que considera que "conocieron" los hechos y aun así "los permitieron".
Por su parte, el abogado que ejerce la defensa de los imputados solicita la libre absolución de sus patrocinados al entender que no hay pruebas de que cometieran los hechos que se les imputan.
Inicialmente, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla procesó a los imputados por un presunto delito continuado de abuso y agresión sexual, corrupción de menores y abandono de familia, y les impuso además el pago de una fianza de 100.000 euros.
Las madres de las pequeñas fueron procesadas porque, según entendía el Juzgado, conocían los hechos e incluso habrían facilitado los encuentros al objeto de que se perpetraran los referidos abusos sexuales en sus propios domicilios.
Los hechos, que ocurrieron cuando las menores tenían entre seis y ocho años, fueron descubiertos en 2008, cuando los profesores de las niñas detectaron indicios de abusos, tras los cuales las menores fueron sometidas a distintos exámenes médicos que detectaron lesiones recientes provocadas supuestamente por agresiones sexuales.
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