También advirtió que debería rebajar la valoración que tenía de su filial hasta un precio razonable, más bajo del que figuraba en sus libros, según explicó ante el juez Fernando Andreu. De aplicarse esta medida, el grupo se habría quedado sin el capital mínimo exigible.
Al día siguiente, el 27 marzo, se reunió con la comisión de auditoría de Bankia y transmitió un mensaje similar y aunque admite que repartió una presentación en la que no decía que era inviable, era algo fácil de deducir para cualquier profesional que sepa leer las cifras.
Con esta posición contradice la versión de la mayoría de los consejeros imputados, entre ellos Ángel Acebes, que presidió la comisión de auditoría hasta abril de 2012. Todos los imputados dijeron que Deloitte nunca puso objeciones a las cuentas y que no supieron por qué se negaron a entregar la auditoría.
Estas declaraciones pueden dar un giro al caso Bankia, ya que el juez Fernando Andreu ahora podría volver a interrogar a esos consejeros para que expliquen las contradicciones entre lo dicho por ellos y Francisco Celma. Este es el motivo principal por el que los abogados de los acusados estuvieron muy incisivos en sus preguntas al auditor Celma.
Celma explicó que Bankia se había anotado 3.300 millones en créditos fiscales que exigirían unos potenciales beneficios de 11.000 millones en el futuro, algo que escapaba de lo razonable, señaló Celma que también les advirtió de que el decreto del ministro Guindos de febrero iba a complicar más la situación de la entidad, al igual que pasaba con la nueva normativa bancaria europea y aseguró también que habían avisado de que existían los problemas del crédito fiscal y la valoración de Bankia desde el 18 de octubre de 2011.
En febrero envió Deloitte un correo electrónico solicitando información sobre el grupo inmobiliario a Bankia, que no tuvo respuesta. Ahí Celma amenazó con no auditar las cuentas y así llegó marzo sin que Bankia le ofreciera una solución a los problemas detectados.
El auditor explicó también en la Audiencia Nacional que en marzo no le entregaron las cuentas firmadas por lo que no pudo realizar el informe de auditoría.
Celma con todo esto y en toda su intervención quiso dar a entender, según los presentes en la sala, que la dirección de Bankia nunca le entregó las cuentas firmadas para evitar que aparecieran con salvedades en la auditoría.
Ante la dificultad para encontrar una solución, en marzo se creó un equipo formado por personal del banco de inversión Lazard, Clifford Chance y Deloitte. Ahí estudian realizar una oferta por Unnim para poder así pedir ayudas del FROB, que era la clave para la solución del grupo y finalmente llegó a la conclusión que era necesaria una inyección de 7.000 millones.
Una de las afirmaciones que más pueden llamar la atención entre las que Celma dío en el Tribunal, fue que el plan de recapitalización aprobado por el Banco de España el 17 de abril no garantizaba que el grupo pudiera seguir adelante en solitario en los próximos años.
Era una inyección necesaria, pero no suficiente, en opinión del auditor. Finalmente, entre el 17 y el 19 de abril, Rato y Celma intercambiaron papeles de trabajo sobre la posible viabilidad del grupo sin que los papeles estuvieran sellados por el membrete de Deloitte.
La auditoría fue clave para que el informe de las cuentas de la entidad financiera para 2011 se diera la vuelta: en principio arrojó unas ganancias de 309 millones (sin el informe de auditoría) y después presentó unas pérdidas de 2.927 millones, algo sin duda sorprendente y escandaloso.
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