Organizaciones ecologistas han exigido la anulación definitiva del clúster eólico del Maestrazgo en Aragón debido a presuntas irregularidades en su Declaración de Impacto Ambiental. Estas entidades, entre las que se encuentran Amigos de la Tierra y Greenpeace, advierten sobre el incumplimiento de estándares ambientales y reclaman una planificación territorial que excluya zonas de alta sensibilidad ecológica. La denuncia subraya la necesidad de garantizar una transición energética justa y respetuosa con el medio ambiente, evitando prácticas irregulares que comprometan la credibilidad de los proyectos renovables.
Ante las presuntas irregularidades en el proceso de otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental del clúster eólico del Maestrazgo, ubicado en Aragón, diversas organizaciones han exigido la anulación definitiva del proyecto. Estas entidades también han subrayado la necesidad de excluir iniciativas renovables en áreas protegidas y de alta sensibilidad ambiental.
Las agrupaciones advierten que esta situación refuerza las alertas emitidas por la sociedad civil sobre el posible incumplimiento de los estándares ambientales necesarios para la aprobación del proyecto. Asimismo, demandan al Gobierno una mayor participación ciudadana en el establecimiento de criterios para las Zonas de Aceleración Renovable, asegurando así la protección ambiental durante su creación.
Las organizaciones Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace y WWF España, junto con ANSAR, ECODES y la Fundación para la conservación del quebrantahuesos, expresan su profunda indignación ante las irregularidades detectadas en la tramitación del clúster eólico. Esta situación está actualmente bajo investigación y se solicita el cese definitivo del proyecto.
A juicio de estas organizaciones, las Declaraciones de Impacto Ambiental concedidas han permitido el desarrollo de 25 parques eólicos en un corredor de alto valor ecológico, lo que afecta gravemente a la Red Natura 2000 y a especies protegidas como el quebrantahuesos.
Además, existen otros proyectos eólicos y fotovoltaicos que enfrentan litigios en diversas etapas de tramitación o construcción. Estos casos evidencian malas prácticas en la planificación renovable en Aragón, incluyendo fragmentación intencionada para evadir evaluaciones estatales y deficiencias significativas en los estudios ambientales requeridos.
Las organizaciones buscan resaltar irregularidades potenciales que podrían comprometer la integridad de la transición energética. En un contexto internacional marcado por la inestabilidad energética y la dependencia de combustibles fósiles, es crucial un despliegue ágil y justo de energías renovables que priorice el bienestar ciudadano y aborde con urgencia la emergencia climática.
Se hace hincapié en que estas prácticas dañan no solo a la transición energética sino también alimentan el rechazo social hacia las energías renovables. Esto perjudica a aquellos sectores que cumplen con las normativas vigentes y son fundamentales para mitigar la crisis climática.
Por otro lado, se requiere con urgencia una planificación territorial que excluya vinculantemente áreas de alto valor ambiental. Las organizaciones valoran positivamente el compromiso gubernamental para presentar antes del 20 de junio un procedimiento coordinado con las comunidades autónomas para designar Zonas de Aceleración para Renovables (ZAR), solicitando una amplia participación ciudadana en este proceso.
Asimismo, se propone que se excluyan todas las áreas sensibles desde media hasta máxima categoría, corredores ecológicos y zonas clave para la conservación. También se debe priorizar el uso de suelos artificiales o degradados para estos proyectos.
Finalmente, se reclama establecer mecanismos obligatorios para asegurar una participación ciudadana reforzada desde fases tempranas, más allá de lo estipulado en el Real Decreto Ley 7/2026. Las organizaciones insisten en que estas medidas no son nuevas; son reclamaciones permanentes que podrían haber evitado casos como el del Maestrazgo si se hubieran implementado anteriormente.
No se puede dejar el despliegue democrático de la transición energética únicamente a decisiones del mercado. Es esencial prohibir malas prácticas y hacer obligatorias las buenas prácticas.
Las organizaciones defienden que es viable un despliegue ágil de energías renovables que respete tanto a las personas como al medio ambiente. Las claves incluyen una adecuada ordenación territorial del desarrollo energético, coordinación con redes eléctricas necesarias, fomento del autoconsumo y medidas efectivas para reducir la demanda energética.
Se reclama la anulación definitiva del proyecto debido a presuntas irregularidades en el trámite de otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental.
Es crucial excluir estos proyectos para proteger áreas de máxima sensibilidad ambiental y evitar daños a la biodiversidad, especialmente en corredores ecológicos y zonas clave para especies protegidas.
Las organizaciones involucradas incluyen Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace, WWF España, y varias organizaciones aragonesas como ANSAR y ECODES.
Las DIA han permitido la tramitación de 25 parques eólicos en un corredor de alto valor ecológico, afectando gravemente a la Red Natura 2000 y a especies protegidas como el quebrantahuesos.
Se propone una planificación territorial que priorice emplazamientos artificiales y excluya zonas de mayor valor ambiental, así como garantizar una amplia participación ciudadana en el diseño de criterios para Zonas de Aceleración Renovable.
Las malas prácticas alimentan el rechazo social hacia las energías renovables, perjudicando a aquellos sectores que cumplen con la legalidad y son esenciales para mitigar la crisis climática.
Se demanda que las empresas obliguen a una participación ciudadana reforzada desde fases tempranas del proyecto, más allá de informar a propietarios y administraciones locales antes de solicitar autorizaciones.