Greenpeace ha presentado la propuesta "Garantía de Movilidad" con el objetivo de garantizar que todas las personas en España, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a un transporte público seguro, asequible y sostenible. Esta iniciativa busca reducir la desigualdad social y la dependencia del automóvil, dado que 25 millones de españoles no tienen carnet de conducir y más de uno de cada cinco hogares carece de coche. La propuesta se fundamenta en tres ejes: movilidad activa, transporte público y acceso a servicios esenciales. Greenpeace insta a los responsables políticos a establecer estándares vinculantes para mejorar la frecuencia, cobertura y accesibilidad del transporte público, promoviendo así una movilidad equitativa que contribuya a la lucha contra el cambio climático.
Greenpeace ha presentado una innovadora propuesta denominada Garantía de Movilidad, que busca asegurar el acceso a opciones de transporte seguras, asequibles y sostenibles para todas las personas, independientemente de su lugar de residencia. Esta iniciativa no solo promueve la equidad social, sino que también se alinea con los esfuerzos para combatir el cambio climático y reducir la dependencia del automóvil.
En España, alrededor de 25 millones de personas carecen de carnet de conducir y más de uno de cada cinco hogares no posee un vehículo. Ante esta situación, Greenpeace advierte que la movilidad continúa siendo un privilegio para muchos y propone una alternativa que garantice un transporte público accesible en todo el territorio.
La presentación de esta propuesta coincide con el inicio de la Semana Europea de la Movilidad. La Garantía de Movilidad tiene como objetivo permitir que todas las personas puedan realizar sus desplazamientos cotidianos sin necesidad de un vehículo privado, asegurando así una movilidad segura y asequible.
La elección entre utilizar transporte público o un automóvil privado no depende únicamente de preferencias personales, sino también de factores como la falta de estaciones cercanas, trayectos prolongados o horarios inadecuados. Esta realidad obliga a muchas personas a depender del coche, lo que incrementa los gastos familiares y agrava la crisis climática, generando desigualdades sociales en el acceso al transporte.
Greenpeace propone transformar la movilidad activa —peatonal y ciclista— y el transporte público en derechos fundamentales para todos los ciudadanos. Para ello, solicita a los responsables políticos que establezcan estándares vinculantes en cuanto a frecuencia, cobertura y accesibilidad del servicio.
La organización ecologista sostiene que es imprescindible garantizar condiciones mínimas para el transporte público y adecuadas para los desplazamientos peatonales y ciclistas, sin importar si se reside en áreas urbanas, periféricas o rurales.
"La Garantía de Movilidad busca que todas las personas puedan acceder a opciones seguras y asequibles, reduciendo así la dependencia del automóvil", afirmó Cristina Arjona, portavoz de Greenpeace. "Esta propuesta demuestra que es posible conciliar necesidades económicas con acciones efectivas contra el cambio climático".
La Garantía de Movilidad se estructura en tres ejes operativos: una garantía universal para la movilidad activa segura, una garantía robusta para el transporte público y una garantía para el acceso a servicios esenciales cercanos.
Asimismo, se debe evaluar la calidad del transporte público según criterios como conectividad, frecuencia, horarios, tiempo de viaje, y accesibilidad. Estos elementos son cruciales para ofrecer un servicio efectivo adaptado a las necesidades locales.
Dicha propuesta se inspira en modelos exitosos implementados en países centroeuropeos como Alemania y Austria. La introducción de abonos integrados ha demostrado ser efectiva al reducir los viajes en coche y las emisiones contaminantes. Ahora, el debate avanza hacia asegurar un servicio adecuado en todo el territorio español.
A través del establecimiento de un abono único estatal, previsto para 2026 por parte del Gobierno, se espera disminuir aún más la dependencia del automóvil y garantizar que la movilidad sea un derecho universal.
A pesar de su uso predominante en España, Greenpeace cuestiona la idea del coche como medio universal. Actualmente, cada persona recorre un promedio diario de 28.4 km en automóvil frente a solo 5.4 km utilizando transporte público terrestre. Esto pone en evidencia que el automóvil no es accesible para toda la población; 25 millones carecen de licencia y más del 20% no tiene vehículo propio.
Los datos reflejan que el acceso al automóvil está condicionado por factores económicos y sociales. Además, incluso quienes poseen vehículos enfrentan altos costos asociados a su compra y mantenimiento; adquirir uno nuevo puede representar hasta once meses del salario medio anual.
El sector del transporte es responsable del 32% de las emisiones totales en España. Un sistema eficiente podría contribuir significativamente a alcanzar los objetivos climáticos propuestos por el país. Asimismo, mejorar el transporte público puede reducir enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica —que causan entre 20.000 y 30.000 muertes prematuras anuales— mejorando así la calidad de vida general.
A largo plazo, invertir en un sistema bien planificado no solo ahorraría costes relacionados con accidentes y congestión vial sino también generaría beneficios económicos significativos al evitar gastos innecesarios derivados del uso excesivo del automóvil.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 25 millones | Personas en España sin carnet de conducir |
| Más de uno de cada cinco | Hogares en España sin coche |
| 28,4 km | Media diaria recorrida por persona en automóvil |
| 5,4 km | Media diaria recorrida por persona en transporte público terrestre |
| 23.666 € | Costo medio para comprar un vehículo nuevo en España (2023) |
La Garantía de Movilidad es una propuesta que busca asegurar que todas las personas, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a opciones de transporte seguras, asequibles y sostenibles. Esta iniciativa promueve la equidad social y la lucha contra el cambio climático, reduciendo la dependencia del coche.
En España, 25 millones de personas no tienen carnet de conducir, lo que representa un 40,3% de la población mayor de 18 años.
Greenpeace alerta que la movilidad sigue siendo un privilegio porque muchas personas dependen del vehículo privado debido a la falta de opciones adecuadas de transporte público. Esto genera desigualdades sociales y pobreza en el transporte.
La Garantía de Movilidad se concreta en tres ejes: una garantía de movilidad activa segura y universal, una garantía de transporte público y una garantía de acceso a servicios esenciales en proximidad.
Un sistema de transporte público bien planificado puede reducir costos asociados al tráfico, mejorar la calidad del aire y disminuir enfermedades relacionadas con la contaminación. Además, contribuye a cumplir los objetivos climáticos al reducir el uso del coche privado.