Las organizaciones ecologistas, incluyendo Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la Secretaría General de Pesca una revisión exhaustiva del Real Decreto en tramitación sobre la asignación de cuotas pesqueras. Estas entidades abogan por un reparto que favorezca prácticas pesqueras de bajo impacto y beneficie a las comunidades costeras. Critican que el borrador actual no prioriza adecuadamente las buenas prácticas ambientales y sociales. Proponen incentivos para reducir capturas accidentales, un reparto equitativo de cuotas y mayor transparencia en la gestión. Además, expresan su preocupación por modificaciones que podrían aumentar el esfuerzo pesquero sin justificación científica.
Las organizaciones ecologistas, entre ellas Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, han exigido a la Secretaría General de Pesca una revisión exhaustiva del borrador del Real Decreto que actualmente se tramita. Su objetivo es garantizar una transición justa hacia prácticas pesqueras de bajo impacto.
Estas entidades han expresado su preocupación por el hecho de que el texto vigente desaprovecha la oportunidad de priorizar las buenas prácticas ambientales y sociales en la pesca. En este sentido, abogan por un reparto más equilibrado y transformador de las posibilidades de pesca entre los distintos tipos de artes.
Las organizaciones proponen un modelo más justo que favorezca el relevo generacional e impulse la incorporación de mujeres al sector pesquero. Además, sugieren incentivar métodos de pesca más selectivos que reduzcan las capturas incidentales de especies amenazadas y promuevan la creación de empleo de calidad en las comunidades costeras. Este enfoque también busca contribuir significativamente a la conservación y restauración del ecosistema marino.
El borrador del Real Decreto, que regula cuánto puede pescar cada barco, podría ser clave para alcanzar un modelo pesquero más sostenible y transparente. Sin embargo, las organizaciones consideran que el planteamiento actual es poco ambicioso y corre el riesgo de perpetuar el statu quo, sin generar cambios reales hacia una transición social y ambientalmente justa.
En este contexto, las organizaciones han solicitado enmendar el texto en cuatro áreas fundamentales:
Las organizaciones han enfatizado: “Este Real Decreto representa una gran oportunidad para avanzar hacia prácticas pesqueras sostenibles que beneficien a las comunidades costeras en lugar de favorecer únicamente a grandes empresas. Para lograrlo, es esencial contar con criterios transparentes y objetivos cuantificables.”
Aparte del Real Decreto, se prevén modificaciones en varias regulaciones técnicas relacionadas con las dimensiones de redes utilizadas. Las organizaciones han manifestado su inquietud ante estas medidas, que podrían aumentar significativamente el esfuerzo pesquero sin justificación científica o socioeconómica adecuada.
Las organizaciones que están demandando un reparto de cuotas que premie las prácticas pesqueras de menor impacto son Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF.
El objetivo principal es garantizar una transición justa hacia la pesca de bajo impacto, priorizando buenas prácticas ambientales y sociales en la asignación de posibilidades de pesca.
Proponen cuatro pilares fundamentales: incentivos reales para prácticas responsables, un reparto más equitativo de las posibilidades de pesca, participación y transparencia en el proceso, y compromisos con objetivos claros y medibles para su implementación.
A pesar de que consideran que va en la buena dirección, creen que corre el riesgo de mantener el statu quo sin capacidad para realizar cambios reales hacia una transición social y ambiental justa.
Muestran preocupación por medidas como el aumento de las dimensiones de ciertas redes pesqueras, ya que podrían duplicar o triplicar el esfuerzo pesquero sin justificación científica o socioeconómica adecuada.