Greenpeace y la red Gas No es Solución han exigido una evaluación ambiental estratégica para los proyectos de hidrógeno en España, presentados por Enagás. La organización denuncia que estos proyectos se están fraccionando en 15 tramos, lo que impide una evaluación global de sus impactos. Exigen al Gobierno que se detengan los trámites hasta que se presente un informe que contemple todas las infraestructuras involucradas. Además, critican la falta de planificación ambiental y la viabilidad del mercado del hidrógeno en el país, alertando sobre el riesgo de financiar infraestructura privada con fondos públicos sin una adecuada evaluación de su contribución a la descarbonización. Las organizaciones ecologistas piden un enfoque más democrático y participativo en la transición energética.
La compañía Enagás ha presentado un ambicioso plan denominado ‘Infraestructura interior de hidrógeno en España’, que se encuentra dividido en 15 proyectos, incluyendo dos iniciativas de interconexión del H2Med y un sistema de almacenamiento de hidrógeno en una cueva salina en Cantabria. Sin embargo, esta fragmentación ha suscitado la crítica de las organizaciones que conforman la red Gas No es Solución, las cuales argumentan que este enfoque no es aceptable y establece un precedente negativo.
Ante esta situación, estas entidades han exigido al Gobierno español que Enagás cumpla con la normativa vigente y presente un informe de evaluación ambiental estratégica que abarque todas las infraestructuras relacionadas con el hidrógeno.
Las organizaciones, entre las que se destaca Greenpeace, han formalizado alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estas alegaciones están dirigidas contra los trámites de información pública actualmente abiertos para los distintos tramos del proyecto mencionado. La red demanda la paralización inmediata de estos trámites hasta que se apruebe un marco legislativo que permita una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) adecuada para todos los planes asociados.
Asimismo, las entidades critican que la red de transporte de hidrógeno promovida por Enagás carece de la planificación ambiental necesaria según lo estipulado por la legislación actual. A diferencia de lo que ocurre con la red eléctrica, este proyecto se está gestionando sin una visión integral. Marina Gros Breto, coordinadora del Área de Energía de Ecologistas en Acción y portavoz de la red, advirtió sobre las implicaciones: “Estamos ante una infraestructura altamente interrelacionada que afecta a diferentes territorios, recursos y comunidades”.
Entre los argumentos presentados por la red se destaca el bajo desarrollo actual del mercado del hidrógeno en España, donde operan apenas 33 MW de electrolizadores. Esto contrasta con las proyecciones desmesuradas del promotor, que contemplan hasta 74 GW destinados principalmente a exportar hidrógeno renovable hacia Francia y Alemania a través del corredor H2Med. Esta expansión requeriría una instalación masiva de generación renovable adicional, lo cual podría tener serias repercusiones sobre el territorio y los ecosistemas.
Además, se denuncia que esta iniciativa está respaldada por fondos públicos sin haber demostrado su viabilidad ni su contribución real a la descarbonización. Francisco del Pozo, responsable de combustibles fósiles y nuclear de Greenpeace, enfatizó: “Estamos asistiendo a un nuevo caso de inyección de dinero público a infraestructura privada con enormes riesgos”.
A pesar de reconocer el potencial del hidrógeno verde para contribuir a la descarbonización en sectores difíciles de electrificar como ciertos tipos de industrias o el transporte marítimo y aéreo, las organizaciones subrayan que no todos los usos actuales pueden ser descarbonizados. Es esencial promover un cambio en los modelos productivos y hábitos para reducir las necesidades logísticas.
En sus alegaciones, Gas No es Solución exige no solo una Evaluación Ambiental Estratégica para toda la red troncal sino también evaluaciones ambientales ordinarias completas para cada tramo. Se advierte que el fraccionamiento del proyecto podría infringir tanto la legislación europea como española al no considerar los impactos acumulativos.
"No se puede hablar de transición energética sin ordenar usos del suelo, evaluar impactos globales y garantizar participación ciudadana", afirman desde Gas No es Solución. En este contexto, reclaman una transición verdaderamente democrática y socialmente justa donde las decisiones estratégicas sean tomadas con transparencia e inclusión ciudadana.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 33 MW | Desarrollo actual del mercado del hidrógeno en España (electrolizadores operativos) |
| 74 GW | Proyecciones de capacidad de generación de hidrógeno según el promotor |
| Decenas de GW adicionales | Requeridos para la expansión del proyecto |
| 15 proyectos | Presentados por Enagás como parte de la infraestructura interior de hidrógeno |
Están exigiendo una Evaluación Ambiental Estratégica que englobe todos los proyectos relacionados con la infraestructura de hidrógeno, argumentando que el fraccionamiento de estos proyectos no es admisible y sienta un mal precedente.
Las organizaciones denuncian que la red carece de la planificación ambiental exigida por la legislación vigente y se está tramitando por tramos aislados, sin una visión global y estratégica, lo que podría afectar a diferentes territorios y comunidades de manera acumulativa.
Se argumenta que el mercado del hidrógeno en España está poco desarrollado, con apenas 33 MW de electrolizadores operativos, frente a proyecciones desmesuradas. Además, se critica que la iniciativa está sostenida con fondos públicos sin demostrar su viabilidad o contribución real a la descarbonización.
Están pidiendo no solo una Evaluación Ambiental Estratégica para toda la red troncal, sino también una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria completa para cada tramo, considerando las afecciones sinérgicas y acumulativas.
La organización sostiene que no se puede hablar de transición energética sin ordenar usos del suelo, evaluar impactos globales y garantizar participación ciudadana, abogando por una transición democrática y socialmente justa.