La crisis climática se ha convertido en una grave amenaza para los derechos humanos, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Los efectos del cambio climático, como olas de calor, inundaciones y sequías, impactan directamente en derechos fundamentales como la vida y la salud. Türk enfatiza la necesidad urgente de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para garantizar una transición justa hacia economías sostenibles. Advierte sobre la insostenibilidad de los patrones actuales de producción y consumo y destaca que las energías renovables son clave para el futuro. Además, subraya la importancia de rendir cuentas a las empresas contaminantes y asegura que una transformación justa es esencial para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
La crisis climática se erige como una amenaza inminente para los derechos fundamentales de millones de personas a nivel global, según lo declarado este lunes por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En un contexto donde los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes, Volker Türk subrayó que esta situación no es solo ambiental, sino que se trata de una crisis de derechos humanos.
Türk hizo un llamado urgente a los Estados para que implementen medidas equitativas que faciliten una transición justa hacia modelos sostenibles. Durante su intervención en el panel anual del Consejo de Derechos Humanos, abordó cómo el calentamiento global está impactando gravemente las garantías fundamentales, mencionando fenómenos como olas de calor, inundaciones, sequías e incendios forestales que afectan directamente el derecho a la vida y a un medio ambiente saludable.
“La ola de calor que estamos experimentando aquí en Ginebra es un recordatorio inmediato de la necesidad de adoptar medidas de adaptación. Sin estas acciones, los derechos humanos estarán en grave peligro”, advirtió Türk.
El Alto Comisionado criticó con firmeza los actuales patrones de producción y consumo, describiéndolos como “insostenibles” y enfatizando que las energías renovables deben ser la vía hacia el futuro. Aunque reconoció un aumento significativo en la capacidad de producción de energías renovables entre 2011 y 2023, también expresó su preocupación por la falta de una hoja de ruta clara que guíe una transformación justa en nuestras sociedades.
Esa transformación requiere, según Türk, “el fin de la producción y uso de combustibles fósiles” así como la reestructuración integral de sectores clave como energía, agricultura, finanzas y construcción.
“Estamos ante una de las transformaciones más significativas que ha vivido nuestro mundo”, afirmó, advirtiendo que sin un enfoque centrado en los derechos humanos, esta transición podría perpetuar y agravar las desigualdades existentes. En cuanto al empleo, mencionó que aunque la transición verde tiene el potencial de crear millones de nuevos puestos laborales, también podría eliminar hasta seis millones en el sector de combustibles fósiles. “Muchos trabajadores carecen actualmente de cualquier tipo de protección”, remarcó Türk.
Aproximadamente 3.800 millones de personas en todo el planeta aún no tienen acceso a una red básica de seguridad social, lo cual agrava aún más esta problemática.
Además, Türk destacó la importancia de integrar plenamente la igualdad de género y el respeto a los derechos indígenas durante este proceso transformador. También denunció que las corporaciones dedicadas a los combustibles fósiles continúan propagando desinformación y obstaculizando el cambio mediante “soluciones falsas y greenwashing”.
“Los contaminadores deben asumir sus responsabilidades”, insistió. En este sentido, llamó a la acción inmediata, subrayando que el cambio climático no es únicamente un desafío ambiental; se trata también de un imperativo moral y una cuestión esencial de justicia global.
Finalmente, Türk instó a los gobiernos a construir “economías basadas en los derechos humanos" que prioricen tanto la sostenibilidad como la equidad para garantizar el bienestar presente y futuro. “Una transición justa no es opcional; es vital para el futuro colectivo de la humanidad”, concluyó.
La crisis climática se considera una crisis de derechos humanos porque sus impactos, como olas de calor, inundaciones y sequías, amenazan directamente los derechos fundamentales de las personas, incluyendo el derecho a la vida, la salud y un medio ambiente limpio y sostenible.
Se insta a los Estados a adoptar medidas urgentes y equitativas para garantizar una transición justa hacia economías sostenibles que prioricen los derechos humanos y la justicia global.
Aunque ha habido avances en la producción de energías renovables, aún falta una hoja de ruta clara para lograr una transformación justa. Además, se menciona que la transición verde podría eliminar millones de empleos en el sector de combustibles fósiles, afectando a trabajadores sin protección social.
Las empresas deben rendir cuentas y ser parte del proceso de transición. Se denuncia que algunas corporaciones de combustibles fósiles están difundiendo desinformación y bloqueando el cambio mediante "soluciones falsas" y prácticas de "greenwashing".
El Alto Comisionado enfatiza que el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino un imperativo moral y de justicia global. Llama a los gobiernos a construir economías basadas en los derechos humanos, destacando que una transición justa es esencial para el futuro de la humanidad.