Ecologistas en Acción se reunió con la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha para discutir el fin de la moratoria sobre macrogranjas y el nuevo decreto de purines. Este decreto excluiría a las instalaciones con menos de 2.500 plazas, lo que afectaría al 40% de las granjas en la región. La reactivación de 61 proyectos paralizados podría incrementar en un 19% la población porcina, impactando a 43 municipios. Ecologistas en Acción advierte que este modelo favorece a grandes empresas y genera problemas ambientales, como la contaminación por nitratos, que afecta el agua potable en varias localidades.
El reciente decreto sobre purines en Castilla-La Mancha ha generado un intenso debate entre los defensores del medio ambiente y las autoridades regionales. Este nuevo marco legal dejaría fuera a las macrogranjas que operan con menos de 2.500 plazas, lo que representa aproximadamente el 40% de las instalaciones actuales en la región.
La reactivación de 61 proyectos que habían sido pausados podría resultar en un aumento de 362.863 cabezas de ganado, lo que se traduce en un incremento del 19% en la población porcina, afectando a 43 municipios.
Representantes de la organización Stop Ganadería Industrial, parte de Ecologistas en Acción, se reunieron el pasado 28 de febrero con Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, para expresar sus preocupaciones ante el fin de la moratoria y la posible reactivación de los proyectos paralizados.
En este encuentro, se discutieron también las exenciones contempladas en el decreto sobre purines. La consejera argumentó que excluir a las instalaciones menores a 2.500 cerdos podría llevar a su cierre. Sin embargo, Toni Jorge, coportavoz de Ecologistas en Acción en la Manchuela, destacó que estas macrogranjas representan más del 40% de la producción porcina regional y operan mayoritariamente bajo un régimen de integración.
Toni Jorge criticó que los costos operativos recaen principalmente sobre los ganaderos locales, quienes suelen recibir subvenciones públicas para cubrir gastos. En contraste, las grandes empresas integradoras no asumen estos costos a pesar de ser las principales beneficiarias del sistema.
A su vez, Ecologistas en Acción alertó sobre una creciente precariedad laboral y la falta de alternativas para los empresarios ganaderos, quienes se encuentran atrapados en un ciclo de endeudamiento. “Las agresiones medioambientales continúan y los beneficios se desvían hacia otras regiones”, afirmaron desde la organización.
Sobre el impacto ambiental, Ecologistas en Acción citó datos proporcionados por especialistas de la Consejería. Según sus análisis multiisotópicos, casi el 70%% de las estaciones analizadas presentan contaminación por nitratos atribuible a la ganadería industrial o a esta junto con la agricultura. Solo un 30.6%% es resultado exclusivo de fertilización agrícola.
Además, mencionaron una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del 15 de enero de 2018 que confirmaba que las aguas potables del Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey estaban contaminadas por nitratos provenientes de purines y estiércol generados por granjas porcinas y vacas autorizadas.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 2,500 | Número de plazas que dejarían fuera a las macrogranjas del nuevo decreto. |
| 40% | Porcentaje de instalaciones actuales en Castilla-La Mancha excluidas del nuevo decreto. |
| 61 | Número de proyectos pausados que podrían reactivarse. |
| 362,863 | Incremento esperado en el número de cabezas de ganado (cerdos). |
| 19% | Incremento porcentual en el número total de cerdos. |
El nuevo decreto de purines dejaría fuera a las macrogranjas de menos de 2.500 plazas, lo que afectaría al 40% de las instalaciones actuales en la región.
La reactivación de los 61 proyectos pausados supondría un incremento de 362.863 cabezas, un 19% más de cerdos, afectando a 43 municipios en Castilla-La Mancha.
Ecologistas en Acción defiende que el actual modelo favorece a grandes empresas integradoras y perjudica a los pueblos locales y empresarios del sector.
Se argumenta que casi el 70% de la contaminación por nitratos en la región se debe a la ganadería industrial, lo que afecta la calidad del agua potable en varias localidades.
Los ganaderos suelen estar atrapados en un modelo donde todos los gastos son asumidos por ellos, mientras que las grandes empresas integradoras no cubren estos costos y se benefician económicamente.