Las organizaciones ambientales Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han expresado su grave preocupación por los proyectos de Ley de Montes y de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) que se encuentran en tramitación parlamentaria. Estas leyes, según las organizaciones, representan un retroceso significativo en la protección del medio ambiente, permitiendo descatalogaciones y cambios de uso del suelo que amenazan el patrimonio forestal. Además, advierten que la reducción del rigor en el control ambiental podría comprometer la protección de recursos esenciales como el agua y la biodiversidad. Las organizaciones instan a una actualización normativa que refuerce las garantías ambientales en lugar de debilitarlas, destacando la importancia de una gestión forestal efectiva y una adecuada integración entre políticas ambientales y gestión del agua en Andalucía.
Organizaciones ambientales alertan sobre reformas legislativas en Andalucía
Las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han manifestado su creciente preocupación por los proyectos de Ley de Montes y de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), actualmente en tramitación parlamentaria. Estos textos, que han sido enviados a la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente para su discusión urgente, podrían representar un grave retroceso en la protección del medio ambiente en la región.
Según estas organizaciones, el procedimiento acelerado de tramitación limita el debate necesario antes de aprobar normas que tienen un impacto significativo en lo territorial, ecológico y social. La situación se hace más alarmante considerando que el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía ya ha publicado estos proyectos.
En relación con la Ley de Montes, las organizaciones advierten que su redacción podría facilitar descatalogaciones y cambios en el uso del suelo, lo que debilitaría la protección histórica del patrimonio forestal público. Además, se teme que esta norma no contemple adecuadamente aspectos cruciales como la prevención estructural de incendios, la restauración ecológica y la conectividad ecológica, elementos esenciales ante el creciente riesgo climático que enfrenta Andalucía.
Por otro lado, respecto a la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), se señala que algunos planteamientos propuestos implican una notable reducción en el rigor del sistema de control ambiental. La introducción de la Autorización Ambiental Simplificada (AAS) y procedimientos abreviados podría resultar en menos evaluaciones exhaustivas, poniendo en riesgo funciones clave de control e inspección ambiental.
Tales modificaciones podrían comprometer la capacidad administrativa para asegurar niveles adecuados de protección en áreas sensibles como el agua y la biodiversidad. Además, se alejarían de los principios fundamentales exigidos por normativas estatales y europeas relacionadas con precaución y prevención.
Las organizaciones también destacan la necesidad urgente de integrar adecuadamente las políticas ambientales con la gestión del agua, algo que falta en el nuevo LEGAM. Esta integración es especialmente crítica en una comunidad autónoma como Andalucía, donde las sequías son frecuentes y muchas masas de agua están clasificadas como deficientes o malas.
Aparte de esto, se recuerda que muchos montes públicos son gestionados a nivel municipal. Sin un apoyo técnico y financiero adecuado —que no está contemplado suficientemente en los actuales textos— será complicado garantizar una gestión forestal efectiva a nivel local.
En conjunto, estas propuestas normativas podrían llevar a un preocupante escenario de desregulación y regresión en el control ambiental. Esto se ve agravado por el proceso acelerado al que están sometidas dos leyes complejas e impactantes. Ante desafíos ambientales tan serios como incendios severos, pérdida de biodiversidad y efectos del cambio climático, cualquier debilitamiento en las garantías ambientales representa un riesgo inaceptable para Andalucía.
Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife insisten en que la participación pública no debe ser solo un formalismo durante el debate legislativo. Estas organizaciones reiteran su disposición a colaborar con el Parlamento andaluz para mejorar las leyes propuestas. Subrayan además la necesidad imperiosa de reforzar la protección de los montes públicos e integrar plenamente las exigencias científicas y europeas relacionadas con biodiversidad, agua y clima.
Andalucía posee un patrimonio natural excepcional que necesita ser conservado y restaurado ante los desafíos actuales y futuros. Por ello, las organizaciones hacen un llamado a que cualquier actualización normativa busque aumentar las garantías ambientales y refleje adecuadamente la importancia y complejidad de los temas regulados por estas leyes.
Las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han manifestado su profunda preocupación ante el retroceso que pueden suponer las actuales reformas legislativas para la protección del medio ambiente en Andalucía.
Los proyectos de Ley de Montes y de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) son los que actualmente están en tramitación parlamentaria y que han sido objeto de críticas por parte de las organizaciones ambientales.
Se señala que la Ley de Montes podría permitir descatalogaciones, ocupaciones prolongadas y cambios de uso del suelo, lo cual reduciría la protección del patrimonio forestal público. También se critica la falta de ambición en materia de prevención de incendios y protección ecológica.
Las organizaciones advierten que esta ley podría reducir drásticamente el alcance y rigor del sistema de control ambiental, lo que comprometería la capacidad administrativa para garantizar niveles adecuados de protección ambiental en áreas sensibles como el agua y la biodiversidad.
Dada la situación crítica del agua en Andalucía, donde muchas masas están en estado deficiente o malo, es crucial integrar estas políticas para abordar los desafíos relacionados con sequías estructurales y garantizar un manejo sostenible.
Las organizaciones insisten en que cualquier actualización normativa debe orientarse a incrementar las garantías ambientales, no a reducirlas, y demandan una tramitación que refleje la relevancia y complejidad de las materias reguladas por estas leyes.