Greenpeace ha celebrado el reciente decreto antiapagones aprobado por el Consejo de Ministros, que promueve el autoconsumo y la transición energética. Sin embargo, la organización advierte que este decreto aún otorga demasiado poder a las grandes compañías eléctricas. Entre las medidas positivas se encuentra la ampliación del radio para el autoconsumo y desgravaciones fiscales para bombas de calor. No obstante, Greenpeace critica la eliminación del trámite de evaluación ambiental para baterías en plantas existentes, lo que podría tener consecuencias negativas. La organización exige una normativa más valiente que garantice servicios energéticos accesibles y sostenibles, así como un sistema eléctrico inteligente y resiliente.
Greenpeace ha manifestado su satisfacción por las medidas de aceleración de la transición energética y el fomento del autoconsumo que se han incluido en el decreto antiapagones, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Sin embargo, la organización también ha expresado su preocupación al señalar que sigue existiendo un excesivo poder en manos de las grandes compañías eléctricas.
Entre los aspectos positivos del decreto, Greenpeace destaca la ampliación del radio para el autoconsumo de 2 a 5 kilómetros, así como las desgravaciones fiscales para la instalación de bombas de calor, que buscan eliminar el uso del gas en los hogares. Además, la organización valora la agilización necesaria de los proyectos de almacenamiento y la creación de figuras como el gestor de autoconsumo colectivo y los agregadores independientes.
A pesar de estos avances, Greenpeace ha señalado que el Real Decreto Ley presenta preocupaciones significativas. Una de ellas es la eliminación del trámite de evaluación ambiental para baterías dentro del perímetro de plantas ya aprobadas. Aunque esta medida podría facilitar el despliegue de energías renovables y almacenamiento, crea un precedente peligroso al tratar actividades con impactos distintos sin una evaluación adecuada. La organización advierte que las declaraciones de impacto ambiental deben mantener sus especificidades, incluso bajo una normativa simplificada.
Francisco del Pozo Campos, responsable de la Campaña de combustibles fósiles en Greenpeace, ha declarado: “Necesitamos una normativa valiente que aborde problemas históricos, como la transparencia del sector eléctrico, el papel y gestión de las redes eléctricas y la autonomía energética a través del uso solar en los hogares. Esta crisis ha evidenciado nuestra dependencia vital de la electricidad y subraya la necesidad urgente de que sea renovable para mitigar el cambio climático.”
El decreto antiapagones también presenta importantes lagunas en áreas críticas. Greenpeace ya había propuesto a la ministra Sara Aagesen un conjunto de 10 medidas clave para garantizar un sistema eléctrico seguro y sostenible. Entre las omisiones más notables se encuentra la limitación del uso especulativo por parte de los operadores hidroeléctricos, cuya gestión debería priorizarse al servicio del operador del sistema, especialmente durante sequías recurrentes.
Además, el decreto no avanza hacia un sistema eléctrico verdaderamente inteligente. Se ignoran propuestas cruciales como la carga bidireccional para vehículos eléctricos o mecanismos que permitan a las energías renovables contribuir con inercia sintética al sistema.
Otros temas críticos que quedan fuera del alcance del decreto incluyen acelerar las interconexiones con otros países, establecer pagos por capacidad a plantas renovables flexibles en lugar de a instalaciones a gas, y limitar el oligopolio energético mediante una separación clara entre empresas involucradas en actividades reguladas y liberalizadas. También se espera el lanzamiento de una Comisión Nacional de Energía con el objetivo de regular un sistema energético orientado hacia un futuro 100 % renovable.
Greenpeace celebra las medidas de aceleración de la transición energética y de impulso del autoconsumo incluidas en el decreto antiapagones, como la ampliación del radio para el autoconsumo y la agilización de proyectos de almacenamiento.
La organización denuncia que el decreto sigue dejando demasiado poder en manos de las grandes compañías eléctricas y presenta preocupaciones sobre la eliminación del trámite de evaluación ambiental para baterías dentro del perímetro de plantas existentes.
Greenpeace solicita una normativa valiente que aborde problemas históricos del sector eléctrico, como la transparencia, la gestión de redes eléctricas y la promoción de comunidades energéticas con energía solar.
El decreto no aborda temas importantes como la limitación del uso especulativo por parte de operadores hidroeléctricos, la carga bidireccional para vehículos eléctricos y la aceleración de interconexiones con otros países.