Organizaciones como Greenpeace y Amigas de la Tierra han presentado propuestas al Ministerio de Agricultura para una futura Ley de Agricultura Familiar que promueva una transición agroecológica justa. Las medidas incluyen limitar el acaparamiento de tierras y aguas por grandes corporaciones, crear un banco público de tierras, y establecer un fondo para apoyar a la agricultura familiar. Se busca priorizar la pequeña agricultura vinculada al territorio, frenar la industrialización del sector y garantizar el acceso a recursos para jóvenes y mujeres productoras. La ley es vista como esencial para enfrentar la crisis climática y de biodiversidad, así como para revitalizar las explotaciones agrarias en declive.
Organizaciones como Greenpeace, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, WWF España y SEO/Birdlife han presentado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una serie de propuestas para la futura Ley de Agricultura Familiar. Esta legislación es considerada una promesa del actual gobierno y su apertura a consulta pública se anunció tras más de un año de espera. El pasado 3 de marzo, el ministerio dio inicio a este proceso, que llega con un considerable retraso.
Las organizaciones demandan una acción urgente ante el alarmante declive de las explotaciones agrarias, especialmente aquellas de pequeña escala. En este contexto, se enfatiza la necesidad de fomentar una transición agroecológica justa que responda a la crisis climática y de biodiversidad, asegurando que el sector agrario sea parte activa en la solución.
Entre las propuestas destacadas se encuentra la limitación del acaparamiento de tierras y aguas por parte de grandes corporaciones y fondos de inversión. Además, se plantea la creación de un banco público de tierras y aguas, así como un fondo destinado a facilitar esta transición agroecológica.
La ley debe priorizar a la pequeña agricultura y ganadería vinculada al territorio. Esto es fundamental para proteger estos modelos productivos frente a la industrialización que amenaza su existencia. Las organizaciones subrayan que es vital reconocer también el papel de los agricultores sociales en esta nueva estructura agrícola sostenible.
El informe del IPCC advierte sobre las pérdidas inminentes en la producción agrícola en Europa debido a condiciones meteorológicas extremas. En este sentido, se estima que más del 12% de las explotaciones agrarias han desaparecido en los últimos tres años, siendo las más afectadas las pequeñas explotaciones, que han visto una reducción del 36% desde 2007.
A medida que el cambio climático avanza, resulta esencial establecer mecanismos legales que apoyen a los pequeños productores y promuevan prácticas agrícolas sostenibles. La propuesta incluye medidas para frenar la expansión desmedida de grandes corporaciones e incentivar el relevo generacional en el sector agrario.
A través de esta ley se busca no solo limitar el acceso a fondos públicos por parte de grandes entidades, sino también impulsar un modelo agroecológico que favorezca a quienes ya producen bajo prácticas ecológicas. Se plantea además fortalecer el papel de las mujeres en el ámbito agrícola y crear una mesa estatal dedicada al seguimiento y evaluación de estas iniciativas.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 12% | Reducción del número de explotaciones agrarias en los últimos tres años. |
| 36% | Reducción de las explotaciones agrarias de pequeña escala desde 2007. |
| 1 año y medio | Plazo máximo solicitado para que la ley sea una realidad. |
La ley propone limitar la concentración y el acaparamiento de tierras y aguas, así como el acceso a fondos públicos por parte de grandes corporaciones y fondos de inversión. Se incluyen medidas como un banco público de tierras y aguas, un fondo de transición justa, y el fin de los incentivos a la agricultura y ganadería industrial.
Es urgente debido al declive desmesurado de las explotaciones agrarias, especialmente las de pequeña escala, que han disminuido un 36% desde 2007. Además, la pérdida de biodiversidad, escasez de agua y cambio climático afectan intensamente a la agricultura familiar.
Las propuestas incluyen apoyo a la pequeña agricultura vinculada al territorio, freno a la expansión de grandes corporaciones, creación de un banco público de tierras y aguas, impulso al relevo generacional en la actividad agraria, y refuerzo a la igualdad de género en el sector agrícola.
Organizaciones como Greenpeace, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, WWF España y SEO/Birdlife han remitido estas propuestas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.