Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, específicamente por su disposición adicional octava. Esta normativa permite autorizaciones excepcionales para el control letal de especies protegidas, como lobos, bajo el argumento de mejorar la eficiencia del sistema productivo. La organización ecologista argumenta que esta medida infringe las Directivas de Aves y Hábitat, socavando la protección de especies amenazadas y contraviniendo principios del Derecho comunitario. Ecologistas en Acción exige la retirada inmediata de esta disposición y un cambio hacia políticas que promuevan la coexistencia responsable entre actividades económicas y biodiversidad.
Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea en relación con la reciente aprobación de la ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. La controversia se centra en la disposición adicional octava de la Ley 1/2025, que permite el control letal de lobos y otras especies depredadoras bajo el argumento de mejorar la “eficiencia del sistema productivo”.
Este añadido a la legislación, que modifica la Ley 42/2007, introduce una justificación para realizar autorizaciones excepcionales a las prohibiciones generales relacionadas con la protección de especies. Sin embargo, según los ecologistas, esta medida infringe las Directivas de Aves y Hábitat, socavando así la protección jurídica de especies amenazadas y vulnerando principios fundamentales del Derecho comunitario.
La disposición adicional octava establece que las medidas para extraer o capturar ejemplares de lobos y otras especies depredadoras se ajustarán a las exigencias para garantizar la conservación de especies autóctonas. Sin embargo, Ecologistas en Acción sostiene que esto permite matar especies protegidas simplemente porque interfieren con intereses productivos.
Según la organización ecologista, esta normativa representa un retroceso significativo en la gestión moderna de conflictos entre fauna y actividades humanas. En lugar de optar por estrategias de coexistencia y prevención de daños, como exige el Derecho europeo, se autoriza la captura y muerte de fauna silvestre para proteger intereses económicos a corto plazo.
Ecologistas en Acción argumenta que esta ley no solo es inadmisible desde una perspectiva ambiental, sino que también contraviene sentencias recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este tribunal ha enfatizado que cualquier control poblacional sobre especies protegidas debe estar respaldado por motivación científica rigurosa y considerar alternativas no letales.
La disposición denunciada permitiría eliminar lobos y otras especies predadoras sin evaluar su estado de conservación ni garantizar métodos alternativos. Esto contradice lo estipulado por el TJUE, que exige que las excepciones sean puntuales y justificadas científicamente.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción ha solicitado a la Comisión Europea abrir un expediente sancionador contra España por mala transposición de las directivas europeas sobre biodiversidad. La organización considera que esta normativa responde a presiones ejercidas por lobbies ganaderos y cinegéticos, violando tanto legislación ambiental como compromisos internacionales relacionados con biodiversidad y transición ecológica.
Finalmente, Ecologistas en Acción demanda la retirada inmediata de la disposición adicional octava y un cambio radical en las políticas agrarias. Abogan por sistemas agroecológicos que promuevan una coexistencia responsable entre actividades económicas como la ganadería extensiva y la fauna silvestre.
Ecologistas en Acción ha denunciado la reciente aprobación de la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, específicamente por su disposición adicional octava, que permite el control letal de lobos y otras especies depredadoras bajo el pretexto de mejorar la “eficiencia del sistema productivo”.
Esta disposición establece que se pueden realizar autorizaciones excepcionales para matar o capturar especies protegidas si se justifica por la eficiencia del sistema productivo, lo cual contraviene las Directivas de Aves y Hábitat de la UE.
La organización ecologista argumenta que esta ley introduce una excepción sin precedentes en el derecho europeo, permitiendo matar especies protegidas simplemente porque interfieren con intereses productivos, lo que vulnera principios básicos del Derecho comunitario y recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ecologistas en Acción ha solicitado a la Comisión Europea abrir un expediente sancionador contra España por la mala transposición de las Directivas europeas de biodiversidad, debido a que incluye una excepción no permitida que socava la protección jurídica de especies amenazadas.
La organización exige la retirada inmediata de la disposición adicional octava y un cambio radical en las políticas agrarias y de biodiversidad, promoviendo sistemas agroecológicos y coexistencia responsable entre actividades económicas como la ganadería extensiva y la fauna silvestre.