Greenpeace propone una solución integral para abordar la pobreza energética y mejorar la habitabilidad de las viviendas en España, que se basa en tres ejes: financiación, asesoramiento y un marco institucional. La organización destaca la necesidad de una política de Estado que garantice el derecho a una vivienda digna, reduzca la factura energética y mejore el confort en el contexto del cambio climático. Se sugiere crear un gran fondo estatal para movilizar recursos públicos y privados, así como establecer oficinas de asesoramiento local para facilitar la rehabilitación de edificios. Greenpeace enfatiza la urgencia de implementar estas medidas ante el aumento de temperaturas extremas que afectan a muchas familias, proponiendo una rehabilitación masiva y accesible para asegurar viviendas sostenibles y eficientes energéticamente.
Greenpeace ha presentado una propuesta que busca abordar la problemática de la eficiencia energética en las viviendas, planteando una estrategia centrada en tres ejes fundamentales: financiación, asesoramiento y un marco institucional. La organización ecologista sostiene que la rehabilitación de edificios debe ser considerada una política de Estado, con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna, reducir las facturas energéticas y disminuir la dependencia del gas, todo ello en el contexto de la lucha contra el cambio climático.
La financiación de esta iniciativa se llevaría a cabo mediante un gran fondo estatal que movilice recursos tanto públicos como privados. Además, Greenpeace propone reformular las subvenciones actualmente perjudiciales para el medio ambiente.
En un momento crítico donde Greenpeace ha denunciado cómo el calor extremo afecta a los hogares españoles, con temperaturas internas que alcanzan hasta 48 ºC, la organización ha instado al Gobierno central a implementar una rehabilitación masiva y urgente. Esta propuesta no solo busca combatir la pobreza energética, sino también asegurar que todas las personas tengan acceso a viviendas dignas y sostenibles.
Consciente de la situación actual, Greenpeace exige al Gobierno que adopte una estrategia nacional a largo plazo para rehabilitar el parque de viviendas. Esta estrategia se fundamentaría en tres pilares esenciales:
María Prado, responsable del Área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace España, subraya que “la vivienda va mucho más allá del simple acceso a un techo”. Asegura que es fundamental contar con viviendas adecuadas que ofrezcan confort sin generar altos costos energéticos ni perjudicar al medio ambiente. La organización enfatiza que es necesario invertir en soluciones habitacionales efectivas para enfrentar tanto la crisis climática como social.
Greenpeace hace un llamado al Gobierno central para priorizar el derecho a una vivienda digna como parte integral de su política estatal. Esto incluye establecer estándares mínimos de habitabilidad y calidad energética en todos los futuros contratos de alquiler y compra-venta, tal como lo sugiere la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD).
Para alcanzar el objetivo propuesto por Greenpeace —multiplicar por diez el ritmo actual de rehabilitación— es crucial aumentar los recursos disponibles. La organización aboga por redireccionar las subvenciones nocivas dirigidas a combustibles fósiles, estimadas en 23.000 millones anuales. Asimismo, plantea un marco institucional sólido que combine inversiones públicas con capital privado y proponga un sistema tributario equitativo que grave las emisiones contaminantes.
A medida que se intensifica la crisis social relacionada con la vivienda, Greenpeace confía en que esto impulse al Gobierno a crear herramientas efectivas para avanzar hacia una mayor justicia social y ambiental.
Greenpeace propone una estrategia de rehabilitación de viviendas basada en tres ejes: financiación, asesoramiento y un marco institucional. Esta estrategia busca asegurar el derecho a una vivienda digna, reducir la factura energética y mejorar el confort en el contexto del cambio climático.
La financiación se llevaría a cabo a través de un gran fondo estatal que movilice recursos públicos y privados, además de reformular subvenciones que actualmente son perjudiciales para el medio ambiente.
El objetivo es garantizar que todas las personas puedan disfrutar de una vivienda digna y sostenible, así como abordar la pobreza energética y contribuir a la lucha contra el cambio climático.
Greenpeace exige al Gobierno que lidere una estrategia nacional a largo plazo para rehabilitar el parque de viviendas, convirtiendo esta acción en una política central del Estado.
Los beneficios incluirían mejoras en la salud y confort de los hogares, reducción de costos energéticos, y un impacto positivo en la justicia social y climática.
La urgencia radica en la crisis social actual relacionada con la vivienda y el aumento de la pobreza energética, especialmente durante los meses de calor.