El resto de fuerzas, a excepción del grupo parlamentario de Cascos que se ha abstenido, se han mostrado muy en contra del mismo, especialmente por quererse tramitar los cambios normativos que proponen como “de urgente necesidad” y por la centralización de competencias autonómicas.
Una vez aprobado, ya por unanimidad, se ha decidido tramitarlo como proyecto de ley, siendo el único de los cuatro decretos que el Gobierno y la bancada que lo respalda ha accedido a poder ser modificado. Los otros tres son de sobra conocidos, el relativo a la reforma de RTVE, el de Educación y el de Sanidad.
Esta única “cesión” que ya está en vigor desde el día 5 de mayo, plantea la modificación de cuatro normativas: Ley de Aguas, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Ley de Residuos y Suelos Contaminados y Ley del Mercado de Valores.
Durante su defensa, el ministro Arias Cañete ha justificado las intenciones del gobierno de mejorar la gestión ambiental española mediante la adaptación de directivas europeas y la reducción de cargas administrativas y de las presiones de protección de las zonas protegidas y favoreciendo el sistema de subastas en derechos de emisiones para cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto.
De la misma forma, el decreto plantea recuperar la competencia sancionadora de la policía hidráulica que vuelve a ser nacional en las confederaciones hidrográficas de cuencas intercomunitarias, incorporando además una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, aprobado por el anterior gobierno, con la cual pretende impedir un nuevo deterioro del acuífero, eso sí, sin perjudicar la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas.
En materia de protección ambiental, se ha modificado la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para coordinar y simplificar las figuras de protección que existen sobre un mismo territorio dentro de la Red Natura 2000, enfatizando sobre la necesidad de compatibilizar el respeto de la misma y las “necesidades” de los municipios que se encuentran dentro de la misma, lo que ha hecho saltar las alarmas de especulación urbanística del principal partido de la oposición.
En materia de residuos, el decreto simplifica el sistema de notificaciones de traslados de residuos para eliminar la necesidad de conseguir permisos notificados en todas las comunidades autónomas por la que los residuos han de pasar, necesitándose a partir de ahora, sólo una, la de la comunidad en la que opera la empresa. Aprovechando también el cambio, para precisar el alcance de los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno.
Todos estos cambios parecen haber conseguido convencer al partido de Rosa Diez, llegando su portavoz incluso a felicitar al gobierno.
Leire Pajin, portavoz de Medio Ambiente del PSOE, no opina lo mismo y ha acusado al Gobierno de no creer en el medio ambiente y poner en peligro a los ciudadanos y a las generaciones futuras, de inutilizar medidas desarrolladas por el anterior gobierno y de intentar retroceder en el tiempo, exigiendo que devuelva el texto al Ejecutivo y se convoque a los agentes sociales implicados.
Considera, además, que el decreto responde a las convicciones ideológicas del gobierno, contradice a la directiva Marco del Agua y pretende relajar la normativa existente, poniendo como ejemplo la revisión del gobierno de la Ley de Protección Natural.
Por su parte, el PNV ha considerado que las medidas invaden competencias ya transferidas y, además, carecen de sentido de la oportunidad o consenso cuando la precipitación no es necesaria.
Un sentimiento similar ha transmitido el portavoz de CiU, que pretende recuperar esas competencias en el ámbito parlamentario, si es que el gobierno lo permite.
Si el PSOE no estaba conforme con las modificaciones, Izquierda Plural, menos, tildándolo de despilfarrador, de falta de ambición, de no incluir instrumentos útiles y, para colmo, de ir en dirección contraria a la de los países más avanzados. Un insulto y una provocación.
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