Según la iniciativa, FEPEX ha denunciado de forma reiterada en los últimos años "prácticas abusivas" por parte de las autoridades marroquíes con relación al cálculo de los aranceles que deberían estar pagando los tomates de dicho país al entrar en la UE.
La Comisión Europea (CE) defendió en abril de 2011 que "no existe fraude ni fracaso sistemático del sistema de control que se aplica a la entrada de tomate marroquí en el mercado comunitario" y que sólo había habido casos aislados.
FEPEX asegura que en octubre de 2011 el exceso de exportaciones alcanzó el 120% de las cuotas establecidas, fijadas en 185.000 toneladas más 28.000 toneladas complementarias con aranceles reducidos entre octubre y mayo.
Además, el tomate marroquí se vende a 0,41 euros/kilo, cinco céntimos por debajo de lo estipulado, lo que también ocurre con otros productos como el calabacín.
Bruselas no quiere saber nada
Esta situación ha sido señalada como "recurrente" por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en "diferentes ocasiones", pero la Comisión Europea ha mantenido en todo momento "la misma actitud pasiva".
UPyD recuerda que el Congreso de los Diputados aprobó en diciembre del año pasado una iniciativa en la que se recuerda que la CE debe responsabilizarse del correcto funcionamiento del sistema de control de contingentes y precios de entrada, y que instaba al Gobierno a asegurar que el mecanismo era aplicado con eficacia.
Por ello propone ahora a la Cámara Baja instar al Ejecutivo a seguir en la misma línea, trasladando a las autoridades comunitarias la "necesidad de revisar las importaciones de los últimos años a fin de evaluar si en ellas se ha producido una pérdida a las arcas comunitarias" y también de evaluar las pérdidas que esta situación ha causado a la economía española y a los agricultores.
La iniciativa exige asimismo que se solicite a Bruselas que "el dinero obtenido por la evaluación y cobro de aranceles no pagados, revierta sobre la agricultura europea de forma que los agricultores sean resarcidos por los daños que la falta de vigilancia comunitaria ha derivado en sus explotaciones".
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