Estas diligencias tienen como objetivo determinar si, con lo que se conoce hasta ahora del asunto, hay algún elemento de relevancia penal y si, de abrirse una investigación sobre el asunto, ésta sería competencia de España.
La apertura de estas diligencias informativas ha sido autorizada por el propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y se encargará de ellas la Fiscalía especial para delitos informáticos, como ha adelantado hoy el diario El Mundo.
Es un delito
"Si se confirmara este espionaje a decenas de miles de personas en nuestro país, estas escuchas serían consideradas actuaciones delictivas. Supondrían un atentado al principio de soberanía y un ataque a las libertades", defiende el portavoz de Jueces Para la Democracia, Joaquim Bosch que en conversación con Público, Bosch ha insistido en que en el caso de que se probasen las escuchas presuntamente practicadas por EEUU a ciudadanos españoles y miembros del Gobierno, estas vulnerarían el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, "lo que encaja con un delito tipificado en el código penal".
Otros Juristas consultados por Público señalan que, de haberse producido estas escuchas, estas constituirían un delito recogido en el artículo 197 del Código Penal, castigado con penas de uno a cuatro años de cárcel.
No continuará
La presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, la demócrata Dianne Feinstein, ha pedido una "revisión total" de los programas de espionaje electrónico de Estados Unidos para conocer en profundidad cómo operan los servicios de inteligencia, afirmando que según la Casa Blanca el espionaje de las comunicaciones de aliados "no continuará".
Feinstein, que desde que se comenzaron a conocer las filtraciones del exanalista Edward Snowden ha sido una de las defensoras de la labor de la NSA, reconoció, tras la revelación de que la agencia espía a líderes extranjeros, que hay detalles del ciberespionaje que no conocen.
"Está claro que ciertas actividades de vigilancia se han llevado a cabo durante más de una década y que el Comité de Inteligencia del Senado no ha sido informado satisfactoriamente", indicaba Feinstein en un comunicado.
En otro comunicado, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Caitlin Hayden, se limitó a asegurar que el presidente Obama ha pedido examinar "si adoptamos una postura apropiada en lo que se refiere a jefes de Estado" o sobre la coordinación con aliados y socios, al tiempo que están revisando el marco que establece las prioridades de inteligencia de Estados Unidos. La revisión prometida por Obama debería estar lista para finales de este año.
Este lunes, el diario El Mundo revelaba que EEUU interceptó 60 millones de comunicaciones en nuestro país -de ser ciertas constituirían un delito penal - en el mismo periodo en que había espiado 70 millones de conversaciones en Francia y otros 46 millones de llamadas en Italia.
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