Empleo está analizando la propuesta que realizó el grupo de expertos que defienden la idea de que el factor de sostenibilidad debe de entrar en vigor lo antes posible, preferiblemente el año que viene.
Este mecanismo, que debería garantizar la salud del sistema de pensiones en el futuro, se estableció en la última reforma, que se aprobó en 2011 y entró en vigor este año y que contemplaba el incremento paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027.
Pero, aunque se contempló entonces, se dejó pendiente su definición. Los expertos lo hicieron y concluyeron que había que desvincular las pensiones de los precios y ligarla al ciclo económico y, por otro lado, encadenar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida. La fórmula empleada supondría la pérdida de poder adquisitivo para todos los futuros pensionistas.
El Ejecutivo presentará su propuesta esta semana
Pero el Gobierno considera que esta postura tan extrema podría perjudicar la débil e incipiente recuperación económica por lo que pretende suavizar esta propuesta.
Y es que en Moncloa vislumbran que la situación económica está cambiando y quieren evitar incendios políticos como el que podría provocar una reforma de las pensiones radical.
La ministra remitirá por ello este lunes a los agentes sociales su propuesta revisada que rebajará las aspiraciones de este grupo de expertos. El Ejecutivo pretende alcanzar un acuerdo con los sindicatos y la patronal para presentar un texto legal que remitirá al Congreso a finales de septiembre.
La ministra Báñez pretende esquivar una nueva huelga general que empañe la incipiente recuperación. Para justificar esta maleabilidad, desde el ministerio recuerdan que el plan de los sabios no era vinculante.
Fuentes gubernamentales admiten que es una propuesta de máximos que deberá ser negociada y consideran que una de los factores que entraran en las negociaciones son los plazos de entrada en vigor del factor de sostenibilidad.
Empleo estudia aplazarlo hasta finales de la próxima legislatura, en 2019, la fecha tope prevista por los expertos, en vez de hacerlo en 2014, cuando pedían los expertos.
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